Opositores afirman que, con el Jury, se perseguirá a jueces

La batería de proyectos de ley con controvertidas reformas al Poder Judicial fue aprobada ayer por impulso del bloque oficialista Tucumán Crece, en medio de reclamos de la oposición por una supuesta persecución contra magistrados que no serían “afines” al Gobierno provincial.

La bancada mayoritaria defendió la creación de juzgados de primera instancia en los fueros laboral y administrativo, alegando que permitirán mejorar el servicio de justicia en esos ámbitos. Además, se argumentó que es necesaria la suspensión automática de magistrados y funcionarios, en caso de que la comisión de Juicio Político le dé curso a un pedido de remoción y el expediente llegue al Jurado (o Jury) de Enjuiciamiento, ya que ese órgano interpoderes no ha podido avanzar en ningún proceso de remoción desde su creación.

El oficialista Marcelo Caponio, autor de las tres propuestas tratadas en conjunto, consideró que los tribunales provinciales tienen “un problema grave: la celeridad”. Aseguró que, para posibilitar sentencias más inmediatas y garantizar la “doble instancia” de revisión de las causas, era fundamental la creación de 12 juzgados de primera instancia en el fuero laboral y de otros seis en el contencioso administrativo. Caponio defendió luego la suspensión automática de funcionarios y de magistrados, en caso de que las acusaciones lleguen al Jury. “No queremos perseguir a nadie, sino que este instituto tenga por fin el funcionamiento adecuado”, dijo.

El radical José Canelada objetó que los proyectos en cuestión hayan obtenido dictamen en pocas horas. Y aseguró que la suspensión automática es “inconstitucional”. “Hay causas que parecen no ser cómodas para el oficialismo”, señaló, en alusión al fuero contencioso. Su “correligionario” Eudoro Aráoz fue más directo. “Esta ley tiene nombre y apellido: Rodolfo Novillo, Carlos Giovanniello, (Ebe) López Piossek. Sería mucho más fácil que se muestre la documentación por los millonarios gastos sociales de 2015 que andar amedrentando a los jueces de Tucumán”, reclamó Aráoz. El radical Fernando Valdez, en tanto, consideró “raro” que un proyecto de tal importancia se tratara en la última sesión del año. “¿Por qué la urgencia?”, protestó.

La oposición votó en contra de la creación de los juzgados de primera instancia en los dos fueros específicos. El peronismo disidente acompañó lo referido a la suspensión de magistrados.

Vuelta a comisión 
La división del Ministerio Público fiscal y de la defensa será tratada el año que viene
El martes al mediodía, menos de 24 horas antes de la sesión de ayer, el oficialismo le dio un ágil dictamen al proyecto para dividir el ministro público fiscal del ministerio público de la defensa. Los opositores José María Canelada (UCR) y Stella Maris Córdoba, del peronismo disidente, se quejaron a viva voz en el recinto porque la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Marcelo Caponio, había alistado esa iniciativa en menos de “10 minutos”. A ellos se sumaron otras voces que pidieron la vuelta a comisión de la iniciativa, para que fuera abordada también por el grupo de trabajo de Justicia y Seguridad. El oficialismo finalmente le dio el visto bueno a esa alternativa, y el proyecto, que tendrá un impacto directo en el área que conduce el ministro fiscal Edmundo Jiménez, pasará al año próximo.

Firma electrónica
Las notificaciones judiciales por medios digitales tendrán valor probatorio
La Legislatura aprobó ayer una ley que otorgó “plena eficacia jurídica y valor probatorio a las notificaciones judiciales realizadas por medios digitales”. “Se modificará el Código Civil y Comercial Provincial con respecto a la constitución de domicilio judicial y de notificaciones en oficinas. Se plantea la modificación de la Ley de Casilleros, estableciendo la obligatoriedad de todo letrado que litigue en Tucumán (tenga) un domicilio electrónico confirmado para recibir válidamente todas las notificaciones en formato digital”, señaló la secretaria del bloque oficialista Tucumán Crece, Nancy Bulacio. Aseguró que el software utilizado por el Poder Judicial permitirá otras alternativas. Por ejemplo, en la fase final de su implementación, se podrá “lograr el almacenamiento de la totalidad de los documentos de un expediente convencional”. “Vemos la constante necesidad que representa efectivizar el funcionamiento de la Justicia adoptando adelantos tecnológicos”, señaló Bulacio. Además, se incorporó la firma digital o electrónica para escritos y pericias.