Existe “impunidad recíproca”, sugiere el Colegio de Abogados

Críticas a quienes “protegieron” a Jiménez.

27 May 2016
La decisión de archivar in limine -sin tramitar- el pedido de destitución del ministro público Edmundo Jiménez confirma la existencia de un sistema de “impunidad recíproca”, según Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital.

“La resolución de la comisión de Juicio Político que dispuso el archivo sin más provoca una primera sensación de frustración en tanto resulta demostrativa de que esta Legislatura es igual que las anteriores”, criticó García Posse. Su entidad había solicitado que Jiménez sea separado del cargo con base en seis causales ligadas a la comisión de presuntos delitos y de mal desempeño del cargo. Tres de esas causales guardan relación con los sucesos que provocó la salida del ex fiscal Guillermo Herrera -se jubiló en septiembre con el beneficio del 82% móvil-, a quien el Colegio denunció en sede penal, en marzo de 2015. Otra de las razones alude a la falta de transparencia del Ministerio Público.

García Posse atacó a la mayoría oficialista que “protegió” a Jiménez: Zacarías Khoder (presidente de Juicio Político), Nancy Bulacio, Enrique Bethencourt, María Elena Cortalezzi, Graciela Gutiérrez, Leoncio Gutiérrez, Gladys Medina, Reneé Ramírez y Mariela Reyes Elías. A ellos se sumó el peronista disidente Christian Rodríguez, legislador afín al intendente capitalino Germán Alfaro. El dictamen mayoritario sostuvo que el Poder Legislativo no era la institución adecuada para acoger una denuncia de delitos. Los opositores Alberto Colombres Garmendia (PRO) y Eudoro Aráoz (UCR) votaron a favor de correr traslado de la presentación a Jiménez.

“La decisión no sólo es apresurada e infundada, sino también cuestionable en orden al principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno. El Colegio había pedido que las audiencias de la Comisión sean públicas. En sentido contrario, la mayoría oficialista de la comisión de Juicio Político no resolvió con transparencia y de cara al pueblo. Antes bien, prefirió expresarse de manera reservada, casi ocultando las razones de lo resuelto”, objetó García Posse. El presidente del Colegio añadió que en momentos en los que la sociedad clama por cambios que mejoren la calidad de las instituciones, la comisión de Juicio Político de la Legislatura tucumana no había hecho otra cosa que consolidar un sistema de impunidad recíproca entre la clase política y sectores del Poder Judicial. “Los Tribunales no van a mejorar ni se van a depurar solamente reformando los códigos de procedimientos o designando más empleados”, pronosticó.

El martes y tras notificarse de la decisión impuesta por los legisladores del bloque del gobernador Juan Manzur, Jiménez llamó a poner término a la confrontación (en paralelo, afronta una denuncia en sede penal por supuesta asociación ilícita en conexión con los hechos de la causa “Teves-Albarracín”, que tiene un pedido de archivo firmado por la fiscala Adriana Reinoso Cuello pendiente de control jurisdiccional). El jefe de los fiscales y de los defensores oficiales dijo que él había sido cuestionado por anunciar la existencia de la crisis estructural y terminal del Poder Judicial. “Anhelo que todo eso quede atrás y empiece el tiempo de la construcción definitiva”, expresó Jiménez.

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