El laberinto gradualista argentino

PANORAMA

MIGUEL ÁNGEL ROUCO - AGENCIA DYN

BUENOS AIRES.- El nuevo llamado a una moratoria impositiva puso al desnudo la debilidad del esquema gradualista y la sustentabilidad de toda la economía. El nuevo plan de la AFIP se produce meses después de finalizado el blanqueo impositivo que arrió millonarios recursos a las arcas fiscales. Aun así, el monumental gasto público no encuentra freno y se han agotado todos los recursos adicionales disponibles. Mientras el Estado se lleva toda la capacidad de generación de riqueza de empresas y personas, todos los agentes económicos sufren las consecuencias de una política económica que desdeña la actividad económica privada.

El esquema del gradualismo fiscal implementado por la administración del presidente Mauricio Macri no solucionó los graves problemas heredados del régimen kirchnerista.

Tan grave es la situación fiscal que las recomendaciones para aplicar un programa de shock no son sólo ya de los analistas locales sino que también provienen de organismos financieros internacionales y de las agencias calificadoras.

La agencia Standard & Poor’s exhortó al gobierno a aplicar un programa de shock fiscal haciendo hincapié en la eliminación de los subsidios a los servicios públicos. En su informe, recomendó “una política de shock para permitir una reducción del déficit fiscal y facilitar el reajuste del tipo de cambio real, preparando así el terreno para el establecimiento de metas de inflación más creíbles”, y añadió que “el mejor momento para ejecutar este y otros ajustes complementarios de las políticas es inmediatamente después de la elección del 22 de octubre”. También la OCDE, un nucleamiento de países desarrollados al que aspira a ingresar la Argentina, elaboró un crítico informe que generó disgusto y rechazo entre los funcionarios del Palacio de Hacienda. El documento puntualizó sobre los yerros de la política económica. Entre otros, la OCDE señaló que “hay que bajar el déficit fiscal, la inflación, el mínimo no imponible de Ganancias, los gastos de las empresas del Estado y las barreras a la importación”. Respecto del BCRA, el documento considera que “carece de independencia formal y le falta claridad a su mandato, lo que disminuye la efectividad de la política monetaria”.

¿Cómo se llega a esta situación aun cuando el blanqueo dejó en las arcas del Fisco una millonaria cifra? El mismo responsable de la AFIP se encargó de describir la situación: “después de la moratoria hubo empresas que tuvieron un estrés financiero y acumularon deudas y ahora con este plan intentamos darles un oxígeno adicional”, explicó Alberto Abad. Ese “estrés financiero” se reconoce en una morosidad de entre $ 25.000 millones y $ 30.000 millones, detectada en el período junio de 2016 hasta mayo de 2017. El programa fue denominado “Puente Fiscal” porque oficiará de nexo entre los “Planes permanentes” vigentes y un nuevo “Plan Permanente” que entrará en vigencia el 1 de noviembre. Esta descripción pone de relieve la tortuosa situación que viven miles de agentes económicos frente a una presión tributaria asfixiante que ni siquiera alcanza a financiar los gastos del Estado y que obliga no sólo a apelar al endeudamiento externo, sino a recursos adicionales como el blanqueo y estas moratorias que se transforman en esquemas permanentes.

A esta altura, los inversores perciben que el andamiaje diseñado por el gradualismo económico empieza a crujir, comienzan a bajarse de la bicicleta financiera y a dolarizar sus portafolios, antes de que se produzca una salida tumultuosa.

El gobierno ya agotó su programa financiero y a excepción de una colocación de U$S 2.000 millones, prevista en yenes, no tiene más disponibilidad de recursos externos. A esto hay que sumarle que las exportaciones comienzan a reducir el ingreso de divisas tras el pico de la cosecha gruesa.

Los inversores perciben que el camino para Macri será tormentoso y buscan coberturas frente a eventuales riesgos. Los desaciertos del gradualismo son notorios. La escalada de precios no cede, se acelera y el tipo de cambio, después del retraso, se pone a la par de la inflación. Si a los $ 16 que valía el dólar a comienzos de año, se le suma el 12% del aumento de la inflación del primer semestre, se converge en un precio de $ 17,90, muy similar al valor en bancos y casas de cambio y si se le suman 2 puntos más por la inflación de julio se llega a $ 18,20, precio que se pacta en el mercado marginal. De nuevo, postergar los ajustes fiscales puede resultar muy apetente desde la política, pero dura poco tiempo, y lo que no ajusta el gobierno, lo ajusta el mercado. Ya no habrá abundancia de divisas y el tipo de cambio se va a acelerar en este segundo semestre, debido al horizonte electoral.

El Banco Central no va a tener que esforzarse en absorber liquidez adicional pero deberá estar muy atento, a partir de agosto. Podría enfrentar una demanda adicional de pesos, para poder frenar una eventual corrida bancaria, para lo cual debería convalidar una mayor tasa de interés en la renovación de las Lebac, lo que llevaría a tener que poner freno a los estímulos al consumo. De no aplicar eso, el BCRA iría camino a una demanda adicional de divisas que afectaría notoriamente el nivel de reservas, ante una eventual estampida cambiaria.