Analizan medidas para reducir el déficit operativo de la Acción Social

El comienzo de año, enero en especial, fue atípico para la Acción Social de la UNT, según reconoció su titular, Diego Silvera. El movimiento y la cantidad de prestaciones aumentaron considerablemente respecto de la misma época de años anteriores. Esto podría generar un desequilibrio que todavía están evaluando. Sin embargo, Silvera desestimó cualquier tipo de crisis dentro de la institución que conduce y dijo que esos rumores se harán más fuertes a medida que se acerquen las elecciones universitarias.

“Estamos negociando con los prestadores porque en esta época del año ingresan los pedidos de actualización de aranceles y, además, estamos preparando un informe para presentar ante el Consejo Superior de la UNT”, explicó. Ese órgano colegiado es el que debe controlar el funcionamiento de la obra social universitaria.

Este año, Asunt tendrá que seguir batallando contra el déficit estructural que tiene, tomando medidas concretas. Una de ellas el congelamiento de la planta que trabaja allí. Hasta fines de 2016, el déficit previsto había sido de $13 millones; no obstante, después de algunos ajustes en enero se presentó otro informe que señalaba que el rojo alcanzaría los $6,6 millones.

Lo que más le interesa a la conducción es lograr el acuerdo con el PAMI para compartir algunas prestaciones de afiliados que también aportan a este Programa. Silvera reconoció que los trámites están demorados a partir de la salida del ex titular del PAMI, Carlos Regazzoni, y por la reestructuración interna que están llevando adelante desde la Nación.

“Ojalá que podamos llegar a un acuerdo, ese es para mí el punto más importante porque significaría que un universo grande de afiliados puedan usar una obra social a la que aportan pero no usan. Nosotros, en lugar de ser complementarios cubrimos todo”, reconoció. Pero no solo se trata de lograr un acuerdo, sino de ver la manera para que la burocracia no demore más los trámites de los afiliados.

Otro trámite que está en marcha y que requiere la aprobación del Consejo Superior es la posibilidad de adherir a los beneficios de una obra social sindical (Ley 23.660). Esto le permitiría integrar la nómina de instituciones que reciben ayuda económica para afrontar la obligación de cubrir enfermedades que antes no se tenían en cuenta (obesidad, discapacidad, celiaquía, diabetes, fertilización asistida, cirugías bariátricas y la aplicación del Plan Médico Obligatorio).

“Esto debe pasar por el Consejo porque es una decisión que conlleva otros cambios; por ejemplo, pasaría a estar controlada por la Superintendencia que fiscaliza a las obras sociales y ya no tendría injerencia el Consejo”, ejemplificó Silvera. Sin embargo, cree que esta adhesión no es un paso clave para salir de la crisis que arrastra Asunt. “Puede cubrir un bache, pero no solucionar los problemas crónicos”, advirtió.

La comisión de Hacienda lo citó para que informe sobre la situación de la obra social. Además, el balance 2016 y la ejecución presupuestaria 2017 deberán llegar a la sala del Consejo Superior para que se analice y vote.