La dura realidad de la informalidad laboral

09 Jul 2017

Una de las problemáticas más compleja, estructural y dolorosa del panorama económico y social del país está vinculada con la informalidad laboral, es decir, a la situación de los asalariados que trabajan “en negro”, que alcanza a alrededor de un tercio de la fuerza laboral (31,9%), sobre una Población Económicamente Activa (PEA) de 18 millones de personas.

Por regiones, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) ha hecho saber que el cuadro tiene estos registros: el empleo “en negro” en la noroeste (NOA) alcanza al 40,3% de la fuerza laboral activa; en el noreste (NEA) afecta al 35,7% de los trabajadores; en el Gran Buenos Aires abarca al 31,5 %; en la región pampeana está en 29,8%; en la Patagonia -la zona con mejor situación en el mercado- cae al 17,5 % y en Cuyo la tasa es de 35,4 %. El relevamiento sobre Tucumán muestra un cierto respiro, con relación a anteriores mediciones, aunque sigue siendo uno de los más altos: bajó del 45,3 % al 44,9 %, en el Gran Tucumán-Tafí Viejo. Como se conoce, los trabajadores “en negro” ganan hasta la mitad de los que prestan servicio “en blanco”, con lo que esa realidad expone una situación de desigualdad social manifiesta, toda vez que, además de ganar menos que sus pares incluidos en la formalidad, esos asalariados no tienen cobertura de protección en los accidentes de trabajo, ni obra social, como tampoco aportes para la jubilación o para una pensión, aun cuando la posibilidad de transformarse en monotributistas les permite acceder a algún tipo de alivio.

Hay informes de consultoras y expertos que advierten que los operarios no registrados cobran por sus servicios en torno a los valores de las escalas salariales más bajas de cada convenio de actividad, que apenas si sirve de referencia, porque -básicamente- ocupan los empleos menos calificados y son los jóvenes y las mujeres los más afectados por este crudo panorama.

Los distintos gobiernos han impulsado varias reformas legislativas con la intención de reducir la informalidad laboral, pero esas iniciativas no han sido lo suficientemente eficaces para resolver el problema. Habría que enfatizar que este cuadro de situación registra una larga y profunda data, a tal punto que se trata de una de las distorsiones económicas de mayor relevancia en la Argentina, muy vinculadas a las recurrencias de las distintas crisis que asolaron el país, a la falta de inversiones, y en muchos casos, al deterioro de los perfiles económicos o su falta de renovación que vienen sosteniendo cada región.

Por caso, en nuestra provincia este panorama está especialmente vinculado al diseño de su propio desarrollo; marcado por las producciones agrícolas-industriales históricas -azúcar, limón-, que tienen una fuerte estacionalidad y a la vigencia de gran cantidad de pequeñas, medianas y hasta microempresas, que por su baja escala, tienen menos capacidades productivas y hasta menos incentivos. Los técnicos agregan otro condimento al fenómeno que lleva a que los empleadores se inclinen por la informalidad: la elevada presión impositiva que se registra en la provincia. Y se conoce, además, que hasta el propio Estado provincial, en sus diferentes jurisdicciones, mantiene trabajadores en situación de precariedad.

Controles insuficientes por parte de las autoridades, regímenes laborales poco atractivos, falta de perspectivas en los proyectos, inestabilidad económica, incertidumbre jurídica, son factores que suman incidencia a un trance que se mantiene por años y que no parece ser lo suficientemente comprendido ni enfrentado por los principales actores políticos, institucionales y sociales.

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