Buenas intenciones, malas conclusiones

El informe preliminar sobre crimen y violencia presentado el martes por el Gobierno nacional ha sembrado desconcierto acerca de lo que sucede en el país en materia de seguridad. Si bien la ministra Patricia Bullrich aprovechó los trazos gruesos del estudio del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) que señalan que disminuyeron un 8% los homicidios en relación a 2015 y que aumentaron los robos (ambas, conclusiones que hay que poner en duda), los funcionarios dejaron entrever que se está trabajando en la recopilación de datos. “Estamos descorriendo el velo sobre la realidad social y económica”, dijo el titular del Indec, Jorge Todesca. Es decir: presentaron un relevamiento estadístico que parece mostrar una disminución de hechos violentos en todo el territorio y afirman que es “un pasito para estar mejor -dijo Bullrich- quizá la gente todavía no lo percibe, pero podemos mostrar con datos que se trabaja todos los días para que haya menos delitos”. Pero al mismo tiempo advierten que estos números son parte de una “encuesta compleja que continúa en proceso de análisis” y que “los resultados definitivos serán presentados en los próximos meses” (Todesca).

Dos informes precarios

Se trata de una tarea que va siendo develada por partes, lo cual les permite mostrar resultados que consideran de alto impacto, más allá de que generen confusión. De hecho, el 4 de abril hubo un primer informe preliminar, entregado a los ministerios de Seguridad de las provincias, que contenía, grosso modo, las cifras expuestas ahora, aunque con la advertencia de que era un “informe provisional sólo a efectos del conocimiento del ministro de Seguridad de la provincia”, a fin de que se pudiera comparar con las cifras de 2014 y 2015 que, se señala, han sido reconstruidas después del apagón estadístico del kirchnerismo desde 2008. Otra advertencia que se hace es que los datos del año 2016 “son todavía muy provisorios, en particular con relación a la tasa de homicidios dolosos”. Ahí aparece una cifra increíble: señala que en 2016 hubo 74 asesinatos y se los compara con los 114 de 2014 y los 86 (¿?) de 2015, pese a que ya se sabe que en el relevamiento que viene haciendo el Centro de Monitoreo Preventivo de Conflictividad Violenta de la Corte Suprema local se ha establecido que en 2014 fueron 114 y en 2015, 105. Este monitoreo, que la Corte ha protegido bajo siete llaves, es considerado una pauta seria en el relevamiento de la violencia.

Cuando se presentó el informe nacional el martes pasado, ya había nuevos datos sobre los homicidios de 2016 en Tucumán: ya no eran 74, sino 92, con la salvedad de que “una noticia basada en una investigación de la Corte Suprema señalaba 119. Respecto a dicha divergencia, el punto de contacto policial en la Provincia de Tucumán aclaró que la Corte estaba contabilizando hechos que no eran homicidios, y que estaban trabajando juntos para solucionarlo”. Es decir que tampoco esa cifra de 92 homicidios es concreta -de hecho, sólo en las publicaciones de LA GACETA se contaron 100 asesinatos en 2016- y la cifra definitiva se conocerá cuando el centro de monitoreo de la Corte entregue su trabajo, entre diciembre de este año y mayo de 2018.

Caos de tránsito

Similares problemas se encuentran en las cifras sobre accidentes de tránsito que, como se sabe, han estado siempre bajo presión de las organizaciones de familiares de víctimas de accidentes, que aseguran que el Estado desde hace 25 años hace poco y nada. Mientras la ONG Luchemos por la vida ha dicho que en Tucumán han aumentado las cifras en los últimos años, el secretario de Transporte, Benjamín Nieva, sostuvo que han ido bajando de los 341 de 2013 a menos de 300 en 2016. Hace dos meses, Carlos Pérez, titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), había dicho que en 2016 hubo 341 víctimas fatales en la provincia (LA GACETA, 13/6), contradiciendo al secretario tucumano. Tanto Pérez como Nieva afirman que la recopilación de datos se hace con criterios precisos y chequeos de informaciones de hospitales. “Desde el inicio de la actual gestión, la ANSV viene denunciando la falta de datos estadísticos fidedignos en materia de siniestralidad vial. Desconocemos de dónde recolecta la información y los datos la asociación Luchemos por la vida” (”La Nación”, 21/2). En el informe estadístico del martes, la SNIC señala que fueron 244 las víctimas fatales de accidentes en 2016 en Tucumán. Casi 100 menos que las declaradas por Pérez

Es decir que el informe preliminar sobre el año pasado es demasiado precario. Sin embargo, ha servido para que tanto el Estado nacional como el provincial hablen de mejora en la seguridad. “Para disminuir los homicidios en la ciudad de Buenos Aires se atacaron los puntos más calientes que nos señaló la estadística anterior”, dijo Eugenio Burzaco, secretario nacional de Seguridad. El secretario local, Paul Hofer, considera que este informe corrobora la política gubernamental. “Hemos reducido de 112 a 105 en 2015 y un 33% los homicidios en ocasión de robo. La tasa total de hechos delictivos disminuyó un 7% de 2014 a 2015”, afirma. El informe nacional lo apoya para 2016, con una disminución del 2% de la tasa de hechos delictivos para 2016. Dice lo mismo con respecto a víctimas de lesiones dolosas, homicidios y lesiones culposas en siniestros viales y violaciones. “Sin embargo, es preciso señalar que la tasa de homicidios en siniestros viales continúa, pese al descenso, en un nivel considerado como epidémico por la OMS. En cambio, la tasa de amenaza no presenta casi ningún cambio. En lo que se refiere a delitos contra la propiedad, tanto el hurto como el robo presentan ligeros aumentos, el 2% y el 4% respectivamente”, agrega.

¿Qué confiabilidad tienen estas cifras, si las de homicidios -que son las que se considera más seguras como para poder hacer estudios criminológicos- están tan manipuladas? A los gobiernos les sirvieron para hacer su marketing. Pero no saben si obtendrán rédito con ello, ya en lo que va de 2017 hubo 69 asesinatos en Tucumán (se trata de hechos publicados en LA GACETA; la cifra real no se conoce pero es probable que sea un poco más alta) y eso indica un elevado nivel de conflictividad violenta... que quedará registrado oficialmente posiblemente en mayo de 2019.

En busca de una salida

Con todo, el precario relevamiento estadístico presentado el martes muestra lo que parece una intención de salir del atolladero de la oscura o nula recolección de datos criminales, que han crecido un 30% en general desde 2008, según señala el SINC, y “alcanzando (un crecimiento del) 128% para las víctimas de homicidios dolosos y el 105% para los robos”. En el informe se destaca que se ha comenzado a controlar y remediar los problemas de relevamiento “aumentando los controles de consistencia interna y externa de los datos, y dialogando con las provincias para que realicen las correcciones pertinentes”, y también se ha empezado a comparar con datos del sistema de Salud. Asimismo, dice que se hace un seguimiento de publicaciones sobre homicidios en los medios de comunicación “a fin de tener una fuente adicional sólo a los efectos del control de los datos, ya que la fuente oficial del sistema siguen siendo las provincias y las fuerzas policiales”. Se ha convocado a expertos, se incluyen delitos ambientales y por tráfico de estupefacientes, portación y tráfico de armas, trata de personas, contrabando, delitos económicos; geolocalización de homicidios e identificación de víctimas, y se ha comenzado a advertir las complicaciones y diferencias que tienen las provincias en cuanto a la recolección de información. Por ejemplo, “en Santiago del Estero ha habido cambios en la forma de registración de violaciones y otros delitos contra la integridad sexual que generan inconsistencia en los datos; ello ha hecho que por ejemplo las violaciones fueran 230 en el 2014, 65 en el 2015 y 100 en el 2016”.

Control manual

El informe advierte la falta de sistemas automatizados e integrados. “Si bien en la mayoría de las provincias tienen un alto nivel de informatización (más del 90%), tres provincias tienen menos del 60% (...) En 18 provincias el control y validación de los datos es manual”. En Tucumán las comisarías no tienen sistema informático ni conexión a internet. Los partes policiales se siguen haciendo en papel y son trasladados manualmente a Tribunales. Al respecto, el secretario Hofer dice que hay un proyecto con el BID “para digitalizar las comunicaciones. Cuesta 800 o 900 millones de pesos”. Primero, dice, “tenemos que poner en condiciones los edificios policiales. Tenemos el problema edilicio pero no tenemos plata”. Ahí se entiende cuán precario es el relevamiento y el procesamiento de datos criminales.

Alta cifra negra

Otra cuestión que ha permitido visibilizar este informe es la enorme cifra negra en materia de delitos. Casi el 70% de la gente no hace la denuncia y eso lo reveló una encuesta de victimización realizada por el Indec en 46.765 casas de localidades con más de 5.000 habitantes en el país.

Mantener este tipo de sondeos permite visibilizar el problema aunque, con la precariedad con que se ha trabajado, en realidad lo que hace es advertir sobre la intención de visibilizarlo. En el estudio del SNIC se dice que “mediante este documento, se espera contribuir a un mayor conocimiento sobre la seguridad en la Argentina; a la realización de políticas basadas en la evidencia; y a una mayor rendición de cuentas, propia de un sociedad democrática”. Se trata de muy buenas intenciones que, hasta ahora, por el apuro político, se traducen en malas conclusiones.