El caso “Más Cerca” podría ser investigado por la Justicia local

Siguen los enredos sobre qué sede judicial es competente para investigar las denuncias de corrupción relativas al “Más Cerca”, plan emblemático de obras públicas del kirchnerismo. La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción local sostuvo que la Justicia provincial debe asumir la pesquisa contra el ex gobernador José Alperovich; el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, y el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, como pretende Nora Elvira Belloni, la funcionaria provincial que pidió recibir el tratamiento de imputada. Antes, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había resuelto que la Justicia Federal de Tucumán era competente, y reenvió las actuaciones iniciadas en 2016 en Comodoro Py al juez Nº1, Daniel Bejas. Ese magistrado debe expedirse sobre el planteo que formuló Belloni para lograr que la primera causa “Más Cerca” (2014) pase al Poder Judicial local: si confirma la posición de la Cámara Nacional, las diferencias de criterio relativas a la competencia serán resueltas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Eudoro Albo y Enrique Pedicone, camaristas locales de apelaciones, dijeron que Bejas debía inhibirse, y remitir el expediente más nuevo al Juzgado de Instrucción Nº5 de esta capital para que, a su vez, esta oficina lo trasladara a la Fiscalía Nº1 que encabeza Mariana Rivadeneira (la vocal Liliana Vitar no votó porque su marido, el fiscal Washington Navarro Dávila -Nº5-, había opinado en favor del planteo de Belloni en un reemplazo de Rivadeneira). Como por pedido del fiscal federal Nº1, Carlos Brito, el juez federal Bejas ya dispuso la acumulación de las causas “Más Cerca” 2014 y 2016, la eventual aceptación de la resolución de Albo y de Pedicone implicaría que todas las denuncias de la senadora Silvia Elías de Pérez (Cambiemos) queden en poder de la Justicia ordinaria provincial. En la sede judicial provincial, la actuación de la Fiscalía debería limitarse a pedir que el juez abra la investigación jurisdiccional contra los funcionarios públicos denunciados o bien el archivo de las actuaciones.

Siempre por iniciativa de Belloni, la Cámara de Apelaciones de la provincia revocó la decisión del juez subrogante Nº5, Víctor Manuel Rougés. Ese magistrado local había dicho que la Justicia provincial era incompetente e “inidónea” para investigar el manejo de fondos del “Más Cerca”. “En el marco del respeto a la obligación constitucional de afianzar la justicia, y de dar cumplimiento con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada en Nueva York, la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de San Miguel de Tucumán resulta claramente inidónea para una investigación de la magnitud y relevancia institucional como la que se procura aprehender”, había dicho Rougés a Belloni el 30 de marzo. El juez provincial Rougés había añadido que la inadmisible dilación en los procedimientos judiciales vinculados con la corrupción en la administración pública perjudicaba al propio investigado, que padece una mácula; a la administración de justicia, que ve impotente el improbable avance de la causa, y a la sociedad toda que con razón refuerza su escepticismo hacia la Justicia y su imperio para hacer cumplir la ley penal.

Antípodas

En los dos meses que duró el trámite de revisión de la decisión de Rougés, la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones dictaminó que aquella era nula y sugirió a la Cámara de Apelaciones notificar las “graves manifestaciones” del juez a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

La propuesta finalmente no fue tratada por Albo y Pedicone, quienes afirmaron que, si bien los cientos de millones de pesos del “Más Cerca” habían provenido del Gobierno nacional, la supuesta alteración de su destino denunciada por Elías de Pérez habría ocurrido en la provincia por designio del Gobierno local. En las antípodas de Rougés, los dos camaristas dijeron el 14 de junio: “desde la óptica de un observador imparcial y en función del carácter de excepción del fuero federal, la elección del juez competente debe corresponder a la jurisdicción provincial, al resultar más conveniente para una eficaz investigación, mayor celeridad y economía procesal”. Albo y Pedicone añadieron que estaban ante la investigación del destino de fondos provenientes de las arcas del Estado nacional, no reintegrables, y que ingresaron y permanecen en el erario de la provincia para el cumplimiento de fines sociales.

A diferencia de la Cámara de Apelaciones local, el fiscal federal Brito opinó que la presunta comisión de delitos habría perjudicado el patrimonio del Estado nacional y que, por ello, la competencia pertenecía a la Justicia Federal de Tucumán como dispuso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal respecto de la causa “Más Cerca” de 2016. Brito pidió a Bejas que rechazara la pretensión de Belloni de llevar la investigación del asunto a la Justicia ordinaria con el argumento diametralmente opuesto al que formularon Albo y Pedicone: dijo que el dinero del “Más Cerca” ingresaba a una cuenta especial, no al erario provincial.

En total y durante la gestión kirchnerista, la provincia recibió alrededor de $ 1.200 millones por el “Más Cerca” para obras en municipios y comunas.