Sería positivo lograr un acuerdo contra las pintadas

03 Jul 2017

Ahora que comienza a tomar cuerpo la campaña electoral para la renovación parcial de diputados y senadores nacionales, que tiene en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) su primera instancia, podría resultar oportuno de implementar un viejo reclamo de la opinión pública y de amplios sectores sociales tucumanos: un acuerdo que permita dejar a salvo de las pintadas callejeras y de la pegatina de afiches publicitarios a los espacios públicos, a los lugares considerados bienes patrimoniales y a sitios de especial importancia urbana e histórica.

Cada tanto, a través de cartas de lectores, de reclamos por las redes sociales y hasta por denuncias concretas efectuadas en nuestra Redacción, se difunden ciertos casos en los que personas vinculadas con agrupaciones y partidos políticos, sindicales o estudiantiles han provocado daños con pinturas o pegatinas, muchas veces de difíciles y costosas reparaciones, a espacios públicos de valor institucional y hasta en casas particulares.

Las crónicas han abundado en señalar esas actitudes irresponsables y dañinas de quienes emprenden prácticamente sin control y sin reparar el daño que generan. Un rápido repaso serviría para recordar que las paredes de la iglesia San Francisco, de la Catedral, de las facultades de Derecho y Ciencias Sociales y Filosofía y Letras, sitios emblemáticos del parque 9 de Julio, los accesos a nuestra ciudad -por caso, la arquitectura del puente Lucas Córdoba, entre otros lugares- han sido objeto de agresiones vinculadas a la propaganda y la comunicación de distintas expresiones políticas, sindicales, estudiantiles, sociales, que alteran la estética y el paisaje urbano y que, por si fuera poco, agrega suciedad y descuido.

Las jurisdicciones municipales, a cargo de velar por el cuidado de los espacios públicos, pero también el gobierno provincial, que tiene la responsabilidad de proteger espacios que son de su competencia, parecen impotentes o desidiosos a la hora de emprender acciones eficaces que logren contener estas prácticas alejadas del civismo y de los valores de ciudadanía.

Se sabe que ciudades y distritos de muchos países han promovido políticas públicas ejemplares de preservación de sus sitios históricos, de determinadas barriadas o viviendas de referencias artísticas, por medio de legislaciones que sancionan duramente el descontrol ciudadano y a la vez, toman recaudos para organizar los cuidados y la vigilancia de esos lugares.

Entonces, no debiera considerarse descabellada la idea que alguna vez ha circulado respecto de avanzar a una especie de “pacto de cuidado y protección” de los espacios y lugares de valor urbanísticos, históricos y tradicionales que involucre, comprometa y obligue a partidos y agrupaciones participantes en la contienda electoral a no intervenirlos por medio de las distintas formas de propaganda de la vía pública, o, en todo caso, a respetar el valor y la conservación de estos sitios, so pena de sufrir una sanción ejemplificadora.

Esa acuerdo bien podría ser considerado como un compromiso institucional de madurez, entendimiento y tolerancia que a la vez podría ser acompañado de una campaña de limpieza y restauración de las paredes embardunadas y enmugrecidas, que testimonian la vigencia de una práctica dañina de expresión, que debiera desterrarse definitivamente.

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