14 Noviembre 2016
CONTROL. El Tribunal de Cuentas supervisa la administración pública. la gaceta / foto de josé nuno
Dos controles sorpresivos del Tribunal de Cuentas (TC) sobre procesos de contratación directa efectuados por los Ministerios de Economía y del Interior revelaron la presunta adulteración de pliegos que habían sido elevados por empresas invitadas a participar de cotejos de precios.
Debido a las irregularidades detectadas, el ente de contralor resolvió la apertura de una comprobación sumaria en cada repartición, además del envío de los expedientes a la Fiscalía de Instrucción de turno.
Aire acondicionado
El miércoles pasado, el TC dictó el acuerdo 3.823, firmado por Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), en el que dispuso la apertura de una comprobación sumaria en la Dirección de Asistencia Técnica General del Ministerio de Economía. El Tribunal llegó a esa decisión gracias a la información obtenida por los contadores fiscales, quienes llevaron a cabo un acta de constatación sobre el cotejo de precios previo a la contratación de una empresa para la reparación de dos aires acondicionados.
Según le explicó a LA GACETA el ministro Eduardo Garvich, se trató de un procedimiento efectuado íntegramente por la Dirección de Asistencia Técnica, dado que el monto en cuestión por el arreglo de los equipos de refrigeración no llegaba a $ 5.000.
El acuerdo 3.823 indica que se les consultó a empresas invitadas al cotejo de precios sobre la documentación que habían presentado. Así, le exhibieron unos presupuestos que constaban en el expediente al titular de la firma “Servi Clima”. El empresario, según el informe del TC, sostuvo que los papeles no se correspondían con los elaborados por su compañía; tampoco su rúbrica ni el logo de “Servi Clima”. Además, el número de celular consignado no era el suyo.
“Las irregularidades detectadas con relación a la presunta adulteración de la propuesta económica presentada por el proveedor (...) adquieren una entidad suficiente que nos lleva a la conclusión de una potencial lesión de orden patrimonial al erario”, indicó el TC. Añadió que la situación detectada además “contraría el orden administrativo y el principio de legalidad y transparencia que debe contener todo procedimiento de selección de un contratista estatal”.
El órgano de contralor designó instructor de la comprobación sumaria al abogado fiscal Patricio Balardini, quien debería elevar en 60 días su informe sobre lo ocurrido en la Dirección de Asistencia Técnica de Economía.
El TC añadió: “en modo alguno debemos soslayar que la irregularidad administrativa verificada se traduce en una probable comisión del delito de falsificación de documentos, previsto en (...) el Código Penal”. Y mencionó doctrina referida a la obligación de los funcionarios públicos de denunciar cualquier supuesto ilícito que llegaran a conocer en el ejercicio de sus funciones. Por ello, se remitieron copias del caso al fuero penal de la Justicia provincial.
“Me parece correcto que el TC controle; nos ayuda a mantener la transparencia y la corrección en los procedimientos”, señaló Garvich. Destacó luego que el importe en cuestión (serían unos $ 3.000) no tiene impacto en las finanzas provinciales, aunque anticipó que averiguará “qué es lo que ha pasado” . “El personal (de la repartición cuestionada) viene trabajando con mucha corrección durante años”, añadió.
Alquiler de automóvil
También el miércoles pasado, el Tribunal de Cuentas firmó el acuerdo 3.825, referido a una contratación directa efectuada por la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control de Gestión del Ministerio del Interior.
En este caso, se convocó a las empresas que supuestamente habían sido invitadas por la repartición para el alquiler “por término de tres meses de un vehículo con chofer full time, con kilometraje libre”. Se escogió la oferta de un Fiat Siena modelo 2008 por $ 58.500 ($ 19.500 por mes).
Las anomalías surgieron cuando se consultó a las empresas no seleccionadas.
Según el acuerdo 3.825, autoridades de “Travel Service SRL” desconocieron la firma estampada en el pliego y destacaron que “el presupuesto fue adulterado o no corresponde con el que fue entregado”. Además, ese documento “presenta sobrescritos no salvados” con respecto a la fecha y el vehículo ofrecido. También sobre la tarifa: “se indica de manera imprecisa la suma de $ 17.200 mensuales, siendo tachada la cifra con un bolígrafo y sobrescrito el número $ 20.200”.
El TC, al igual que en el caso del Ministerio de Economía, inició una comprobación sumaria (también a cargo de Baladrini) y puso en conocimiento a la Justicia penal por la posible comisión de un delito. Desde el Ministerio del Interior, a cargo de Miguel Acevedo, se le indicó a LA GACETA que el viernes hubo una reunión por el tema en la repartición, aunque no se brindaron detalles.
Debido a las irregularidades detectadas, el ente de contralor resolvió la apertura de una comprobación sumaria en cada repartición, además del envío de los expedientes a la Fiscalía de Instrucción de turno.
Aire acondicionado
El miércoles pasado, el TC dictó el acuerdo 3.823, firmado por Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), en el que dispuso la apertura de una comprobación sumaria en la Dirección de Asistencia Técnica General del Ministerio de Economía. El Tribunal llegó a esa decisión gracias a la información obtenida por los contadores fiscales, quienes llevaron a cabo un acta de constatación sobre el cotejo de precios previo a la contratación de una empresa para la reparación de dos aires acondicionados.
Según le explicó a LA GACETA el ministro Eduardo Garvich, se trató de un procedimiento efectuado íntegramente por la Dirección de Asistencia Técnica, dado que el monto en cuestión por el arreglo de los equipos de refrigeración no llegaba a $ 5.000.
El acuerdo 3.823 indica que se les consultó a empresas invitadas al cotejo de precios sobre la documentación que habían presentado. Así, le exhibieron unos presupuestos que constaban en el expediente al titular de la firma “Servi Clima”. El empresario, según el informe del TC, sostuvo que los papeles no se correspondían con los elaborados por su compañía; tampoco su rúbrica ni el logo de “Servi Clima”. Además, el número de celular consignado no era el suyo.
“Las irregularidades detectadas con relación a la presunta adulteración de la propuesta económica presentada por el proveedor (...) adquieren una entidad suficiente que nos lleva a la conclusión de una potencial lesión de orden patrimonial al erario”, indicó el TC. Añadió que la situación detectada además “contraría el orden administrativo y el principio de legalidad y transparencia que debe contener todo procedimiento de selección de un contratista estatal”.
El órgano de contralor designó instructor de la comprobación sumaria al abogado fiscal Patricio Balardini, quien debería elevar en 60 días su informe sobre lo ocurrido en la Dirección de Asistencia Técnica de Economía.
El TC añadió: “en modo alguno debemos soslayar que la irregularidad administrativa verificada se traduce en una probable comisión del delito de falsificación de documentos, previsto en (...) el Código Penal”. Y mencionó doctrina referida a la obligación de los funcionarios públicos de denunciar cualquier supuesto ilícito que llegaran a conocer en el ejercicio de sus funciones. Por ello, se remitieron copias del caso al fuero penal de la Justicia provincial.
“Me parece correcto que el TC controle; nos ayuda a mantener la transparencia y la corrección en los procedimientos”, señaló Garvich. Destacó luego que el importe en cuestión (serían unos $ 3.000) no tiene impacto en las finanzas provinciales, aunque anticipó que averiguará “qué es lo que ha pasado” . “El personal (de la repartición cuestionada) viene trabajando con mucha corrección durante años”, añadió.
Alquiler de automóvil
También el miércoles pasado, el Tribunal de Cuentas firmó el acuerdo 3.825, referido a una contratación directa efectuada por la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control de Gestión del Ministerio del Interior.
En este caso, se convocó a las empresas que supuestamente habían sido invitadas por la repartición para el alquiler “por término de tres meses de un vehículo con chofer full time, con kilometraje libre”. Se escogió la oferta de un Fiat Siena modelo 2008 por $ 58.500 ($ 19.500 por mes).
Las anomalías surgieron cuando se consultó a las empresas no seleccionadas.
Según el acuerdo 3.825, autoridades de “Travel Service SRL” desconocieron la firma estampada en el pliego y destacaron que “el presupuesto fue adulterado o no corresponde con el que fue entregado”. Además, ese documento “presenta sobrescritos no salvados” con respecto a la fecha y el vehículo ofrecido. También sobre la tarifa: “se indica de manera imprecisa la suma de $ 17.200 mensuales, siendo tachada la cifra con un bolígrafo y sobrescrito el número $ 20.200”.
El TC, al igual que en el caso del Ministerio de Economía, inició una comprobación sumaria (también a cargo de Baladrini) y puso en conocimiento a la Justicia penal por la posible comisión de un delito. Desde el Ministerio del Interior, a cargo de Miguel Acevedo, se le indicó a LA GACETA que el viernes hubo una reunión por el tema en la repartición, aunque no se brindaron detalles.
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