14 Agosto 2016
El legislador Luis Brodersen (bloque unipersonal PRO-A) le envió una nota al vicegobernador Osvaldo Jaldo, presidente de la Legislatura, para manifestarle su formal renuncia a manejar fondos de la partida “ayudas sociales a personas”. El macrista además sembró dudas sobre el sistema de rendición de los subsidios que reparte el Poder Legislativo.
“Por supuesto, no renuncio a seguir buscando el fallo judicial que haga extensiva a todo el cuerpo la prohibición de continuar con esta práctica carente de transparencia de gastos, por los que no se rinden cuentas ni están sujetos a controles efectivos”, señaló Brodersen en el texto, al que accedió este diario.
En la sesión del jueves, el opositor criticó al oficialista Reneé Ramírez por haber confesado que percibe $ 150.000 al mes para esas ayudas, cuando la única remuneración prevista por la Carta Magna para la tarea legislativa es la dieta, que hoy ronda los $ 30.000. Además, Brodersen asegura que no percibe dinero para subsidios y tramita una demanda por inconstitucionalidad en el fuero contencioso.
A la salida del debate, Jaldo fue consultado sobre la postura del macrista. “Bueno, él va teniendo varias actitudes. Una, que ha renunciado (a esos fondos), pero también presentaciones judiciales donde consulta si son legales o ilegales, porque quiere saber para cobrarlos o no. Que defina una postura”, indicó Jaldo. El vicegobernador remarcó que el sistema “es legal” y que funciona hace más de 20 años.
El viernes, Brodersen puso formalmente en conocimiento de Jaldo que no participará del régimen de subsidios. “Esta renuncia obedece a sus manifestaciones, seguramente de buena fe pero erróneas, acerca de un eventual interés de mi parte en recibir (esos fondos) una vez que la Justicia se expida sobre su constitucionalidad”, redactó el legislador del partido PRO Auténtico. Y recordó que en su presentación judicial había expresado su “voluntad de no percibir nunca tales sumas”. “Formalizo sin embargo por este acto una decisión que mantuve intacta en los 10 meses que llevo como legislador provincial”, añadió Brodersen.
Ramírez, tras admitir en un programa de radio y en una entrevista con LA GACETA que maneja $ 150.000 al mes para gastos sociales, fue desmentido por Jaldo tras la sesión del jueves. “El legislador que pueda hacer ese tipo de declaraciones corre por su cuenta, pero ninguno percibe el concepto de ayuda social; toda ayuda es canalizada por la vía que corresponde por Presidencia”, manifestó Jaldo. Y aseguró que el sistema “está en debate”.
Los jefes de los diferentes bloques políticos están analizando las diferentes alternativas. La mayoría se inclina por seguir aportando ayudas sociales a vecinos e instituciones, aunque aceptarían instaurar algunas modificaciones que hagan más transparente la entrega de subsidios.
“Por supuesto, no renuncio a seguir buscando el fallo judicial que haga extensiva a todo el cuerpo la prohibición de continuar con esta práctica carente de transparencia de gastos, por los que no se rinden cuentas ni están sujetos a controles efectivos”, señaló Brodersen en el texto, al que accedió este diario.
En la sesión del jueves, el opositor criticó al oficialista Reneé Ramírez por haber confesado que percibe $ 150.000 al mes para esas ayudas, cuando la única remuneración prevista por la Carta Magna para la tarea legislativa es la dieta, que hoy ronda los $ 30.000. Además, Brodersen asegura que no percibe dinero para subsidios y tramita una demanda por inconstitucionalidad en el fuero contencioso.
A la salida del debate, Jaldo fue consultado sobre la postura del macrista. “Bueno, él va teniendo varias actitudes. Una, que ha renunciado (a esos fondos), pero también presentaciones judiciales donde consulta si son legales o ilegales, porque quiere saber para cobrarlos o no. Que defina una postura”, indicó Jaldo. El vicegobernador remarcó que el sistema “es legal” y que funciona hace más de 20 años.
El viernes, Brodersen puso formalmente en conocimiento de Jaldo que no participará del régimen de subsidios. “Esta renuncia obedece a sus manifestaciones, seguramente de buena fe pero erróneas, acerca de un eventual interés de mi parte en recibir (esos fondos) una vez que la Justicia se expida sobre su constitucionalidad”, redactó el legislador del partido PRO Auténtico. Y recordó que en su presentación judicial había expresado su “voluntad de no percibir nunca tales sumas”. “Formalizo sin embargo por este acto una decisión que mantuve intacta en los 10 meses que llevo como legislador provincial”, añadió Brodersen.
Ramírez, tras admitir en un programa de radio y en una entrevista con LA GACETA que maneja $ 150.000 al mes para gastos sociales, fue desmentido por Jaldo tras la sesión del jueves. “El legislador que pueda hacer ese tipo de declaraciones corre por su cuenta, pero ninguno percibe el concepto de ayuda social; toda ayuda es canalizada por la vía que corresponde por Presidencia”, manifestó Jaldo. Y aseguró que el sistema “está en debate”.
Los jefes de los diferentes bloques políticos están analizando las diferentes alternativas. La mayoría se inclina por seguir aportando ayudas sociales a vecinos e instituciones, aunque aceptarían instaurar algunas modificaciones que hagan más transparente la entrega de subsidios.
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