24 Octubre 2016
Hace una semana, los miembros de la Comisión de Hacienda del Consejo Superior resolvieron no aprobar el balance 2015 de la UNT. Expusieron los motivos en un dictamen que iba a ser tratado mañana en la sesión del Consejo Superior. Allí solicitaban al cuerpo que no aprobara este recuento contable por las irregularidades que presentaba, las cuales ya habían sido expuestas en un informe de la Unidad de Auditoría Interna (UAI).
Pero el viernes se dieron con la noticia de que ese punto había sido eliminado del orden del día. Según confiaron algunos consejeros superiores, esto generó mucho malestar, por lo que adelantaron que hoy en la reunión de la comisión se discutirá eso.
Según publicó LA GACETA el miércoles, el balance había sido observado por auditoría por la falta de registro de los gastos de varias unidades académicas y secretarías. Además, por “vales de caja” del Rectorado que superaban los $ 3,8 millones, pero de los cuales no habían quedado constancia. También el registro de los movimientos de fondos realizados por la ex Secretaría de Proyectos Nacionales de Inclusión y Desarrollo, que manejaban miembros de La Cámpora durante los últimos años de la gestión kirchnerista.
Pero, además, el informe advertía que a la fecha había excesiva documentación pendiente de rendir, como los $70 millones de la Dirección de Construcciones Universitarias (por la que hay una causa judicial en trámite); más de $ 2,5 millones de Residencias Universitarias; más de $1,3 millón de la facultad de Bioquímica y $ 3,3 millones de la Secretaría de Ciencia y Técnica.
Pero el viernes se dieron con la noticia de que ese punto había sido eliminado del orden del día. Según confiaron algunos consejeros superiores, esto generó mucho malestar, por lo que adelantaron que hoy en la reunión de la comisión se discutirá eso.
Según publicó LA GACETA el miércoles, el balance había sido observado por auditoría por la falta de registro de los gastos de varias unidades académicas y secretarías. Además, por “vales de caja” del Rectorado que superaban los $ 3,8 millones, pero de los cuales no habían quedado constancia. También el registro de los movimientos de fondos realizados por la ex Secretaría de Proyectos Nacionales de Inclusión y Desarrollo, que manejaban miembros de La Cámpora durante los últimos años de la gestión kirchnerista.
Pero, además, el informe advertía que a la fecha había excesiva documentación pendiente de rendir, como los $70 millones de la Dirección de Construcciones Universitarias (por la que hay una causa judicial en trámite); más de $ 2,5 millones de Residencias Universitarias; más de $1,3 millón de la facultad de Bioquímica y $ 3,3 millones de la Secretaría de Ciencia y Técnica.
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