La Provincia justificó que tres entes continúen intervenidos

La Provincia justificó que tres entes continúen intervenidos

Un legislador tramita un caso por la regularización del IPLA, el IPV y el Subsidio de Salud. “Confiamos en que la Justicia termine con ese atropello institucional del PE”, afirmó el macrista Colombres Garmendia.

EN FUNCIONAMIENTO. El Subsdio de Salud, que efectúa decenas de trámites por día, lleva 25 años intervenido. la gaceta / foto de josé nuno EN FUNCIONAMIENTO. El Subsdio de Salud, que efectúa decenas de trámites por día, lleva 25 años intervenido. la gaceta / foto de josé nuno
24 Octubre 2016
Tras un año y medio de trámites en el juicio que inició contra la Provincia, el legislador macrista Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos) cuestionó la postura del gobernador, Juan Luis Manzur, de incumplir “con su promesa” de regularizar el funcionamiento de tres de los entes autárquicos intervenidos: el Instituto Provincial de Luchas contra el Alcoholismo (IPLA), el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSS, conocido como Subsidio de Salud).

El legislador opositor le entregó a LA GACETA copias de la reciente contestación de la Provincia a la acción de amparo colectiva iniciada en marzo de 2015 ante la Sala II del fuero Contencioso Administrativo, que integran los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello.

En el descargo, firmado por el abogado de la Fiscalía de Estado, Juan Pablo Stein, la Casa de Gobierno negó haber hecho un uso “excesivo e irracional” de la figura de la intervención, a pesar de que el Ipvdu y el Subsidio llevan 25 años bajo esa modalidad de gestión, y el IPLA, 16. “La revisión judicial de los actos dictados por el PE y sus entes subordinados sólo procederá cuando haya existido alguna violación normativa que ubique tales efectos fuera de lo establecido en el ordenamiento jurídico”, redactó Stein. Y agregó en el escrito que “la intervención del IPLA, del Ipvdu y del IPSS (Subsidio de Salud) constituye no sólo una potestad del PE, sino que ella se encuentra dentro de los límites de lo que en doctrina se denomina la ‘zona de reserva de la administración’, ajena a la potestad jurisdiccional del Poder Judicial”.

Cuestionamientos

“El gobierno tucumano sigue con las mismas mañas y vicios de (el ex gobernador, José) Alperovich”, apuntó Colombres Garmendia. En 2012, el macrista había presentado un proyecto de ley que preveía la normalización de los cinco entes autárquicos intervenidos: el Ipvdu, el IPLA, el Subsidio de Salud, la Caja Popular de Ahorros (CPA) y el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym). Ante la falta de tratamiento por parte del oficialismo de la iniciativa, el opositor concurrió en 2015 a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Asesorado por sus abogados, Alfredo Terán de Zavalía y Paulina Danesi, el dirigente del PRO planteó una acción de amparo contra el Gobierno provincial “para que ordene la regularización inmediata de los entes autárquicos y el cese de sus correspondientes intervenciones”. “La intervención es un remedio excepcional y transitorio, que sólo debe ser usado en circunstancias graves y por un período de tiempo limitado. El PE ha hecho claramente un uso y abuso de su facultad de intervención y ha demostrado, a todas luces, que no tiene en absoluto la voluntad de regularizar el funcionamiento de tales entes autárquicos”, indicó en la demanda. Y advirtió que, en rigor, los directores de esos organismos deberían ser designados con acuerdo de la Legislatura.

El abogado Stein defendió el funcionamiento de esos entes provinciales, negó que el régimen de administración afecte o lesione los derechos de los usuarios de esos servicios estatales y objetó la legitimidad de Colombres Garmendia para actuar en representación de un colectivo.

“En lo operativo y lo funcional, el IPLA, encontrándose bajo la figura de una intervención administrativa, no sólo cumple con sus objetivos y funciones esenciales asignados por las leyes (…), sino que además en los últimos años ha ampliado considerablemente su espectro de actividades, fortaleciendo los controles con las tareas de prevención”, remarcó el letrado. Sobre el Ipvdu, agregó: “el ente ha realizado, y continúa haciéndolo, gran cantidad de obras tendientes a cumplir con los fines con que fue creado”. Luego, formuló un repaso histórico sobre el funcionamiento del Subsidio.

“El nombramiento del interventor es un acto administrativo, siendo su dictado facultad privativa del gobernador”, añadió el representante legal de la Provincia en esta causa.

Colombres Garmendia cuestionó la contestación oficial. De hecho, consideró que está casi todo dado para que el tribunal dicte sentencia. “No deja de sorprender que el Gobierno se siga oponiendo a normalizar la situación en la que se encuentran estos organismos, dando como único argumento que los mismos están funcionando ‘bien’ en el marco actual de su organización. Justamente, el hecho de que su funcionamiento es el correcto, debe ser el motivo para lograr el cese de las intervenciones”, indicó el macrista. Y advirtió: “confiábamos en que este nuevo gobierno iba a cumplir con su promesa de mejorar la calidad institucional de la Provincia, lamentablemente, vemos que pretende seguir con las mismas mañas y vicios heredadas de Alperovich”.

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