10 Mayo 2016
Aseguraron que atraviesan un estado de desfinanciamiento. Por eso, una treintena de empresarios de la construcción se presentaron en la Casa de Gobierno para volver a solicitar, como sucedió en enero pasado, al gobernador Juan Manzur medidas “urgentes” para revertir la crisis en el sector.
En ese sentido, los constructores de la Cámara Tucumana de la Construcción (ATC) pidieron que el Estado provincial subrogue o reemplace a las empresas como deudor frente al Banco Tucumán Grupo Macro. El sector adujo que las firmas deben cumplir con los intereses cobrados por el banco y que surgieron de la deuda que ha mantenido la Provincia con las contratistas. Mediante una nota oficial, también solicitaron que se establezca una tasa de interés referencial para el cálculo y la emisión de certificados de interés por mora. “La Provincia necesita contar con una tasa de referencia y de esta forma generar condiciones de previsibilidad para las contrataciones”, manifestó la entidad.
Otro de los puntos demandados fue que se reconozca el costo financiero absorbido por las constructoras durante dos años de “atrasos en pagos de certificados ordinarios y de redeterminación de precios de obras (de mayo 2014 a mayo 2016)”. “A mayo, las empresas no cobraron certificados de obras desde noviembre 2015 en adelante. Por lo tanto, se sostiene la mora de 180 días en el pago. No solo estamos hablando de una parálisis de obras y de la falta de previsibilidad, de planificación y de proyectos a futuros, sino también de la mora sostenida y la carga de los costos financieros de las empresas. Todo eso hace que las compañías estemos atravesando una de las situaciones más apremiante de los últimos años”, dijo ayer Daniel Mafud, titular de la CTC. “Las constructoras acreedoras de los certificados de obra pública pagan hoy intereses devengados por la mora del Estado. Es inédito que el acreedor paga intereses por la mora del deudor”, enfatizó. Según trascendió en la Cámara, la retención (interés) de la entidad financiera, en algunos casos, ha llegado a $ 500.000 por mes por deuda acumulada.
El ministro de Economía provincial, Eduardo Garvich, respondió que el Gobierno analiza un mecanismo que tienda a bajar las tasas de interés. Y recordó que la Provincia aportó soluciones para la actividad en el marco de una comisión de trabajo conformada por las secretarías de Hacienda y de Obras Públicas y las cámaras que representan a constructores. Entre otras acciones ofrecidas ayer a los empresarios, el ministro mencionó:
• El pago de $ 190 millones (ya ejecutado) por las deudas al 31 de octubre pasado.
• La cancelación de la parte de la deuda que le corresponde a la Provincia hasta diciembre, que sería abonada este mes. Además se prevé saldar en junio los certificados vencidos a marzo pasado. En total, la deuda sería de $ 90 millones. Mientras tanto, espera la remisión de fondos nacionales.
• El Ejecutivo está en tratativas con el Banco Tucumán para bajar tasas para descuentos de certificados de obras hasta un 25% (que no sería retroactiva).
• Aprobar un índice provisorio de construcción para calcular los mayores costos de la actividad.
En ese sentido, los constructores de la Cámara Tucumana de la Construcción (ATC) pidieron que el Estado provincial subrogue o reemplace a las empresas como deudor frente al Banco Tucumán Grupo Macro. El sector adujo que las firmas deben cumplir con los intereses cobrados por el banco y que surgieron de la deuda que ha mantenido la Provincia con las contratistas. Mediante una nota oficial, también solicitaron que se establezca una tasa de interés referencial para el cálculo y la emisión de certificados de interés por mora. “La Provincia necesita contar con una tasa de referencia y de esta forma generar condiciones de previsibilidad para las contrataciones”, manifestó la entidad.
Otro de los puntos demandados fue que se reconozca el costo financiero absorbido por las constructoras durante dos años de “atrasos en pagos de certificados ordinarios y de redeterminación de precios de obras (de mayo 2014 a mayo 2016)”. “A mayo, las empresas no cobraron certificados de obras desde noviembre 2015 en adelante. Por lo tanto, se sostiene la mora de 180 días en el pago. No solo estamos hablando de una parálisis de obras y de la falta de previsibilidad, de planificación y de proyectos a futuros, sino también de la mora sostenida y la carga de los costos financieros de las empresas. Todo eso hace que las compañías estemos atravesando una de las situaciones más apremiante de los últimos años”, dijo ayer Daniel Mafud, titular de la CTC. “Las constructoras acreedoras de los certificados de obra pública pagan hoy intereses devengados por la mora del Estado. Es inédito que el acreedor paga intereses por la mora del deudor”, enfatizó. Según trascendió en la Cámara, la retención (interés) de la entidad financiera, en algunos casos, ha llegado a $ 500.000 por mes por deuda acumulada.
El ministro de Economía provincial, Eduardo Garvich, respondió que el Gobierno analiza un mecanismo que tienda a bajar las tasas de interés. Y recordó que la Provincia aportó soluciones para la actividad en el marco de una comisión de trabajo conformada por las secretarías de Hacienda y de Obras Públicas y las cámaras que representan a constructores. Entre otras acciones ofrecidas ayer a los empresarios, el ministro mencionó:
• El pago de $ 190 millones (ya ejecutado) por las deudas al 31 de octubre pasado.
• La cancelación de la parte de la deuda que le corresponde a la Provincia hasta diciembre, que sería abonada este mes. Además se prevé saldar en junio los certificados vencidos a marzo pasado. En total, la deuda sería de $ 90 millones. Mientras tanto, espera la remisión de fondos nacionales.
• El Ejecutivo está en tratativas con el Banco Tucumán para bajar tasas para descuentos de certificados de obras hasta un 25% (que no sería retroactiva).
• Aprobar un índice provisorio de construcción para calcular los mayores costos de la actividad.
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