01 Agosto 2016
El fiscal federal general, Gustavo Gómez, consideró que existen indicios que comprometen al ex intendente de Concepción, Osvaldo Morelli, y a otros funcionarios de su gestión, en presuntas irregularidades en el manejo de fondos de origen nacional.
El magistrado estimó que el perjuicio al erario alcanza los $ 29,4 millones. Y observó que el actual legislador del bloque Tucumán Crece y otros miembros de su gabinete serían presuntos responsables de los delitos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y lavado de activos.
Esto se desprende de la investigación preliminar que llevó adelante Gómez tras la denuncia del actual intendente, Roberto Sánchez (UCR-Cambiemos), y del secretario de Gobierno municipal, Julio César Herrera. Estos habían aportado los resultados de una auditoría, a fin de que la Justicia Federal determinara si la anterior gestión había cometido irregularidades con fondos nacionales del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, del Fondo Federal Solidario y del Plan Más Cerca.
El fiscal general elevó el expediente al fiscal federal N° 2, Pablo Camuña, para que este continúe con la pesquisa.
Las primeras sospechas surgieron de una auditoría practicada en obras ejecutadas por la cooperativa Miguel Lillo, financiadas con fondos del plan Más Cerca. Según el informe oficial, esta organización habría facturado unos $ 20 millones. Gómez observó que la cooperativa está compuesta por personal de planta permanente del municipio y que carecería de capacidad operativa, pues no tenía maquinarias ni mano de obra. Tampoco registraría movimientos contables, y no habría recibido el certificado de normal funcionamiento del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), necesario para actuar como contratista del Estado. “La contratación entre la cooperativa y la Municipalidad se habría realizado al margen de la legalidad, en razón de que el responsable técnico en el desarrollo de las obras sería Franco Morelli, hijo del ex intendente, y el encargado de otorgarla sería José Ávila, socio de éste en la actividad privada”, sostuvo Gómez. Apuntó además que “existirían anomalías relacionadas con el manejo de dinero acreditado, ya que se abonaba mediante órdenes de pago sin las firmas o con rúbricas parciales de los funcionarios facultados”. Según el fiscal, en estas maniobras también habrían participado Ariel Mendelek, actual titular del Concejo y ex secretario de Hacienda.
Otra de las denuncias formuladas por Sánchez y Herrera se refiere al retiro de la Tesorería General de la Casa Central del Banco del Tucumán, a través del ex subcontador Sergio Muro, del tesorero Duilio Guzmán y Mendelek, de $ 8 millones. “Este monto fue percibido a través de cuatro cheques por la suma de $ 2 millones cada uno, sin imputarlo al pago de algún concepto y cuatro días antes de las elecciones provinciales de 2015, donde se renovaba la totalidad de las autoridades”, reza el informe de Gómez. Además alude a la entrega, también en agosto de 2015, de 2.069 cheques por $ 600 cada uno, totalizando $ 1.241.00, sin justificativo para su emisión.
El fiscal general también señaló irregularidades en cursos de capacitaciones pagados y no dictados. Estos debían ser ejecutados por la Municipalidad, gracias a un programa nacional. “Las supuestas deudas contraídas en nombre del programa se cancelaban con el libramiento de cheques con fecha anterior a la autorización de la correspondiente orden de pago; es decir, a contramano de lo que dicta la contabilidad de la Administración Pública”, dice el informe. En esta presunta maniobra, además de Morelli, aparecen involucrados Muro, Mendelek y Alejandra Mendoza, secretaria privada del ex intendente.
El magistrado estimó que el perjuicio al erario alcanza los $ 29,4 millones. Y observó que el actual legislador del bloque Tucumán Crece y otros miembros de su gabinete serían presuntos responsables de los delitos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y lavado de activos.
Esto se desprende de la investigación preliminar que llevó adelante Gómez tras la denuncia del actual intendente, Roberto Sánchez (UCR-Cambiemos), y del secretario de Gobierno municipal, Julio César Herrera. Estos habían aportado los resultados de una auditoría, a fin de que la Justicia Federal determinara si la anterior gestión había cometido irregularidades con fondos nacionales del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, del Fondo Federal Solidario y del Plan Más Cerca.
El fiscal general elevó el expediente al fiscal federal N° 2, Pablo Camuña, para que este continúe con la pesquisa.
Las primeras sospechas surgieron de una auditoría practicada en obras ejecutadas por la cooperativa Miguel Lillo, financiadas con fondos del plan Más Cerca. Según el informe oficial, esta organización habría facturado unos $ 20 millones. Gómez observó que la cooperativa está compuesta por personal de planta permanente del municipio y que carecería de capacidad operativa, pues no tenía maquinarias ni mano de obra. Tampoco registraría movimientos contables, y no habría recibido el certificado de normal funcionamiento del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), necesario para actuar como contratista del Estado. “La contratación entre la cooperativa y la Municipalidad se habría realizado al margen de la legalidad, en razón de que el responsable técnico en el desarrollo de las obras sería Franco Morelli, hijo del ex intendente, y el encargado de otorgarla sería José Ávila, socio de éste en la actividad privada”, sostuvo Gómez. Apuntó además que “existirían anomalías relacionadas con el manejo de dinero acreditado, ya que se abonaba mediante órdenes de pago sin las firmas o con rúbricas parciales de los funcionarios facultados”. Según el fiscal, en estas maniobras también habrían participado Ariel Mendelek, actual titular del Concejo y ex secretario de Hacienda.
Otra de las denuncias formuladas por Sánchez y Herrera se refiere al retiro de la Tesorería General de la Casa Central del Banco del Tucumán, a través del ex subcontador Sergio Muro, del tesorero Duilio Guzmán y Mendelek, de $ 8 millones. “Este monto fue percibido a través de cuatro cheques por la suma de $ 2 millones cada uno, sin imputarlo al pago de algún concepto y cuatro días antes de las elecciones provinciales de 2015, donde se renovaba la totalidad de las autoridades”, reza el informe de Gómez. Además alude a la entrega, también en agosto de 2015, de 2.069 cheques por $ 600 cada uno, totalizando $ 1.241.00, sin justificativo para su emisión.
El fiscal general también señaló irregularidades en cursos de capacitaciones pagados y no dictados. Estos debían ser ejecutados por la Municipalidad, gracias a un programa nacional. “Las supuestas deudas contraídas en nombre del programa se cancelaban con el libramiento de cheques con fecha anterior a la autorización de la correspondiente orden de pago; es decir, a contramano de lo que dicta la contabilidad de la Administración Pública”, dice el informe. En esta presunta maniobra, además de Morelli, aparecen involucrados Muro, Mendelek y Alejandra Mendoza, secretaria privada del ex intendente.
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