11 Mayo 2016
12 AÑOS. Julio De Vido, junto a Carlos Tomada, fueron los únicos “K” que estuvieron entre 2003 y 2015. reuters
BUENOS AIRES.- El juez federal Claudio Bonadio procesó sin prisión preventiva al diputado kirchnerista y ex ministro de Planificación Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once, que causó 51 muertos y más de 700 heridos en febrero de 2012.
El magistrado lo procesó como supuesto coautor del delito de descarrilamiento y presunto partícipe necesario del delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta. Además impuso un embargo de $ 600 millones en total a De Vido, junto a los otros dos procesados: la contadora de la concesionaria TBA Silvia Emilse López y el titular de la Unirem, Jorge Gustavo Simeonoff.
El juez dictaminó que en el expediente judicial se encuentra más que probado que el entonces titular de la cartera de Planificación e Infraestructura no cumplió con su obligación de supervisar la tarea de sus subordinados en el ministerio.
También sostuvo que junto a Simeonoff, titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, (Unirem), tenían pleno conocimiento de la forma que era prestado el servicio por la empresa concesionaria.
Y añadió: “pese a las reiteradas alertas realizadas por la intervención de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Auditoría General de la Nación no cumplieron adecuadamente con sus obligaciones adoptando alguna medida tendiente a encauzar la prestación de un servicio”.
“No resulta un dato menor al momento de evaluar la responsabilidad de Julio De Vido en los sucesos investigados que en el ámbito del Ministerio a su cargo funcionaba la Unirem, unidad que en casi nueve años de existencia, nunca avanzó en la readecuación del contrato, a pesar de los incumplimientos del concesionario que ocasionaban un riesgo cada vez mayor en la explotación del servicio”, expresó el juez.
Respecto a López, de TBA, indicó que diseñó la política empresarial que posibilitó transferir grandes sumas de dinero a empresas vinculadas al grupo omitiendo deliberadamente realizar el mantenimiento de los bienes concesionados.
Ello lo hizo, remarcó, a sabiendas que su cumplimiento afectaría severamente los programas de mantenimiento de la infraestructura y el material rodante y ocasionó un marcado deterioro del material rodante.
De Vido había presentado un escrito, el mes pasado, al concurrir a declaración indagatoria, por el cual deslindó responsabilidades en la tragedia de Once y aseguró que no gestionaba ni controlaba el transporte ferroviario.
Acusó al maquinista
El ex funcionario kirchnerista, que planteó la nulidad de su llamado a indagatoria, descartó cualquier participación en actos que implican a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y consideró que el siniestro ferroviario fue responsabilidad exclusiva del maquinista, Marcos Córdoba.
También recusó a Bonadio por lo que denominó como una transformación pública y objetiva del juez en un cruzado “anti K”, pero el magistrado la rechazó alegando la ausencia de un basamento fáctico o jurídico que lo sustente.
Ese incidente deberá ser analizado por la Cámara Federal porteña, que definirá si el magistrado seguirá o no a cargo de la causa derivada del juicio oral por la tragedia de Once.
Los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi recibieron condenas a seis y ocho años de prisión, más inhabilitación especial perpetua como partícipes necesarios de los delitos de administración fraudulenta y estrago doloso. (DyN)
El magistrado lo procesó como supuesto coautor del delito de descarrilamiento y presunto partícipe necesario del delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta. Además impuso un embargo de $ 600 millones en total a De Vido, junto a los otros dos procesados: la contadora de la concesionaria TBA Silvia Emilse López y el titular de la Unirem, Jorge Gustavo Simeonoff.
El juez dictaminó que en el expediente judicial se encuentra más que probado que el entonces titular de la cartera de Planificación e Infraestructura no cumplió con su obligación de supervisar la tarea de sus subordinados en el ministerio.
También sostuvo que junto a Simeonoff, titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, (Unirem), tenían pleno conocimiento de la forma que era prestado el servicio por la empresa concesionaria.
Y añadió: “pese a las reiteradas alertas realizadas por la intervención de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Auditoría General de la Nación no cumplieron adecuadamente con sus obligaciones adoptando alguna medida tendiente a encauzar la prestación de un servicio”.
“No resulta un dato menor al momento de evaluar la responsabilidad de Julio De Vido en los sucesos investigados que en el ámbito del Ministerio a su cargo funcionaba la Unirem, unidad que en casi nueve años de existencia, nunca avanzó en la readecuación del contrato, a pesar de los incumplimientos del concesionario que ocasionaban un riesgo cada vez mayor en la explotación del servicio”, expresó el juez.
Respecto a López, de TBA, indicó que diseñó la política empresarial que posibilitó transferir grandes sumas de dinero a empresas vinculadas al grupo omitiendo deliberadamente realizar el mantenimiento de los bienes concesionados.
Ello lo hizo, remarcó, a sabiendas que su cumplimiento afectaría severamente los programas de mantenimiento de la infraestructura y el material rodante y ocasionó un marcado deterioro del material rodante.
De Vido había presentado un escrito, el mes pasado, al concurrir a declaración indagatoria, por el cual deslindó responsabilidades en la tragedia de Once y aseguró que no gestionaba ni controlaba el transporte ferroviario.
Acusó al maquinista
El ex funcionario kirchnerista, que planteó la nulidad de su llamado a indagatoria, descartó cualquier participación en actos que implican a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y consideró que el siniestro ferroviario fue responsabilidad exclusiva del maquinista, Marcos Córdoba.
También recusó a Bonadio por lo que denominó como una transformación pública y objetiva del juez en un cruzado “anti K”, pero el magistrado la rechazó alegando la ausencia de un basamento fáctico o jurídico que lo sustente.
Ese incidente deberá ser analizado por la Cámara Federal porteña, que definirá si el magistrado seguirá o no a cargo de la causa derivada del juicio oral por la tragedia de Once.
Los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi recibieron condenas a seis y ocho años de prisión, más inhabilitación especial perpetua como partícipes necesarios de los delitos de administración fraudulenta y estrago doloso. (DyN)
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