“Faltaba un acto, eso sí lo reconozco”, admitió Durán

La presencia de trabajadores de la empresa Inca en un sector asignado a otra constructora generó polémica, pero ya se aprobó la cesión

14 Jul 2017
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RESOLUCIÓN. La autorización de la cesión a favor de Inca se firmó el 7 de julio

Las máximas autoridades del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) reconocieron que los trabajadores de Inca S.R.L. no deberían haber estado trabajando en la obra de Manantial Sur. “Faltaba un acto (administrativo), eso sí lo reconozco”, admitió Gustavo Durán, interventor de la repartición.

Sostuvo que se trató de un descuido de la inspectora que tiene a su cargo esa obra, Karina Fernández. “Yo no tengo responsabilidad. Es responsabilidad del inspector”, se excusó el funcionario. Aclaró que estaba convencido que no hubo malas intenciones detrás de lo que consideró como “un descuido” de Fernández. “Insisto en que no fue un error doloso, fue una informalidad”, declaró el interventor. Marán Constructora S.R.L. fue contratada por el Ipvdu para construir 106 viviendas en Manantial Sur. A la empresa se le asignó el Sector B, Grupo 9, para llevar a cabo su tarea. Sin embargo, Panorama Tucumano acudió al lugar específico el 30 de junio y los obreros que se encontraban trabajando aseguraron que pertenecían a Inca y que llevaban trabajando allí unos 60 días.

“No tiene que estar trabajando nadie que no sea la empresa Marán”, confirmó en la entrevista para el programa de TV el director del Área Técnica del instituto, Martín Zamora. Pese a que Durán había dicho, en televisión, que Inca sí tenía la autorización para trabajar en la obra que había sido adjudicada para Marán, la resolución que habilita esa cesión es del 7 de julio (003144). Ese documento desvinculó definitivamente a Marán de la construcción de las viviendas e Inca pasó a ser responsable de la finalización de las casas.

La resolución 003144, por ende, se firmó pasados dos meses de trabajo de Inca sin autorización y luego de las notas que realizó LGTV. Durán explicó que el dictamen tenía efectos retroactivos al 3 de marzo, fecha en que se firmó el contrato de cesión entre las empresas. Sin embargo, reconoció que Inca no debería haber estado trabajando hasta que no se dictase la autorización del Ipvdu. “El inspector no debería haber dejado entrar a trabajar. Debería haber estado al tanto y no permitirlo”, sostuvo Durán.

Pasadas las 20 de ayer, el interventor se comunicó nuevamente con LA GACETA para realizar una aclaración. Según el funcionario, los miembros del área legal de la repartición le aseguraron que no hubo ninguna irregularidad, ya que hasta el momento no se emitieron certificados de obra a favor de Inca. “A la empresa todavía no se le pagó nada, así que no hubo informalidad”, sostuvo Durán.

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