14 Abril 2016
DEFENSOR Y DENUNCIANTE. Juan Roberto Robles en un retrato de archivo. la gaceta / foto de diego aráoz
Juan Roberto y Juan Andrés Robles denunciaron la existencia de una asociación ilícita en el Poder Judicial de Tucumán. Los defensores de Roxana Teves y de sus familiares, y también militantes de la Unión Cívica Radical, atribuyeron a esta supuesta banda la comisión de diversos delitos dirigidos a tomar control del patrimonio de más de $ 20 millones que había pertenecido a Augusto Severini, quien falleció en septiembre de 2009. Los Robles (son padre e hijo) involucraron en la presunta maniobra al ministro público Edmundo Jiménez; a dos de sus hijos, los abogados Edmundo Javier y Ana Lucía Jiménez; al ex fiscal Guillermo Herrera; a la heredera Carolina Severini, “y a quienes resultaren sus partícipes, cómplices, encubridores e instigadores”.
La denuncia ingresó en la Fiscalía N°9 de esta capital, que subroga la fiscala Adriana Reinoso Cuello, y describe con detalle el caso “Teves” o “Teves-Albarracín”. Esta causa fue iniciada a fines de 2009 a partir de una presentación de Carolina Severini, quien se apersonó en la ex Fiscalía de Herrera con la asistencia de los hijos del jefe de los fiscales y de los defensores oficiales. Los Robles expresaron que la única heredera del empresario -que había sido pareja y socio de hecho de Teves hasta que falleció-, los Jiménez y Herrera, amigo público de aquellos, usaron la Justicia penal “como una rápida y eficaz agencia de cobranzas”. “Hubo un concierto de voluntades para despojar de los bienes a Teves. Las pruebas nos permiten presumir fundadamente que Edmundo Jiménez, entonces ministro de Gobierno y Justicia de la gestión de José Alperovich, disponía de un gran poder político y podía ser el armador de esta maniobra ilícita”, afirmaron.
“Oportunidad histórica”
Los denunciantes relataron que Teves había logrado en sede civil medidas cautelares para cobrar el 50% de un plazo fijo en dólares registrado a nombre suyo y del empresario, y para iniciar la disolución de la sociedad de hecho. Entonces, según la denuncia, la heredera y los Jiménez comenzaron a amenazar a Teves con que iría presa si no desistía de sus demandas patrimoniales. Pocos meses después de la muerte de su padre, Carolina Severini acusó a Teves, a dos de sus hijos y a una nuera de haber privado de la libertad al empresario para quedarse con su fortuna. La denuncia articulada ayer indica que Teves ventiló las presiones a las que estaba siendo sometida en cartas documento enviadas a Antonio Estofán, vocal y entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán; al ex ministro público Luis de Mitri; al ex gobernador Alperovich y al propio Edmundo Jiménez.
Las misivas no lograron frenar el avance de la causa radicada en la ex Fiscalía de Herrera. Los Robles dijeron que el ex fiscal, los Jiménez y Carolina Severini “armaron” una causa para detener a Teves, a su hijo, a su hija y a una nuera. Añadieron que Herrera y la jueza N°2, Emma de Nucci (falleció en 2012), dictaban “en el día” las medidas solicitadas por los Jiménez. La denuncia indica que incluso dispusieron la prisión preventiva de Teves y de sus familiares asignándoles una “presunta asociación ilícita”.
Los Robles afirmaron que, estando presa, Teves cambió de abogados (se hicieron cargo de su caso René Goane hijo y Alfredo Falú) y su relato de los hechos, y que renunció a todas las pretensiones que tenía sobre el patrimonio de su concubino. “Dos días después, Herrera requirió la libertad de Teves y de sus parientes; la entrega definitiva de los plazos fijos en dólares que ascendían a alrededor de $ 6 millones en la persona del apoderado de Carolina Severini, es decir de Edmundo Jiménez (h)”, dijeron los denunciantes. Y agregaron que como el Citibank no había transferido el dinero, Herrera requirió incluso el allanamiento del banco y la detención del gerente.
Los Robles manifestaron que la causa “Teves” fue mencionada, junto a otros procesos, como ejemplo del presunto proceder extorsivo de la Justicia penal en la denuncia que el Colegio de Abogados de la Capital presentó en 2015. El escándalo derivó en una auditoría y en un sumario administrativo que detectaron irregularidades, y, en última instancia, precipitó la jubilación de Herrera. La denuncia recuerda que el ministro público Jiménez giró el caso “Teves” a la fiscala Adriana Giannoni y que en septiembre esta lo elevó a juicio pese a que el fiscal Diego López Ávila le había enviado el testimonio que incriminaba a los Jiménez, a Herrera y a Carolina Severini (la Justicia aún no se expidió sobre el requerimiento). Adelantándose a las “conocidas dilaciones por excusaciones inmotivadas” de magistrados, los Robles pidieron a la Corte que garantice con suma celeridad el inicio de la investigación relativa a su denuncia y la asigne a un juez de Instrucción: “es una oportunidad histórica para la Justicia. En juego están las esperanzas de una sociedad que a lo largo y ancho del país exige un ‘Nunca Más’ a la impunidad”.
La denuncia ingresó en la Fiscalía N°9 de esta capital, que subroga la fiscala Adriana Reinoso Cuello, y describe con detalle el caso “Teves” o “Teves-Albarracín”. Esta causa fue iniciada a fines de 2009 a partir de una presentación de Carolina Severini, quien se apersonó en la ex Fiscalía de Herrera con la asistencia de los hijos del jefe de los fiscales y de los defensores oficiales. Los Robles expresaron que la única heredera del empresario -que había sido pareja y socio de hecho de Teves hasta que falleció-, los Jiménez y Herrera, amigo público de aquellos, usaron la Justicia penal “como una rápida y eficaz agencia de cobranzas”. “Hubo un concierto de voluntades para despojar de los bienes a Teves. Las pruebas nos permiten presumir fundadamente que Edmundo Jiménez, entonces ministro de Gobierno y Justicia de la gestión de José Alperovich, disponía de un gran poder político y podía ser el armador de esta maniobra ilícita”, afirmaron.
“Oportunidad histórica”
Los denunciantes relataron que Teves había logrado en sede civil medidas cautelares para cobrar el 50% de un plazo fijo en dólares registrado a nombre suyo y del empresario, y para iniciar la disolución de la sociedad de hecho. Entonces, según la denuncia, la heredera y los Jiménez comenzaron a amenazar a Teves con que iría presa si no desistía de sus demandas patrimoniales. Pocos meses después de la muerte de su padre, Carolina Severini acusó a Teves, a dos de sus hijos y a una nuera de haber privado de la libertad al empresario para quedarse con su fortuna. La denuncia articulada ayer indica que Teves ventiló las presiones a las que estaba siendo sometida en cartas documento enviadas a Antonio Estofán, vocal y entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán; al ex ministro público Luis de Mitri; al ex gobernador Alperovich y al propio Edmundo Jiménez.
Las misivas no lograron frenar el avance de la causa radicada en la ex Fiscalía de Herrera. Los Robles dijeron que el ex fiscal, los Jiménez y Carolina Severini “armaron” una causa para detener a Teves, a su hijo, a su hija y a una nuera. Añadieron que Herrera y la jueza N°2, Emma de Nucci (falleció en 2012), dictaban “en el día” las medidas solicitadas por los Jiménez. La denuncia indica que incluso dispusieron la prisión preventiva de Teves y de sus familiares asignándoles una “presunta asociación ilícita”.
Los Robles afirmaron que, estando presa, Teves cambió de abogados (se hicieron cargo de su caso René Goane hijo y Alfredo Falú) y su relato de los hechos, y que renunció a todas las pretensiones que tenía sobre el patrimonio de su concubino. “Dos días después, Herrera requirió la libertad de Teves y de sus parientes; la entrega definitiva de los plazos fijos en dólares que ascendían a alrededor de $ 6 millones en la persona del apoderado de Carolina Severini, es decir de Edmundo Jiménez (h)”, dijeron los denunciantes. Y agregaron que como el Citibank no había transferido el dinero, Herrera requirió incluso el allanamiento del banco y la detención del gerente.
Los Robles manifestaron que la causa “Teves” fue mencionada, junto a otros procesos, como ejemplo del presunto proceder extorsivo de la Justicia penal en la denuncia que el Colegio de Abogados de la Capital presentó en 2015. El escándalo derivó en una auditoría y en un sumario administrativo que detectaron irregularidades, y, en última instancia, precipitó la jubilación de Herrera. La denuncia recuerda que el ministro público Jiménez giró el caso “Teves” a la fiscala Adriana Giannoni y que en septiembre esta lo elevó a juicio pese a que el fiscal Diego López Ávila le había enviado el testimonio que incriminaba a los Jiménez, a Herrera y a Carolina Severini (la Justicia aún no se expidió sobre el requerimiento). Adelantándose a las “conocidas dilaciones por excusaciones inmotivadas” de magistrados, los Robles pidieron a la Corte que garantice con suma celeridad el inicio de la investigación relativa a su denuncia y la asigne a un juez de Instrucción: “es una oportunidad histórica para la Justicia. En juego están las esperanzas de una sociedad que a lo largo y ancho del país exige un ‘Nunca Más’ a la impunidad”.
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