02 Mayo 2017
EN CALLE JUNÍN AL 200. Donde hasta 2014 operó la Secretaría de Trabajo, hoy funciona un comercio de ropa. la gaceta / foto de DIEGO ARAOZ
El pago de una deuda millonaria por el alquiler de la ex sede de la Secretaría de Trabajo de la Provincia quedó bajo la lupa del Tribunal de Cuentas (TC).
A través del acuerdo 1.279, dictado el 11 de abril, el organismo de control dio inicio a una comprobación sumaria en la repartición “a los efectos de deslindar y determinar las responsabilidades emergentes” por los incumplimientos contractuales.
Según el informe oficial, entre la deuda, la multa y los intereses, el Gobierno provincial deberá desembolsar $ 5,6 millones, en seis cuotas iguales y consecutivas de $ $ 938.000, por la utilización del inmueble situado en calle Junín 264 durante dos años, fuera de contrato.
El expediente 215-170-G-15 buscaba la autorización para los pagos, fundamentados en los planteos efectuados por el dueño de la propiedad, Ramón Do Campo, a través de su apoderado legal, Pedro Rodolfo Giudice.
La Secretaría de Trabajo funcionó en calle Junín 264 entre 2008 y 2014, poco antes de ser trasladada a su actual sede, en calle Crisóstomo Álvarez 158 (también ocupada por alquiler).
Según el acuerdo 1.279 del TC, en los dos últimos años no se abonó la renta. “El señor Do Campo reclama en su presentación el pago de alquileres adeudados a partir de la fecha de vencimiento del contrato de locación precitado, acaecida el 31 de marzo del 2012, hasta la desocupación del inmueble, en el mes de noviembre de 2014, meses en los que la Secretaría de Estado de Trabajo continuó haciendo uso de las instalaciones, reclamando, además, los daños, multas y demás penalidades contractuales”, consignó el Tribunal de Cuentas.
La repartición estaba por entonces a cargo del ex secretario de Trabajo en la gestión alperovichista, Roberto Jiménez. De todas formas, por requerimiento del Tribunal de Cuentas, quien firmó la planilla con el cálculo del pago por $ 5,6 millones fue su actual titular, el dirigente azucarero Roberto Arnaldo Palina (asumió con la llegada de la gestión del actual mandatario provincial, Juan Manzur, en 2015).
El acuerdo del Tribunal de Cuentas detalla que el monto global está desglosado en: a) $ 960.000 en concepto de alquileres adeudados; b) $ 3,7 millones en concepto de intereses por mora (cifra calculada con un interés del 0,3% diario); c) y $ 960.000 en multa “por ocupación fuera de término, prevista en cláusula 16° del Contrato de Locación suscrito entre las partes”, remarcó el TC.
Sobre la base de la documentación aportada, las autoridades del Tribunal de Cuentas, Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), convalidaron el trámite del pago. Pero añadieron que “con respecto al pago de los rubros ‘intereses por mora’ y ‘multa por ocupación fuera de término’, los mismos involucran aspectos patrimoniales que podrían derivar en la producción de un presunto daño al patrimonio del Estado, por lo que consideramos procedente disponer al sustanciación de una comprobación sumaria en la Secretaría de Trabajo”.
Para evitar mudanzas
Según estimaciones expresadas por legisladores del oficialismo en una sesión reciente, en la que se trató un proyecto para la construcción del Centro Cívico, cada año el Gobierno de la Provincia desembolsa entre $ 40 millones y $ 50 millones en el alquiler de reparticiones oficiales. Así, la deuda por renta de la ex sede de la Secretaría de Trabajo representaría cerca del 10% del total anual que destina la Casa de Gobierno para ese rubro.
En 2015, tras encabezar la última mudanza de esa repartición, el ex secretario Jiménez calificó -en una entrevista con “A las 7”- como “un problema” que Trabajo no cuente con “techo propio”. “Desde la creación de la Secretaría, hace 30 años, creo que se vinieron haciendo por lo menos seis o siete mudanzas. Y eso no es bueno para ninguna repartición, así que es un tema planteado. Creo que el gobernador va a tomar las medidas que hacen falta para que tenga su edificio”, indicó en aquella nota.
Se espera que la Secretaría de Trabajo cuente con su propio despacho en el Centro Cívico, que sería edificado en Los Pocitos, a la vera de la ruta 9. La idea es que en junio del año próximo esté finalizado el anteproyecto ejecutivo de la obra y que en diciembre de 2018 ya esté listo el proyecto final, para que sea licitado durante 2019. Se estima que la inversión total rondará los $ 1.300 millones, por lo que la Provincia debería recurrir a créditos internacionales para afrontar su construcción.
La obra será llevada a cabo por el prestigioso arquitecto tucumano César Pelli, cuyo estudio (ubicado en Nueva York, Estados Unidos) ya rubricó un convenio con la Provincia.
En la sesión del jueves pasado, el bloque oficialista de la Legislatura convalidó el contrato firmado meses atrás por el gobernador Manzur y la firma Pelli-Clarke-Pelli Canada Corporation.
Tras la promulgación de la ley, el Poder Ejecutivo deberá desembolsar U$S 240.000 al estudio en concepto de anticipo y a cuenta de los honorarios por la elaboración del anteproyecto de la obra. Si se toma como parámetro el cambio actual, el monto por ese diseño preliminar alcanzará los $ 3,8 millones. Es decir, $ 100.000 más que los intereses por mora en el pago del alquiler de la ex sede de Trabajo.
A través del acuerdo 1.279, dictado el 11 de abril, el organismo de control dio inicio a una comprobación sumaria en la repartición “a los efectos de deslindar y determinar las responsabilidades emergentes” por los incumplimientos contractuales.
Según el informe oficial, entre la deuda, la multa y los intereses, el Gobierno provincial deberá desembolsar $ 5,6 millones, en seis cuotas iguales y consecutivas de $ $ 938.000, por la utilización del inmueble situado en calle Junín 264 durante dos años, fuera de contrato.
El expediente 215-170-G-15 buscaba la autorización para los pagos, fundamentados en los planteos efectuados por el dueño de la propiedad, Ramón Do Campo, a través de su apoderado legal, Pedro Rodolfo Giudice.
La Secretaría de Trabajo funcionó en calle Junín 264 entre 2008 y 2014, poco antes de ser trasladada a su actual sede, en calle Crisóstomo Álvarez 158 (también ocupada por alquiler).
Según el acuerdo 1.279 del TC, en los dos últimos años no se abonó la renta. “El señor Do Campo reclama en su presentación el pago de alquileres adeudados a partir de la fecha de vencimiento del contrato de locación precitado, acaecida el 31 de marzo del 2012, hasta la desocupación del inmueble, en el mes de noviembre de 2014, meses en los que la Secretaría de Estado de Trabajo continuó haciendo uso de las instalaciones, reclamando, además, los daños, multas y demás penalidades contractuales”, consignó el Tribunal de Cuentas.
La repartición estaba por entonces a cargo del ex secretario de Trabajo en la gestión alperovichista, Roberto Jiménez. De todas formas, por requerimiento del Tribunal de Cuentas, quien firmó la planilla con el cálculo del pago por $ 5,6 millones fue su actual titular, el dirigente azucarero Roberto Arnaldo Palina (asumió con la llegada de la gestión del actual mandatario provincial, Juan Manzur, en 2015).
El acuerdo del Tribunal de Cuentas detalla que el monto global está desglosado en: a) $ 960.000 en concepto de alquileres adeudados; b) $ 3,7 millones en concepto de intereses por mora (cifra calculada con un interés del 0,3% diario); c) y $ 960.000 en multa “por ocupación fuera de término, prevista en cláusula 16° del Contrato de Locación suscrito entre las partes”, remarcó el TC.
Sobre la base de la documentación aportada, las autoridades del Tribunal de Cuentas, Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), convalidaron el trámite del pago. Pero añadieron que “con respecto al pago de los rubros ‘intereses por mora’ y ‘multa por ocupación fuera de término’, los mismos involucran aspectos patrimoniales que podrían derivar en la producción de un presunto daño al patrimonio del Estado, por lo que consideramos procedente disponer al sustanciación de una comprobación sumaria en la Secretaría de Trabajo”.
Para evitar mudanzas
Según estimaciones expresadas por legisladores del oficialismo en una sesión reciente, en la que se trató un proyecto para la construcción del Centro Cívico, cada año el Gobierno de la Provincia desembolsa entre $ 40 millones y $ 50 millones en el alquiler de reparticiones oficiales. Así, la deuda por renta de la ex sede de la Secretaría de Trabajo representaría cerca del 10% del total anual que destina la Casa de Gobierno para ese rubro.
En 2015, tras encabezar la última mudanza de esa repartición, el ex secretario Jiménez calificó -en una entrevista con “A las 7”- como “un problema” que Trabajo no cuente con “techo propio”. “Desde la creación de la Secretaría, hace 30 años, creo que se vinieron haciendo por lo menos seis o siete mudanzas. Y eso no es bueno para ninguna repartición, así que es un tema planteado. Creo que el gobernador va a tomar las medidas que hacen falta para que tenga su edificio”, indicó en aquella nota.
Se espera que la Secretaría de Trabajo cuente con su propio despacho en el Centro Cívico, que sería edificado en Los Pocitos, a la vera de la ruta 9. La idea es que en junio del año próximo esté finalizado el anteproyecto ejecutivo de la obra y que en diciembre de 2018 ya esté listo el proyecto final, para que sea licitado durante 2019. Se estima que la inversión total rondará los $ 1.300 millones, por lo que la Provincia debería recurrir a créditos internacionales para afrontar su construcción.
La obra será llevada a cabo por el prestigioso arquitecto tucumano César Pelli, cuyo estudio (ubicado en Nueva York, Estados Unidos) ya rubricó un convenio con la Provincia.
En la sesión del jueves pasado, el bloque oficialista de la Legislatura convalidó el contrato firmado meses atrás por el gobernador Manzur y la firma Pelli-Clarke-Pelli Canada Corporation.
Tras la promulgación de la ley, el Poder Ejecutivo deberá desembolsar U$S 240.000 al estudio en concepto de anticipo y a cuenta de los honorarios por la elaboración del anteproyecto de la obra. Si se toma como parámetro el cambio actual, el monto por ese diseño preliminar alcanzará los $ 3,8 millones. Es decir, $ 100.000 más que los intereses por mora en el pago del alquiler de la ex sede de Trabajo.
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