11 Enero 2017
La pista de la investigación sobre una presunta evasión tributaria cometida con gastos sociales legislativos se perdió en octubre, cuando el caso subió a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Desde entonces, un fiscal de Instrucción, Claudio Bonari (N°2), y un camarista en lo contencioso administrativo, Rodolfo Novillo, intentaron en vano y por su cuenta acceder a información sobre ese proceso penal. Ernesto Wayar, vocal de la Cámara Federal y a la sazón su presidente, dijo a uno y a otro que no podía dar acceso al expediente.
Según pudo averiguar este diario, Wayar alegó el carácter reservado de las actuaciones. “Está vedado proporcionar las fotocopias solicitadas en virtud de lo establecido imperativamente por el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación”, manifestó el juez. Ese artículo regula el grado de publicidad de la causa; dispone la forma y el modo de la declaración del secreto de sumario, y estatuye que este es siempre confidencial para los extraños.
La pesquisa de una supuesta evasión impositiva llegó a la Cámara como consecuencia del recurso de apelación que presentó el fiscal federal Carlos Brito (N°1) contra una resolución del juez federal N°1, Daniel Bejas. Integran ese tribunal, además de Wayar, los jueces Ricardo Sanjuán y Marina Cossio. Brito había impugnado la decisión de Bejas que concedió el carácter de parte del expediente a la Legislatura. Julio Silman (PJ), presidente subrogrante de esa institución, se había presentado en el caso para formular objeciones procesales justo cuando el fiscal exigía al vicegobernador Osvaldo Jaldo la entrega de los recibos de los gastos sociales de 2015. Brito pidió dos veces los papeles; Jaldo solicitó una prórroga de 10 días hábiles y, en ese ínterin, Silman requirió la intervención exclusiva de Bejas y la suspensión de los plazos.
El origen de la causa relacionada a la presunta evasión de impuestos se remonta a una denuncia interpuesta por el peronista disidente Oscar López. Previamente Bejas había descartado la competencia federal en un proceso iniciado de oficio por el fiscal federal general Gustavo Gómez luego de que este diario publicara que el dinero supuestamente destinado a las erogaciones discrecionales llamadas gastos sociales era trasladado en valijas. Ya en el ámbito de la Justicia provincial, el expediente que había generado Gómez desembocó en la Fiscalía de Instrucción N°5, que encabeza Washington Navarro Dávila, y fue acumulado con otra denuncia de López.
Diez meses después de la divulgación de las maletas legislativas, Navarro Dávila archivó el proceso. De inmediato, su jefe, Edmundo Jiménez, resolvió el desarchivo y giró el expediente a Bonari, quien, entre otras medidas, pidió la información a Wayar.
Por cuerda separada corren al menos tres juicios relativos a los gastos sociales radicados en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En “Brodersen”, uno de esos pleitos, Novillo y el vocal Carlos Giovanniello exigieron la entrega de los recibos de los posibles subsidios. Hasta tanto ello suceda, Novillo dictó la cautelar que coloca los papeles al cuidado de Jaldo, pero tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo devolvieron la medida esgrimiendo un vicio de forma (se informa por separado).
Según pudo averiguar este diario, Wayar alegó el carácter reservado de las actuaciones. “Está vedado proporcionar las fotocopias solicitadas en virtud de lo establecido imperativamente por el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación”, manifestó el juez. Ese artículo regula el grado de publicidad de la causa; dispone la forma y el modo de la declaración del secreto de sumario, y estatuye que este es siempre confidencial para los extraños.
La pesquisa de una supuesta evasión impositiva llegó a la Cámara como consecuencia del recurso de apelación que presentó el fiscal federal Carlos Brito (N°1) contra una resolución del juez federal N°1, Daniel Bejas. Integran ese tribunal, además de Wayar, los jueces Ricardo Sanjuán y Marina Cossio. Brito había impugnado la decisión de Bejas que concedió el carácter de parte del expediente a la Legislatura. Julio Silman (PJ), presidente subrogrante de esa institución, se había presentado en el caso para formular objeciones procesales justo cuando el fiscal exigía al vicegobernador Osvaldo Jaldo la entrega de los recibos de los gastos sociales de 2015. Brito pidió dos veces los papeles; Jaldo solicitó una prórroga de 10 días hábiles y, en ese ínterin, Silman requirió la intervención exclusiva de Bejas y la suspensión de los plazos.
El origen de la causa relacionada a la presunta evasión de impuestos se remonta a una denuncia interpuesta por el peronista disidente Oscar López. Previamente Bejas había descartado la competencia federal en un proceso iniciado de oficio por el fiscal federal general Gustavo Gómez luego de que este diario publicara que el dinero supuestamente destinado a las erogaciones discrecionales llamadas gastos sociales era trasladado en valijas. Ya en el ámbito de la Justicia provincial, el expediente que había generado Gómez desembocó en la Fiscalía de Instrucción N°5, que encabeza Washington Navarro Dávila, y fue acumulado con otra denuncia de López.
Diez meses después de la divulgación de las maletas legislativas, Navarro Dávila archivó el proceso. De inmediato, su jefe, Edmundo Jiménez, resolvió el desarchivo y giró el expediente a Bonari, quien, entre otras medidas, pidió la información a Wayar.
Por cuerda separada corren al menos tres juicios relativos a los gastos sociales radicados en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En “Brodersen”, uno de esos pleitos, Novillo y el vocal Carlos Giovanniello exigieron la entrega de los recibos de los posibles subsidios. Hasta tanto ello suceda, Novillo dictó la cautelar que coloca los papeles al cuidado de Jaldo, pero tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo devolvieron la medida esgrimiendo un vicio de forma (se informa por separado).
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