Por LA GACETA
01 Agosto 2016
La posibilidad casi cierta de que el Gobierno nacional rescinda el contrato con la Asociación del Fútbol Argentino por los derechos de televisación de los partidos generó controversias en el ambiente dirigencial y entre los simpatizantes. Hace una semana, el secretario general de la Presidencia dijo que el Gobierno aceptaría la supresión del convenio, pero plantearía que la gente siguiera viendo los partidos por televisión abierta hasta 2019, sin que la gente tuviera que pagar costos adicionales. Y aunque el pedido surgió de los mismos clubes, por otro lado, en su campaña electoral, el presidente Mauricio Macri había prometido redirigir ese dinero destinado al fútbol a otras áreas.
Al concluir el acuerdo el convenio, la AFA puede renegociar la venta de los derechos televisivos de los partidos de Primera y B Nacional, sea a través de una licitación, o avanzando en la propuesta ya existente de la empresa estadounidense propiedad del empresario multimillonario Ted Turner, que ofreció la suma de 3.200 millones de pesos anuales, un dinero bastante superior al que recibe del Gobierno.
El acuerdo, que beneficiaba en teoría a los seguidores del popular deporte, también tenía un trasfondo político. El programa Fútbol para Todos (FPT) se inició en 2009, cuando el Gobierno nacional comenzó a pagarle $600 millones a la AFA. Hasta ese entonces, el grupo Clarín y Torneos y Competencias televisaban los partidos más importantes de cada fecha, pero había que pagar para verlos. Formaba parte de la lucha del Gobierno con el grupo Clarín.
Según el titular de la Liga Tucumana de Fútbol, el programa FPT fue una gran mentira: “los que vivimos fuera de Buenos Aires, en el interior del país, pagamos siempre. Acá la gente tiene que abonar un proveedor de cable para ver todos los partidos. El Fútbol para Todos sólo fue gratis en Buenos Aires”. Y agrega que si esta cancelación va a beneficiar a los clubes, es positiva. En Tucumán, sólo pueden acceder a ver los partidos quienes pagan un cable o los que poseen el descodificador de la Televisión Digital Abierta, que desde hace tiempo viene incorporado a los nuevos aparatos de TV.
En el seno de la misma AFA hay quienes están a favor de la rescisión del convenio. “La plata no tiene por qué venir del Estado al fútbol. Tendría que ir a sanidad, educación. El gobierno nos tiene que ayudar a buscar el que oferte más y despegarnos de ellos”, dijo hace pocos días el presidente del club Vélez Sarsfield.
Los clubes de fútbol que se han profesionalizado son empresas privadas. Sus planteles son muy costosos y el dinero para mantenerlos sale de las recaudaciones, de los auspiciantes y de los derechos televisivos, entre otros ingresos. En el interior, muchos de ellos cuentan con subvenciones estatales. Pero este apoyo no es gratuito. Conocida es la injerencia de los políticos en la conducción de los clubes; por ejemplo, muchos de ellos presiden varias entidades tucumanas.
Si se va a seguir subsidiando el fútbol, ¿por qué no hacer lo mismo con los otros deportes? ¿Será que al haber menos intereses creados en estos últimos, no se puede hacer política? ¿Por qué no invertir esos dineros -que pertenecen a los ciudadanos, simpatizantes o no del fútbol- para apoyar y estimular la práctica deportiva en la juventud para que tenga mejor calidad de vida, para combatir la drogadicción? Se trata de un debate en el que debería participar la sociedad y no sólo los dueños de un negocio millonario.
Al concluir el acuerdo el convenio, la AFA puede renegociar la venta de los derechos televisivos de los partidos de Primera y B Nacional, sea a través de una licitación, o avanzando en la propuesta ya existente de la empresa estadounidense propiedad del empresario multimillonario Ted Turner, que ofreció la suma de 3.200 millones de pesos anuales, un dinero bastante superior al que recibe del Gobierno.
El acuerdo, que beneficiaba en teoría a los seguidores del popular deporte, también tenía un trasfondo político. El programa Fútbol para Todos (FPT) se inició en 2009, cuando el Gobierno nacional comenzó a pagarle $600 millones a la AFA. Hasta ese entonces, el grupo Clarín y Torneos y Competencias televisaban los partidos más importantes de cada fecha, pero había que pagar para verlos. Formaba parte de la lucha del Gobierno con el grupo Clarín.
Según el titular de la Liga Tucumana de Fútbol, el programa FPT fue una gran mentira: “los que vivimos fuera de Buenos Aires, en el interior del país, pagamos siempre. Acá la gente tiene que abonar un proveedor de cable para ver todos los partidos. El Fútbol para Todos sólo fue gratis en Buenos Aires”. Y agrega que si esta cancelación va a beneficiar a los clubes, es positiva. En Tucumán, sólo pueden acceder a ver los partidos quienes pagan un cable o los que poseen el descodificador de la Televisión Digital Abierta, que desde hace tiempo viene incorporado a los nuevos aparatos de TV.
En el seno de la misma AFA hay quienes están a favor de la rescisión del convenio. “La plata no tiene por qué venir del Estado al fútbol. Tendría que ir a sanidad, educación. El gobierno nos tiene que ayudar a buscar el que oferte más y despegarnos de ellos”, dijo hace pocos días el presidente del club Vélez Sarsfield.
Los clubes de fútbol que se han profesionalizado son empresas privadas. Sus planteles son muy costosos y el dinero para mantenerlos sale de las recaudaciones, de los auspiciantes y de los derechos televisivos, entre otros ingresos. En el interior, muchos de ellos cuentan con subvenciones estatales. Pero este apoyo no es gratuito. Conocida es la injerencia de los políticos en la conducción de los clubes; por ejemplo, muchos de ellos presiden varias entidades tucumanas.
Si se va a seguir subsidiando el fútbol, ¿por qué no hacer lo mismo con los otros deportes? ¿Será que al haber menos intereses creados en estos últimos, no se puede hacer política? ¿Por qué no invertir esos dineros -que pertenecen a los ciudadanos, simpatizantes o no del fútbol- para apoyar y estimular la práctica deportiva en la juventud para que tenga mejor calidad de vida, para combatir la drogadicción? Se trata de un debate en el que debería participar la sociedad y no sólo los dueños de un negocio millonario.
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