Con el traslado del director de Residencias Universitarias buscan profundizar la investigación

Con el traslado del director de Residencias Universitarias buscan profundizar la investigación

Una auditoría de 2014 y un informe dieron cuenta de que había más de 16 ocupantes que no abonaban el alquiler de las casas. Ayer, el vicerrector firmó el cese de la función del director del área. Hay un sumario en trámite para ordenar las cuentas.

PARAÍSO. Las casas están distribuidas a lo largo de un inmenso predio en uno de los sectores más caros de la provincia: el pedemonte de San Javier. la gaceta / foto de analía jaramillo PARAÍSO. Las casas están distribuidas a lo largo de un inmenso predio en uno de los sectores más caros de la provincia: el pedemonte de San Javier. la gaceta / foto de analía jaramillo
29 Julio 2016
La investigación por las irregularidades en la adjudicación de las viviendas universitarias de Horco Molle se mueve. Ayer se ordenó -como medida preventiva- el traslado del director de Residencias Universitarias, Ricardo Krebs. La decisión fue firmada por el vicerrector, José García, quien por estos días quedó a cargo del rectorado en ausencia de la rectora, Alicia Bardón.

Desde el vicerrectorado confían en que esto acelere el sumario administrativo al director, que es esposo de Olga Cudmani (ex directora de Construcciones, procesada en la causa por irregularidades con los fondos de YMAD).

“Frente a los hechos investigados, la permanencia de dicho funcionario en el cargo resulta a todas luces un inconveniente para el normal desenvolvimiento de esta investigación”, señala parte del escrito.

La investigación mencionada es la que inició con una auditoría en 2014, que se replicó en varias dependencias de la UNT. Entre ellas, la dirección de Residencias Universitarias, que está bajo la órbita de la secretaría de Extensión Universitaria, a cargo de Gustavo Vituli.

En más de 70 páginas, esa auditoría registró una serie de irregularidades, entre ellas, la adjudicación de casas a personas y áreas universitarias que no pagaban por su uso. Pero también consignó que había habitaciones de la residencia que se usaban como depósito o vivienda de empleados, eventos realizados por los que no se había cobrado, personal que no cumplía con los horarios de trabajo, bienes muebles que no estaban y una mala rendición de cuentas.

Al mismo tiempo se conoció que -previo a la auditoría- desde la dirección ya se había informado al rectorado que muchas de estas irregularidades habían persistido por decisión de las autoridades de gestiones anteriores.

En el caso específico de las viviendas en los registros de la dirección había copia de intimaciones y cartas documento que solicitaban el pago y la devolución del inmueble fechadas en 2014 o antes, incluso.

Pero, según confirmaron fuentes universitarias, las autoridades nunca habían ordenado desalojos ni cobros de deudas. Pese a que tanto la auditoría como el informe de la dirección dejaron sentado que reinaba la discrecionalidad en la adjudicación de las casas. En estos dos años casi no se modificó la situación porque los inquilinos continuaron usándolas.

La Unidad de Auditoría Interna (UAI) confeccionó dos informes, uno a fines de 2015 y otro en abril de este año. Los tiempos largos y la falta de decisiones concretas fueron reconocidos y criticadas por el vicerrector hace unos días en una entrevista con LA GACETA.

Como medidas intermedias, el rectorado aprobó en marzo dos resoluciones, la 176 y la 177. La primera reglamentó el uso de las viviendas de Horco Molle y San Javier, y también la realización de actividades en la Residencia Universitaria de Horco Molle. El complejo tiene más de 60 años y su uso nunca había estado normado. Una laguna que favoreció el uso discrecional de esos bienes universitarios.

La segunda resolución puso al día los montos de los alquileres del Centro Universitario Horco Molle (residencia y casas) y de la Ciudad Universitaria de San Javier que no se actualizaban desde 2012. Una vivienda en Horco Molle pasó a costar por mes $2.750 (antes, $1.750).

En junio salió a la luz pública la situación y esto abrió la puerta para que algunos de los ocupantes de las viviendas se acercaran a las oficinas de Residencias Universitarias. En algunos casos pidieron el cálculo de la deuda y ofrecieron una forma de pago. Hay sumas que superan los $40.000, ya que hay ocupantes que llevan más de dos años.

El listado de inquilinos incluía a funcionarios pasados y actuales, docentes universitarios, un sindicalista, un camarista federal, un consejero superior y varias áreas de la estructura universitaria. El sumario, en 2014, había consignado que al menos 16 viviendas no registraban pago alguno. El complejo tiene 36 casas, de las cuales dos están inhabitables por el deterioro. Iban a formar parte de una ciudad hospital, proyecto que quedó trunco a mediados de los años 50.

El sumario

Krebs pasará a prestar servicios en el Museo de la UNT, que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria, a cargo de Marcelo Mirkin.

La resolución expresa que el apartamiento del director “bajo ningún punto de vista implica prejuzgamiento de la conducta del agente sin menoscabo de su buen nombre y reputación en el ámbito laboral”.

Según se consigna, el traslado “obedece a que gran parte de los hechos que dieron origen a la investigación han tenido lugar en la dependencia a su cargo”. Se prevé que esto contribuya a que avance el sumario administrativo que lleva adelante la oficina de Asuntos Jurídicos.

Mientras tanto, trascendió que se hará cargo de la dirección una persona vinculada al radicalismo. Se supo que proviene del espacio de José Cano.

El vicerrector aseguró que la intención, además de poner en orden lo que sucede en esa dependencia, es cobrar las deudas de todos los inquilinos. Los plazos corren, ya que su compromiso es que esto se resuelva en pocos días. Señaló que no habrá privilegios ni “intocables”.

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