17 Marzo 2016
La paralización de la obra pública representa uno de los principales problemas para el Gobierno provincial. A tal punto llegó esa dificultad que Tucumán es la única provincia que registra un corte en la cadena de pago a las constructores por los proyectos de infraestructura. Así lo señalaron en la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), entidad que ratificó su preocupación por el atraso en el envío de fondos estatales de más de alrededor de 150 días, lo que ha llevado a una crisis financiera del sector privado.
“En la última reunión de la Confederación de PyMES Constructoras de la República Argentina (CPC), el jueves de la semana pasada, quedó demostrado que provincias vecinas cancelaron hasta el mes de enero. La Nación pudo rendir ya todos los fondos (por obras) a los gobiernos provinciales porque se presentó documentación de forma prolija”, afirmó ayer Daniel Mafud, presidente de la CTC y director del CPC.
“Entonces, estas provincias, en particular, del Norte Grande, se encuentran en otra etapa. Están definiendo el desarrollo de nuevas obras y la viabilidad de futuros proyectos. Sin duda, hay incertidumbre respecto de las futuras obras, por ejemplo, cómo saldrá adelante el Plan Belgrano, pero nosotros nos encontramos hoy con el impago de certificados desde agosto”, enfatizó Mafud.
El empresario ratificó que sólo en Tucumán se ha registrado un atraso de más de 150 días en el pago de los contratos de obra pública. “En la reunión de la entidad nacional, supe que los gobiernos de Salta, Jujuy o Corrientes lograron resolver sus situaciones. Fundamentalmente, las provincias pudieron saldar los problemas con fondos de los organismos provinciales de recaudación. Inclusive, sobrepasaron este período de transición de autoridades nacionales, que implica cambios de firma y un organigrama de funciones general”, añadió.
El directivo apuntó a la administración de Juan Manzur al afirmar que ni siquiera reconoció el costo financiera de las empresas constructoras locales, como lo establece la Ley de Obras Públicas provincial en situación de desfinanciamiento de gobierno.
Los empresarios del sector vienen reclamando que la mora de los diferentes organismos provinciales, en particular, del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), ronda los $ 350 millones y cubre casi el segundo semestre de este año y los primeros meses de 2016. La deuda provincial es mayor a la obligación de la Nación, que oscila en $ 180 millones.
Las constructoras continúan financiando desde 2014 la obra pública, afirmó la CTC, a través de la venta de certificados a agentes financieros. Según la Cámara, esa operatoria ha costado a las firmas $ 100 millones en intereses (con tasas de entre 30% y 40%).
“Estamos acorralados. Las empresas fueron reduciendo el personal y se llegó al corte de la cadena de pago de los proveedores”, finalizó.
“En la última reunión de la Confederación de PyMES Constructoras de la República Argentina (CPC), el jueves de la semana pasada, quedó demostrado que provincias vecinas cancelaron hasta el mes de enero. La Nación pudo rendir ya todos los fondos (por obras) a los gobiernos provinciales porque se presentó documentación de forma prolija”, afirmó ayer Daniel Mafud, presidente de la CTC y director del CPC.
“Entonces, estas provincias, en particular, del Norte Grande, se encuentran en otra etapa. Están definiendo el desarrollo de nuevas obras y la viabilidad de futuros proyectos. Sin duda, hay incertidumbre respecto de las futuras obras, por ejemplo, cómo saldrá adelante el Plan Belgrano, pero nosotros nos encontramos hoy con el impago de certificados desde agosto”, enfatizó Mafud.
El empresario ratificó que sólo en Tucumán se ha registrado un atraso de más de 150 días en el pago de los contratos de obra pública. “En la reunión de la entidad nacional, supe que los gobiernos de Salta, Jujuy o Corrientes lograron resolver sus situaciones. Fundamentalmente, las provincias pudieron saldar los problemas con fondos de los organismos provinciales de recaudación. Inclusive, sobrepasaron este período de transición de autoridades nacionales, que implica cambios de firma y un organigrama de funciones general”, añadió.
El directivo apuntó a la administración de Juan Manzur al afirmar que ni siquiera reconoció el costo financiera de las empresas constructoras locales, como lo establece la Ley de Obras Públicas provincial en situación de desfinanciamiento de gobierno.
Los empresarios del sector vienen reclamando que la mora de los diferentes organismos provinciales, en particular, del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), ronda los $ 350 millones y cubre casi el segundo semestre de este año y los primeros meses de 2016. La deuda provincial es mayor a la obligación de la Nación, que oscila en $ 180 millones.
Las constructoras continúan financiando desde 2014 la obra pública, afirmó la CTC, a través de la venta de certificados a agentes financieros. Según la Cámara, esa operatoria ha costado a las firmas $ 100 millones en intereses (con tasas de entre 30% y 40%).
“Estamos acorralados. Las empresas fueron reduciendo el personal y se llegó al corte de la cadena de pago de los proveedores”, finalizó.
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