10 Agosto 2016
LA GACETA / JORGE OLMOS SGROSSO
Una resolución que adoptó el Tribunal Oral Federal de Tucumán, en la que se autoriza a los defensores interrogar a testigos-víctimas del terrorismo de Estado sobre sus actividades políticas, se ganó el repudio de organismos de derechos humanos, querellantes en la causa Operativo Independencia, familiares de desaparecidos y militantes políticos y sociales.
"Solicitamos que revoque la decisión que vulnera los derechos de los testigos y víctimas en esta causa", difundieron en una carta dirigida al TOF.
"Los juicios que hoy se desarrollan tienen por objeto juzgar los crímenes cometidos en contra de los testigos víctimas, hayan sido militantes políticos o no lo hayan sido, aunque todos ellos resultaron perseguidos y reprimidos por las razones políticas enarboladas por el terrorismo de estado vigente en la década del 70", expresaron.
"Las preguntas realizadas por los defensores oficiales y privados se basan en pruebas fraguadas en causas judiciales amañadas como las instruidas por la Ley 20.840 -escribieron en una nota dirigida al tribunal. Estos procesos, buscaban criminalizar la militancia y pertenencia política de muchos de quienes hoy son testigos".
La semana pasada, defensores de imputados por secuestro, tortura, abusos sexuales y homicidio, entre otros delitos, durante el Operativo Independencia, que se desarrolló en Tucumán entre febrero de 1975 y marzo de 1976, increparon a testigos y provocaron el repudio de parte del público.
"Buscan desviar el eje del debate, asentándolo en la teoría de los dos demonios, o sea, en la justificación de los crímenes de Estado. Muchos de los testigos-víctimas, luego de haber pasado por los circuitos clandestinos de detención y tortura, fueron llevados a cárceles y enjuiciados en procesos nulos y basados en confesiones obtenidas bajo tortura, pruebas fraudulentas y violación de todas las garantías de defensa en juicio", consideraron .
Los firmantes añadieron en su carta que "no puede un Tribunal constitucional permitir que personas que fueron secuestradas, privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y luego detenidas ilegalmente durante años, vuelvan a sufrir en las audiencias interrogatorios del mismo tenor de los que se practicaron en los centros clandestinos del terrorismo de Estado", insistieron.
Para fundamentar su postura, se ampararon en la tesitura que el TOF demostró en anteriores debates orales y públicos y en las reglas contenidas en el “Protocolo de Intervención para el tratamiento de Víctimas testigos en el marco de procesos judiciales” (dictadas por el Centro Ulloa junto con la Corte Suprema de Justicia), las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de personas en situación de vulnerabilidad y la Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal, utilizada en todos los procesos por crímenes de lesa humanidad.
"Solicitamos que revoque la decisión que vulnera los derechos de los testigos y víctimas en esta causa", difundieron en una carta dirigida al TOF.
"Los juicios que hoy se desarrollan tienen por objeto juzgar los crímenes cometidos en contra de los testigos víctimas, hayan sido militantes políticos o no lo hayan sido, aunque todos ellos resultaron perseguidos y reprimidos por las razones políticas enarboladas por el terrorismo de estado vigente en la década del 70", expresaron.
"Las preguntas realizadas por los defensores oficiales y privados se basan en pruebas fraguadas en causas judiciales amañadas como las instruidas por la Ley 20.840 -escribieron en una nota dirigida al tribunal. Estos procesos, buscaban criminalizar la militancia y pertenencia política de muchos de quienes hoy son testigos".
La semana pasada, defensores de imputados por secuestro, tortura, abusos sexuales y homicidio, entre otros delitos, durante el Operativo Independencia, que se desarrolló en Tucumán entre febrero de 1975 y marzo de 1976, increparon a testigos y provocaron el repudio de parte del público.
"Buscan desviar el eje del debate, asentándolo en la teoría de los dos demonios, o sea, en la justificación de los crímenes de Estado. Muchos de los testigos-víctimas, luego de haber pasado por los circuitos clandestinos de detención y tortura, fueron llevados a cárceles y enjuiciados en procesos nulos y basados en confesiones obtenidas bajo tortura, pruebas fraudulentas y violación de todas las garantías de defensa en juicio", consideraron .
Los firmantes añadieron en su carta que "no puede un Tribunal constitucional permitir que personas que fueron secuestradas, privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y luego detenidas ilegalmente durante años, vuelvan a sufrir en las audiencias interrogatorios del mismo tenor de los que se practicaron en los centros clandestinos del terrorismo de Estado", insistieron.
Para fundamentar su postura, se ampararon en la tesitura que el TOF demostró en anteriores debates orales y públicos y en las reglas contenidas en el “Protocolo de Intervención para el tratamiento de Víctimas testigos en el marco de procesos judiciales” (dictadas por el Centro Ulloa junto con la Corte Suprema de Justicia), las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de personas en situación de vulnerabilidad y la Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal, utilizada en todos los procesos por crímenes de lesa humanidad.
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