El Gobierno deberá pagar $20 millones por una obra que no se hizo

Elías de Pérez acusa de defraudación al Estado al ex ministro de Economía Jiménez Nuevo capítulo de la polémica por la estación eléctrica Ayacucho. “No tengo nada que ocultar”, se defendió el funcionario

14 Oct 2016
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PINTADAS. Las protestas vecinales alcanzaron su cénit en 2013, cuando finalmente se suspendió la construcción de la Estación Transformadora. la gaceta / foto de JORGE OLMOS SGROSSO (archivo)

La senadora Silvia Elías de Pérez acudió a la Justicia por la suspendida obra de la Estación Transformadora Ayacucho. La radical denunció a dos funcionarios alperovichistas por defraudación a la Provincia: Jorge Jiménez, ex ministro de Economía; y Sergio Sánchez, ex director de Industria y Energía. La demanda es por el pago de casi $ 20 millones para obras civiles ejecutadas y materiales comprados para la planta de energía trunca. Aseguraron que el monto sería mayor, debido a que toma valores de materiales importados cotizados con un dólar a $ 3,95 y un euro a $ 5,30, correspondientes a 2010.

Tanto Jiménez como Sánchez se enteraron de la presentación cuando LA GACETA les consultó por las supuestas irregularidades que se les sindican. “Será la Justicia la que dirá si hubo alguna irregularidad; me haré cargo pero no hay nada”, se defendió el ex ministro de Economía durante las tres gobernaciones de José Alperovich (2003-2015). “No conozco la denuncia. El lunes estaré en la Justicia y me pondré a disposición de lo que requiera el fiscal”, acotó Sánchez, ahora titular del Ersept (ente de control de servicios públicos).

El escrito, presentado hace un mes a la Fiscalía de la IV nominación y a cargo de Diego López Ávila, alerta sobre el presunto daño que sufrió la Provincia por el convenio firmado entre el Gobierno y EDET, donde se acordó el pago de dinero por trabajos y materiales aportados para llevar a cabo una obra pública que “jamás se ejecutó”.

La Legislatura sancionó el 4 de agosto un acta acuerdo que aprobaba la disolución del contrato con la empresa EDET para la construcción de la estación transformadora. El convenio, firmado por el gobernador Juan Manzur en noviembre de 2015, consignaba que el Gobierno se hacía cargo de abonar la obra civil ejecutada, proyectos de ingeniería, equipos y materiales adquiridos, entre otros.

“Desde la sanción de la Ley de Emergencia Eléctrica 8.342 (sancionada en 2010), funcionarios estatales en connivencia con empresarios locales habrían pergeñado un plan sistemático tendiente a enriquecerse ilícitamente con fondos públicos, llevando adelante una defraudación al estado mediante adulteración de instrumentos públicos, sobrefacturación de materiales y adquisición de bienes sin autorización (entre otras)”, consigna el escrito.

Obra inconclusa

La polémica por la planta para reforzar la infraestructura de la red de transporte eléctrico comenzó en 2012, cuando empezó a construirse una conexión de línea subterránea (Cable Armado Subterráneo o CAS) entre la sede central de EDET (en avenida Avellaneda al 200), hasta la dependencia ubicada en Ayacucho 266. Es ese solar se había establecido que se construyera una Estación Transformadora de Electricidad.

El Poder Ejecutivo había encargado en mayo de 2006 un Plan de Obras de Transporte de Energía Eléctrica para la provincia, proyectado entre 2006 y 2016. La Legislatura sancionó en septiembre de 2010, en base a ese estudio, la ley N° 8.342 por la que declaraba la Emergencia del Sistema Eléctrico de Transporte por distribución troncal hasta 2012 (fue prorrogada en dos ocasiones). Esa norma aprobaba el plan de obras elaborado cuatro años atrás.

El Concejo Deliberante aprobó, el 14 de septiembre del mismo año, la excepción del Código de Planeamiento Urbano a la estación en construcción. El peronismo había presentado sobre tablas (sin estudio previo de una comisión), un proyecto solicitado por el Ente Provincial Regulador de Energía (Epret) -sustituido por el Ersept- debido a que la obra proyectada tendría 14 metros de altura, cuando el código permite hasta 10 metros a una edificación de esas características.

Las airadas protestas vecinales y las quejas de legisladores opositores por el supuesto daño a la sanidad derivaron en la posterior suspensión del complejo. Elías de Pérez reclamó por supuestas irregularidades en el estudio de impacto ambiental, por alteraciones de costos en los presupuestos.

“No tengo dudas de que hay una motivación política tras de esto, porque la senadora lo único que hace es denunciar. Como cuenta con fueros (legislativos) no tiene consecuencias. Cuando la denuncia le sale mal el damnificado no puede pedir resarcimiento por perjurio. Así es fácil”. El presidente del Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia, Jorge Jiménez, se defendió de la denuncia penal presentada en su contra por la senadora radical Silvia Elías de Pérez (Cambiemos).

El ex ministro de Economía durante gran parte de la gobernación de José Alperovich expresó que aún no fue anoticiado de la denuncia formalmente. “El de la Estación Transformadora Ayacucho ha sido un proceso largo, con mucha confrontación social, con vecinos disgustados. Por ello se decidió que la obra no se hacía. Hubo un control de organismos pertinentes y han sido aprobados los valores de obras. Obviamente que no soy un experto en infraestructura eléctrica, tuve colaboradores y confío en ellos. Me hago cargo de mis responsabilidades como funcionario, espero que se aclare rápidamente en la Justicia”, afirmó Jiménez.

El funcionario público explicó que gran parte de la prueba consignada en la denuncia es documentación que aportó el mismo Ministerio de Economía, en respuesta a un pedido de informes de la radical. Confió que no tiene nada que ocultar y que se pondrá a disposición de la Justicia, dijo.

“Esperemos que se resuelva y me gustaría que renuncie a los fueros, por este caso, así cuando termine uno pueda resarcirse”, finalizó.

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