Casación revoca una sentencia relativa a los comicios tucumanos de 2015

Después de un año y medio de discusión sobre la competencia, la Cámara Federal de Casación Penal, tribunal con sede en la capital del país, resolvió que la Justicia Federal de Tucumán investigue las anomalías detectadas en el proceder del Correo Argentino y de Gendarmería Nacional durante las elecciones provinciales de 2015. El fallo revocó la decisión de 2016 de la Cámara Federal de Apelaciones local que había confirmado el envío de la denuncia de los ex candidatos opositores José Cano y Domingo Amaya al Poder Judicial local.

Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, dos de los camaristas de Casación, manifestaron en la resolución emitida ayer que los jueces federales de Tucumán no habían evaluado correctamente la situación de Gendarmería. “La Cámara de Apelaciones sostuvo que no se advertía una afectación a los intereses del Estado Nacional que justificara la intervención de la Justicia Federal. Sin embargo, dicho juicio –a mi entender– no ha sido debidamente fundado a tenor de las constancias del caso”, dijo Borinsky (Hornos adhirió al voto). Los jueces recordaron que personal de Gendarmería -entre ellos Claudio Maley, ex gendarme y hoy subsecretario de Integración Jurisdiccional del Gobierno de Juan Manzur- había sido denunciado por presuntas irregularidades en la vigilancia del local en el que fueron recibidas y custodiadas las urnas.

“La Cámara de Apelaciones soslayó que dicha intervención tuvo lugar en virtud de una decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Nótese que la Junta Electoral requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que autorizara la participación de Gendarmería en las elecciones provinciales y que, en respuesta a dicho pedido, la fuerza fue autorizada a celebrar un convenio de coordinación con la provincia”, dijeron Borinsky y Hornos. El tercer miembro de la Sala IV de Casación, Juan Carlos Gemignani, votó en disidencia: según su criterio, el caso debía ser investigado en la Justicia provincial como dispusieron primero el juez federal N°2 de Tucumán, Fernando Luis Poviña, y, luego, los vocales Ricardo Sanjuán, Marina Cossio y Ernesto Wayar.

“Claro avasallamiento”

Cinco días después de la controvertida elección y en paralelo al pedido de anulación de la votación presentado en los Tribunales ordinarios, Cano y Amaya, ex candidatos respectivos a gobernador y a vicegobernador del Acuerdo para el Bicentenario, interpusieron una denuncia penal en la Justicia Federal. Los hoy ministro coordinador del Plan Belgrano, y secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación solicitar la investigación de las autoridades del Correo Argentino por las supuestas irregularidades halladas en el cómputo provisorio de votos. También denunciaron a funcionarios de la Junta Electoral, a agentes de Gendarmería y al responsable de la firma Info FOJ por las presuntas deficiencias exhibidas en la administración, vigilancia y custodia del inmueble donde estaban las urnas con los sufragios. A esa denuncia se sumaron otras actuaciones relativas a las supuestas anomalías advertidas en la confección de los padrones, como la que articuló Luis Zelaya, ex candidato a comisionado de El Naranjo y El Sunchal.

Desde agosto de 2015 la actividad de la causa se concentró casi con exclusividad en la discusión de la competencia, según dijo el camarista Gemignani. El fiscal federal N°2, Pablo Camuña, dictaminó parcialmente a favor de la competencia de la Justicia Federal de Tucumán, pero el juez Poviña consideró que el expediente completo debía ser remitido a la Justicia provincial, donde tramitaba otro juicio impulsado por Cano y Amaya. En ese ámbito, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo anuló las elecciones, decisión que el 20 de septiembre fue revocada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (desde fines de 2015 el caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

El pronunciamiento de Poviña fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones. A continuación, el fiscal general federal Gustavo Gómez presentó primero un recurso de casación y, luego, una queja directamente ante el tribunal porteño que terminó dándole la razón. Según Gómez, la denuncia que dio origen al proceso muestra un “claro avasallamiento” de intereses e instituciones, como es el fraude electoral, en cuyo resguardo está directamente interesada la Nación Argentina.