21 Julio 2017
Algunos hablan de “grieta”. Otros de bandos y facciones. Otros de oportunismo, anarquía y caos. Otros de búsqueda de provechos indebidos. Otros de defraudación y robo. Otros de un revuelo innecesario que terminará afectando el valor de la propiedad. Todas las partes consultadas parecen coincidir en una definición: escándalo. ¿Cuáles serán las palabras que describan con precisión la crisis del barrio privado La Arboleda? Gonzalo Romero Monte, integrante del fideicomiso que desarrolló el emprendimiento, y presidente y administrador del consorcio, dice que hay que esperar a que hablen los jueces y que, por ello y mientras tanto, él hará silencio porque no es su estilo entrar en la descalificación pública. Fabiana Wehbe, vecina y vocera del grupo de propietarios que asumió la administración del country en mayo, asegura que ya está todo dicho y hecho. “Los vecinos no queremos dar más dinero a Romero Monte y estamos decididos a terminar su gestión”, afirma.
Los conflictos intestinos en el proyecto inmobiliario de 430 lotes ubicado en la comuna de San Pablo y Villa Nougués dieron pie a denuncias penales cruzadas y demandas civiles. A instancias de Juan Andrés Robles, abogado de Romero Monte, el juez civil y comercial N°8 de esta capital, Pedro Pérez, decidió provisoriamente que todo siga como estaba hasta la asamblea del 24 de mayo. Es decir, el magistrado repuso en forma cautelar a Romero Monte en la presidencia y administración del consorcio y, luego, nombró a un veedor judicial (por sorteo, esta función recayó en el contador Dante Fabio Arcas).
El 24 de mayo, los propietarios celebraron una asamblea convocada por Romero Monte, quien en agosto de 2016 había renunciado de manera indeclinable a los cargos que ejercía desde 2010. El orden del día fijado por el presidente y administrador saliente disponía que los vecinos debían proponer una terna de reemplazantes al fideicomiso para que este seleccionara al nuevo presidente. Wehbe relata que, una vez constituida, la asamblea se declaró soberana legítimamente; eligió autoridades -Rodrigo Arias fue elegido presidente- por sí misma y les ordenó que tomaran el control inmediato de la administración. Wehbe explica que, como Romero Monte se negó a facilitar el acceso a la oficina, el 1 de junio entraron por sus medios y en presencia de un escribano público. Según indica la vecina, procedieron a inventariar los documentos y bienes que habían encontrado, y optaron por no tocar la caja fuerte.
A la deriva
La gestión encabezada por Arias duró poco, pero lo suficiente para que, según Wehbe, aparecieran facturas personales cargadas a La Arboleda -como consumos por $ 16.000 de un viaje a Chile-; servicios públicos pagados con cheques diferidos y sobreprecios, todos hallazgos que circularon por la autopista rápida de las redes sociales. Romero Monte logró desplazar a Arias y a las demás autoridades elegidas en mayo (Adrián Hermann, Alejandro Posse, René García Vega, Susana Cañazares, Ricardo Audi, Wehbe, Martín Chane, Roberto Colombres, Nicolás Molina y Martín Varela) alegando defectos formales de la asamblea: entre ellos, que habían intervenido y votado propietarios que, por su calidad de morosos, estaban inhabilitados para ello. El juez atendió este argumento. “Existen motivos graves que ponen en peligro a la sociedad en su conjunto, cuya forma de desenvolvimiento y conducción se encuentran a la deriva independientemente del perjuicio que pueda sufrir algún socio en particular. En este caso, corresponde privilegiar el interés general”, expresó Pérez.
Al menos seis motivos
“Romero Monte modificó el reglamento de manera anómala para excluir de la asamblea a los socios morosos, además de aumentar las expensas de $ 1.400 a $ 3.000 entre marzo y diciembre de 2016. Los papeles que presentó a la Justicia son falsos”, dice Wehbe. La vecina autoconvocada aduce que, además de que él mismo dimitió, sobran las motivos para investigar al presidente y administrador repuesto, y a su apoderada, Jacqueline Darelli. Enumera: “1) el fideicomiso que integra no concluyó las obras hídricas, de pavimentación y de infraestructura eléctrica que se había obligado a edificar ni respetó los espacios verdes; 2) el derecho de propiedad está discutido sobre parte de las tierras y, por ello y lo dicho anteriormente, alrededor de 100 vecinos no han podido escriturar; 3) el consorcio no se ajustó al nuevo régimen de propiedad horizontal previsto en el Código Civil y Comercial vigente desde agosto de 2015; 4) la administración carece de transparencia, e incurrió en deudas, y gastos excesivos, irregulares o de índole personal, además de omitir la adecuada rendición de cuentas; 5) el salón cubierto de uso común fue entregado para su explotación comercial a un vecino (Raúl Griet) que lo usufructúa con exclusividad y 6) el alquiler del local mencionado para fiestas somete al barrio a intensos ruidos molestos y disturbios”.
El abogado Robles manifiesta que las acusaciones contra Romero Monte y Darelli son infundadas, y que ello será probado oportunamente (la apoderada fue consultada para esta crónica, pero no hizo comentarios). “Nosotros sólo queremos que se celebre una nueva asamblea que ninguna de las partes en pugna pueda cuestionar, y contratar a una administración profesional y externa. Creemos que sólo así habrá paz en La Arboleda”, manifiesta el letrado. Wehbe duda que así sea: según ella, los problemas recién han comenzado para Romero Monte. Anticipa: “sabemos que aplicó el mismo modus operandi inaceptable de La Arboleda en los emprendimientos Lomalinda, La Baguala y Aquarella, y que, tarde o temprano, allí también estallarán los conflictos”.
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