13 Abril 2016
El inicio del juicio oral contra el industrial azucarero Jorge Rocchia Ferro había generado expectativas en Santiago del Estero, al tratarse de la primera denuncia por supuesta contaminación ambiental que llegaba a esa instancia en el fuero Federal. Sin embargo, esa posibilidad fue aplazada como consecuencia de la estrategia que llevó adelante la defensa del imputado.
El proceso fue suspendido en la primera jornada cuando la defensa del industrial tucumano planteó la incompetencia del Tribunal Oral en lo Criminal de esa provincia, al considerar que el debate debe realizarse en Tucumán, donde se originó el derrame de vinaza, hace casi cuatro años.
En el banquillo de los acusados estuvo el titular de Compañía Azucarera Los Balcanes, administradora de la fábrica y destilería de alcohol La Florida y de los ingenios Cruz Alta y Aguilares. El empresario se presentó ante el Tribunal por el vuelco de vinaza a los ríos que llegó a territorio santiagueño. También era juzgado el gerente de la planta, José Ramón Coronel.
Ambos fueron procesados por el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, por infracción al artículo 200 del Código Penal, que sanciona a quien utilizando residuos envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En aquel momento el magistrado trabó embargo por $ 200.000 para el titular del grupo Los Balcanes SA, consignó la agencia de noticias DyN.
Luego de que se leyera la requisitoria fiscal, uno de los defensores del empresario, Arnaldo Ramón Ahumada, cuestionó la competencia territorial al argumentar que los delitos que se imputan al empresario deben ser investigados y juzgados en Tucumán. La defensa de Rocchia Ferro había realizado el mismo planteo en la etapa de instrucción.
Luego del mediodía, El Tribunal Oral, integrado por los magistrados tucumanos Alicia Noli, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla, hizo lugar al cuestionamiento formal. Se espera desde ahora la resolución oficial de la Cámara para conocer si el juicio oral seguirá en Santiago del Estero o Tucumán, según explicaron fuentes judiciales.
En la primera jornada, iban a declarar cuatro testigos de un total de 23. Estos son considerados los más importantes, al haber impulsado la denuncia inicial. Entre ellos, figura el defensor del Pueblo santiagueño, Martín Díaz Achával.
La Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo santiagueños impulsaron la denuncia penal por el vertido de más de 86 millones de litros de vinaza a un canal de desagüe interprovincial, que desemboca en inmediaciones de la localidad de Palomar, departamento Jiménez, entre fines de 2012 y principios de 2013.
La vinaza es un desecho industrial que se genera al producir alcohol utilizando la melaza de caña de azúcar.
Si bien no es dañina para la salud de forma directa, consume el oxígeno del agua y puede salinizar suelos cuando se seca, además de generar olores nauseabundos por la descomposición de la materia orgánica con la que está formada.
El proceso fue suspendido en la primera jornada cuando la defensa del industrial tucumano planteó la incompetencia del Tribunal Oral en lo Criminal de esa provincia, al considerar que el debate debe realizarse en Tucumán, donde se originó el derrame de vinaza, hace casi cuatro años.
En el banquillo de los acusados estuvo el titular de Compañía Azucarera Los Balcanes, administradora de la fábrica y destilería de alcohol La Florida y de los ingenios Cruz Alta y Aguilares. El empresario se presentó ante el Tribunal por el vuelco de vinaza a los ríos que llegó a territorio santiagueño. También era juzgado el gerente de la planta, José Ramón Coronel.
Ambos fueron procesados por el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, por infracción al artículo 200 del Código Penal, que sanciona a quien utilizando residuos envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En aquel momento el magistrado trabó embargo por $ 200.000 para el titular del grupo Los Balcanes SA, consignó la agencia de noticias DyN.
Luego de que se leyera la requisitoria fiscal, uno de los defensores del empresario, Arnaldo Ramón Ahumada, cuestionó la competencia territorial al argumentar que los delitos que se imputan al empresario deben ser investigados y juzgados en Tucumán. La defensa de Rocchia Ferro había realizado el mismo planteo en la etapa de instrucción.
Luego del mediodía, El Tribunal Oral, integrado por los magistrados tucumanos Alicia Noli, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla, hizo lugar al cuestionamiento formal. Se espera desde ahora la resolución oficial de la Cámara para conocer si el juicio oral seguirá en Santiago del Estero o Tucumán, según explicaron fuentes judiciales.
En la primera jornada, iban a declarar cuatro testigos de un total de 23. Estos son considerados los más importantes, al haber impulsado la denuncia inicial. Entre ellos, figura el defensor del Pueblo santiagueño, Martín Díaz Achával.
La Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo santiagueños impulsaron la denuncia penal por el vertido de más de 86 millones de litros de vinaza a un canal de desagüe interprovincial, que desemboca en inmediaciones de la localidad de Palomar, departamento Jiménez, entre fines de 2012 y principios de 2013.
La vinaza es un desecho industrial que se genera al producir alcohol utilizando la melaza de caña de azúcar.
Si bien no es dañina para la salud de forma directa, consume el oxígeno del agua y puede salinizar suelos cuando se seca, además de generar olores nauseabundos por la descomposición de la materia orgánica con la que está formada.
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