09 Marzo 2016
CONTRA JIMÉNEZ. Francisco García Posse en un retrato de archivo. la gaceta / foto de héctor peralta (archivo)
La conducta del fiscal Washington Navarro Dávila (N°5) respecto de una denuncia en la prensa del ex fiscal Guillermo Herrera es seguida con atención y preocupación en los colegios de abogados de la provincia. Tanto Francisco García Posse como Diego Vals, respectivos presidentes de las entidades de la capital y del sur, consideraron excesiva la posición del fiscal, que el martes sugirió que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán lo condicionaba. Estas manifestaciones surgieron a propósito de la decisión de Navarro Dávila de solicitar a Oscar Talevi, el funcionario judicial a cargo de la central telefónica, los números de los celulares de los vocales Antonio Gandur, Claudia Sbdar, René Goane, Antonio Estofán y Daniel Posse.
“Lo que hizo Navarro Dávila es una exhibición de poder ante la Corte y la versión de que se siente condicionado resulta una provocación”, definió García Posse durante una conversación en un café de la zona del Palacio de Justicia. Y añadió: “el alto tribunal debería hacerse cargo de esta agresión y dar una respuesta porque, con seguridad, detrás de esto está el jefe de Navarro Dávila, Edmundo Jiménez”. A mediados de 2014, el presidente de la entidad capitalina se opuso al nombramiento de Jiménez, ex ministro de Gobierno y Justicia histórico de José Alperovich, como titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Este enfrentamiento se intensificó hace un año, cuando García Posse denunció a Herrera por la supuesta comisión de delitos en las causas “Teves-Albarracín”, “Rigourd”, “Valdez” y “Jorrat”.
El dirigente del Colegio de Abogados del Sur recordó que la Corte, por medio del presidente Gandur, había solicitado al Ministerio Público la investigación de los comentarios incriminatorios de Herrera. El 11 de junio, el ex fiscal N°10 -renunció en septiembre para jubilarse con el beneficio del 82% móvil- había dicho que un vocal de la Corte que no era ni su titular ni la integrante mujer había intentado por interpósita persona torcer su voluntad en la causa “Delgado”. De inmediato, Gandur giró los antecedentes a la fiscala de turno, María del Carmen Reuter (N°3), que luego se inhibió y los pasó a Diego López Ávila (N°4), que hizo lo propio. La causa luego pasó a un segundo plano hasta que, la semana pasada, Navarro Dávila exigió los teléfonos a Talevi en ausencia de cuatro de los cinco vocales (Gandur, Sbdar, Estofán y Posse estaban en Santa Fe, donde se entrevistaron con Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación).
“La Corte demostró que no pone trabas a la pesquisa del supuesto tráfico de influencias”, evaluó Vals a continuación de García Posse. Y manifestó: “si bien todos somos pasibles de investigación, es obligatorio usar los canales jurídicos y judiciales apropiados”. El expediente “Delgado” data de 2013 y su origen es la denuncia de una supuesta usurpación de un predio de dos hectáreas que el Club San Martín atribuyó a los hermanos Walter Fabián y José Dante Delgado. El primero, que se presentó como copropietario del fundo, expresó en sede penal y administrativa que Herrera restituyó el bien al club sin indagar a los denunciados, y con el consentimiento del juez Juan Francisco Pisa, y que, luego, ordenó el archivo de las actuaciones. En un informe dirigido a la Corte en mayo, Herrera defendió el trámite de la causa y dijo que seguía investigándola.
A su regreso de Santa Fe, Gandur respondió a Navarro Dávila que debía pedir los teléfonos por la vía correspondiente y limitar la medida en forma estricta. El lunes, el fiscal replicó: “si ha habido una mala interpretación del oficio, deben recapacitar y no salir a cuestionar por medio de la prensa. Hasta acá, el presidente de la Corte dice que el oficio es impertinente... Yo a él no le he pedido el informe. A mí me tiene que contestar Talevi y no Gandur. En su momento me dirigiré a él, si lo considero pertinente. Pero no me pueden condicionar una investigación. Hay que ser muy respetuoso y esperar los acontecimientos”.
El presidente de la Corte prefirió no hacer comentarios sobre las últimas apreciaciones de Navarro Dávila. La Corte mantuvo ayer una reunión donde se habría tratado este asunto y definido un curso de acción conjunto.
“Lo que hizo Navarro Dávila es una exhibición de poder ante la Corte y la versión de que se siente condicionado resulta una provocación”, definió García Posse durante una conversación en un café de la zona del Palacio de Justicia. Y añadió: “el alto tribunal debería hacerse cargo de esta agresión y dar una respuesta porque, con seguridad, detrás de esto está el jefe de Navarro Dávila, Edmundo Jiménez”. A mediados de 2014, el presidente de la entidad capitalina se opuso al nombramiento de Jiménez, ex ministro de Gobierno y Justicia histórico de José Alperovich, como titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Este enfrentamiento se intensificó hace un año, cuando García Posse denunció a Herrera por la supuesta comisión de delitos en las causas “Teves-Albarracín”, “Rigourd”, “Valdez” y “Jorrat”.
El dirigente del Colegio de Abogados del Sur recordó que la Corte, por medio del presidente Gandur, había solicitado al Ministerio Público la investigación de los comentarios incriminatorios de Herrera. El 11 de junio, el ex fiscal N°10 -renunció en septiembre para jubilarse con el beneficio del 82% móvil- había dicho que un vocal de la Corte que no era ni su titular ni la integrante mujer había intentado por interpósita persona torcer su voluntad en la causa “Delgado”. De inmediato, Gandur giró los antecedentes a la fiscala de turno, María del Carmen Reuter (N°3), que luego se inhibió y los pasó a Diego López Ávila (N°4), que hizo lo propio. La causa luego pasó a un segundo plano hasta que, la semana pasada, Navarro Dávila exigió los teléfonos a Talevi en ausencia de cuatro de los cinco vocales (Gandur, Sbdar, Estofán y Posse estaban en Santa Fe, donde se entrevistaron con Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación).
“La Corte demostró que no pone trabas a la pesquisa del supuesto tráfico de influencias”, evaluó Vals a continuación de García Posse. Y manifestó: “si bien todos somos pasibles de investigación, es obligatorio usar los canales jurídicos y judiciales apropiados”. El expediente “Delgado” data de 2013 y su origen es la denuncia de una supuesta usurpación de un predio de dos hectáreas que el Club San Martín atribuyó a los hermanos Walter Fabián y José Dante Delgado. El primero, que se presentó como copropietario del fundo, expresó en sede penal y administrativa que Herrera restituyó el bien al club sin indagar a los denunciados, y con el consentimiento del juez Juan Francisco Pisa, y que, luego, ordenó el archivo de las actuaciones. En un informe dirigido a la Corte en mayo, Herrera defendió el trámite de la causa y dijo que seguía investigándola.
A su regreso de Santa Fe, Gandur respondió a Navarro Dávila que debía pedir los teléfonos por la vía correspondiente y limitar la medida en forma estricta. El lunes, el fiscal replicó: “si ha habido una mala interpretación del oficio, deben recapacitar y no salir a cuestionar por medio de la prensa. Hasta acá, el presidente de la Corte dice que el oficio es impertinente... Yo a él no le he pedido el informe. A mí me tiene que contestar Talevi y no Gandur. En su momento me dirigiré a él, si lo considero pertinente. Pero no me pueden condicionar una investigación. Hay que ser muy respetuoso y esperar los acontecimientos”.
El presidente de la Corte prefirió no hacer comentarios sobre las últimas apreciaciones de Navarro Dávila. La Corte mantuvo ayer una reunión donde se habría tratado este asunto y definido un curso de acción conjunto.
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