El Gobierno asistirá a los empleados por la crisis en el San Juan

El Gobierno otorgará un subsidio de $ 2.000 por trabajador como alternativa para mitigar la crisis financiera que atraviesa el ingenio San Juan. Funcionarios del Poder Ejecutivo (PE) anunciaron la asistencia económica en una reunión con los representantes de los trabajadores, según confirmó ayer Ramón Padilla, secretario general del sindicato de obreros del surco y fábrica de esa planta azucarera, una de las dos organizaciones gremiales que intervienen en el conflicto.

A su vez, una fuente oficial dijo que el Gobierno avanzará en una especie de salvataje del ingenio para asegurar la molienda de este año, aunque no se confirmó el mecanismo legal que podría utilizarse en este caso.

“El último sueldo cobrado fue el correspondiente a noviembre de 2015. Desde diciembre no tenemos ingresos salariales. Con $ 2.000 no hacemos nada, pero es una ayuda. Algunos (trabajadores) cobraron el plan interzafra y otros, no. Inclusive, hay compañeros que no pueden enviar a los chicos a la escuela porque no les alcanza”, enfatizó Padilla, tras el encuentro de los sindicalistas con la secretaria de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; el fiscal de Estado, Daniel Leiva, entre otros funcionarios.

“Mantuvimos varios encuentros y seguimos trabajando para acercar una solución. Nuestra intención es conservar las fuentes de trabajo y que el ingenio pueda retomar su actividad azucarera”, dijo Vargas Aignasse, según información oficial.

El personal exige a la empresa Complejo Agroindustrial San Juan SA el pago de los salarios adeudados desde diciembre. El monto que reclaman superaría los $ 9 millones. Semanas atrás, el Gobierno asistió a los empleados con $ 1.000 de subsidio por cada persona. Los gremios esperan, en particular, una resolución del proceso judicial que condiciona la continuidad de la planta.

En diciembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) reconoció la legitimidad de Marcas SRL para impugnar un salvataje de Complejo Agroindustrial SA, que había sido confirmado por la Corte Suprema tucumana en 2004. Así, la causa volvió al fuero provincial, pero sin definiciones hasta el momento.

“El tiempo nos apremia. Todos los ingenios están por comenzar (la zafra); mientras que nosotros no podemos realizar los arreglos de la planta”, enfatizó Padilla.