Cuatro causas objetan el sistema de gastos sociales

Solicitaron que se oficialice cuál será el monto destinado este año para asistencia vecinal. Avanzan otros tres expedientes administrativos. Hay dos pesquisas penales. Radicales inician una demanda en el fuero contencioso para exigir información sobre los subsidios otorgados por la actual Legislatura.

14 Ago 2016
1

Dos expedientes judiciales investigan posibles responsabilidades penales en el reparto de los subsidios que otorga el Poder Legislativo, conocidos como “gastos sociales”. Pero el cuerpo colegiado no está atento sólo a esas pesquisas; también sigue de cerca las cuatro causas iniciadas en el fuero contencioso administrativo, en las que se sembraron dudas sobre la legalidad del régimen de entrega de plata para supuesta asistencia vecinal.

El último de esos procesos fue iniciado esta semana por ocho dirigentes vinculados a la Unión Cívica Radical (UCR), quienes -a través del abogado Juan Carlos Sánchez- presentaron una demanda ante la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello.

Los ciudadanos Eduardo Rafael Villagra Delgado, Luis Fernando Martín Alzogaray, Ethel Ivonne Rosales Vera, Diego Gustavo Aráoz, Alberto Marcelo Fuentes, Hugo Ricardo Santucho, Marta Teresa Reinoso y Raúl Ernesto Moreno consideran que la falta de difusión del destino de los gastos sociales aplicados a partir de noviembre de 2015 por la actual composición legislativa vulnera el derecho de acceso a la información pública. Por eso, solicitaron “que se condene a la Provincia” a publicar toda la documentación sobre la partida “ayudas sociales a personas”.

El petitorio de los demandantes incluye: que se indique cuál es la suma imputada en el presupuesto 2016 de la Legislatura “para el rubro conocido como gastos sociales”; cuál es la suma mensual asignada a cada legislador; y si el dinero es entregado mediante cheque o en efectivo, entre otras consultas.

“Nuestra sociedad pide a gritos transparencia y ejemplaridad en el manejo de fondos públicos. Todos merecemos una provincia mejor y que nuestros legisladores rindan cuentas del mandato que recibieron, sin excusas. El silencio, la reticencia y la falta de información nos afecta institucionalmente”, alegaron los ciudadanos vinculados a la UCR.

Además, incorporaron noticias publicadas por LA GACETA referidas al uso de esos recursos.

En noviembre de 2015, este diario reveló que un empleado de Tesorería de la Legislatura extraía el efectivo en una sucursal bancaria céntrica y lo llevaba en valijas hasta la sede parlamentaria. El año pasado, en el que hubo comicios provinciales y nacionales, fueron ejecutados $ 615,6 millones en Transferencias, partida que incluye los subsidios y otras ayudas. Este año el monto inicial sería de $ 150 millones.

Tres casos

La sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo tramita, además de la demanda de los ocho radicales, otros dos procesos por los gastos sociales del Poder Legislativo.

El primer expediente fue impulsado originalmente por el legislador radical Eudoro Aráoz, que pidió la difusión del destino de las ayudas sociales a personas entregadas en 2015. En principio, la Fiscalía de Estado cuestionó al opositor por recurrir a la vía judicial sin haber agotado los caminos institucionales, como las comisiones internas de la Cámara. Luego, a esta causa adhirieron como codemandantes los ciudadanos Clímaco de la Peña, Carlos Duguech y Moreno. La Provincia criticó la decisión de la sala II, se mostró dispuesta a llevar el pleito a la Corte provincial.

El otro caso que se tramita ese tribunal fue iniciado por el legislador macrista Luis Brodersen (bloque PRO-A), quien objetó en junio la constitucionalidad del manejo de fondos para subsidios por parte del Poder Legislativo.

La sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que componen Horacio Castellanos y Salvador Ruiz, analiza la causa restante. Se trata de una demanda similar a la de Brodersen, formulada en diciembre pasado por el peronista disidente Oscar López, quien fue candidato a legislador por un acople del Acuerdo para el Bicentenario (ApB). Por este trámite, según López, ya se corrió traslado de la denuncia al Poder Legislativo y al Tribunal de Cuentas de la Provincia.

El peronista disidente también impulsó las dos causas penales en curso. Una está radicada en los tribunales provinciales. En noviembre, tras la difusión del caso de las valijas, López denunció a la anterior composición legislativa, encabezada por el actual gobernador Juan Manzur, por presunto fraude. La causa ha sido manejada con estricta reserva por el fiscal de Instrucción, Washington Navarro Dávila.

Este año, López denunció ante el fiscal federal N° 2, Carlos Brito, la posible evasión de impuestos nacionales (como Ganancias). La hipótesis es que se utiliza el régimen de ayudas para ocultar sobresueldos. Esta semana, el legislador manzurista Reneé Ramírez admitió que maneja $ 150.000 para gastos sociales. Eso habría precipitado un cambio en el sistema de subsidios. A raíz de los dichos, López también pidió la indagatoria del oficialista y sus pares.

Comentarios