Por Mirta Isabel Lazzaroni
01 Marzo 2016
“El que paga elige”, repetía con firmeza un antiguo amigo mientras explicaba que a la hora de irse de vacaciones el destino lo decidía él y no su esposa. En otras palabras él tenía “el poder del dinero”. Es cultura de tomar el dinero como valor central, como herramienta de poder y de presión está instalada en nuestra sociedad. Baja desde las más altas autoridades y se mete en las alcobas más íntimas. Y el resultado es tomar como natural eso que decía aquel amigo: manda el que tiene la billetera más abultada.
Esta pulseada por ver quién elige y quién manda se está viviendo en estos momentos en dos planos: Provincia-Nación y Provincia-Municipalidades. Es la eterna discusión por los fondos de la Coparticipación Federal que se mantienen en un esquema discutible. La Nación se lleva la mayor porción, las provincias se quedan con una fracción más pequeña y la menor cantidad va para las municipalidades. Y sin embargo, son estas las que más cerca están de la gente.
Son los gobiernos municipales los que atienden los servicios básicos, y los que tienen el contacto directo con los ciudadanos. En muchos casos, incluso, deben salir a dar respuesta a temas como la salud, la educación y la seguridad aunque estas cuestiones son responsabilidad de la Provincia o de la Nación. Y mientras este esquema ha sido mantenido por todos los gobiernos, con algunos mínimos cambios, el que sale perdiendo es el pueblo. Una ciudad postergada no es un grupo de autoridades que la pasan mal; son cientos o miles de personas que ven frustrados sus sueños y su bienestar.
Una muestra de esta puja que se da entre los gobiernos es lo que está ocurriendo con el aumento salarial de los docentes. La Nación, es decir el presidente Mauricio Macri, les aseguró los fondos a la provincia de Buenos Aires y a la Capital Federal -que están bajo gobiernos de su propio partido, el PRO- para que les den un incremento del 35% a maestros y profesores. Pero se muestra reticente hacia las provincias. Esa imposibilidad de disponer de los dineros que necesitan es lo que hizo que, al menos en Tucumán, se mantenga en vilo a la población respecto del inicio de las clases. Ese retaceo de recursos es el modo de “disciplinar” a los gobernadores, y lo han ejercido todos los gobiernos.
Hacia abajo
A su vez, el gobernador Juan Manzur -como antes lo había hecho José Alperovich, y antes, otros- traslada ese tironeo al que él es sometido por el poder central a su relación con las municipalidades. Nada más que en Tucumán, el mandatario heredó el pacto social, un instrumento nacido durante la gestión de Julio Miranda.
Si bien este acuerdo -por el cual el gobierno provincial les garantizaba a las municipalidades el pago de los sueldos y estas le cedían los dineros de la coparticipación- permitió apaciguar los conflictos sociales en la provincia en los primeros años de la década pasada, hoy se ha convertido en un cepo del que, hasta ahora, solo pudo salir la Municipalidad de la capital. Esto se debe -según fuentes del área financiera de la comuna- a que el gasto en personal ronda el 42% de los ingresos totales del municipio. Un entendido en la materia afirma que cuando el pago de salarios insume más del 50% del ingreso más temprano que tarde surgirán los inconvenientes.
Desbalance
Por esto es que el pacto social hubiera funcionado muy bien si no se hubiera abultado la planilla de personal. Pero ningún intendente cumplió con este requisito. Claro que algunas se excedieron. Un caso dramático es el de Bella Vista donde los ingresos anuales por recursos propios ascienden a $ 3 millones anuales mientras que la planilla salarial alcanza los $ 6 millones por año. Es decir, sin la asistencia de la Provincia, sería una municipalidad quebrada.
Bajo la gestión de Alperovich se creó un fideicomiso para financiar obras públicas, instrumento que contribuyó a que las municipalidades se endeuden más, con los que el control del mandatario sobre los intendentes era todavía mayor.
Y así se llega al momento actual en que por más que hagan números, la realidad les dice a los intendentes que sus municipalidades son inviables sin el apoyo del gobierno, de manera que por más vueltas que le den están obligados a firmar el pacto social. Y eso implica quedar en las manos de Manzur. Porque la Provincia solo garantiza el pago de salarios, pero para hacer obras o cubrir los servicios indispensables que deben brindar a los vecinos los intendentes tienen que pedir fondos extras. Y la cantidad que les den dependerá de la buena voluntad del gobernador y del “buen comportamiento” político del intendente en cuestión. El pacto no obliga al gobierno provincial a entregar una cuota o un porcentaje de coparticipación. Solo el pago de salarios. Lo otro deben negociarlo.
Esto lo ha sufrido en carne propia el intendente de Concepción, Roberto Sánchez (Cambiemos). Allegados a su administración revelaron que fue a negociar con Manzur para firmar el pacto social. Y la respuesta fue, en una traducción libre, más o menos así: “Firmá. Vos entregás toda la coparticipación. Nosotros te vamos a prestar plata. Pero no sabemos cuánto”. El jefe comunal no se decidió. El intendente capitalino, Germán Alfaro (Acuerdo por el Bicentenario), en tanto, puede hacer equilibrio todavía pero no tiene mucho margen, ya que el 42% de ingresos que le insume la planilla salarial seguramente aumentará cuando se abran las discusiones por un incremento de haberes. No obstante sabe que tiene la ley de su lado y puede exigir lo que le corresponde por coparticipación sin ser extorsionado.
Tal vez por eso él, Sánchez y el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero (Cambiemos) miran a la Nación para que los ayude a enfrentar la tiranía de esa billetera que se cree con derecho a decidir, y a elegir a quiénes da y a quiénes quita.
Esta pulseada por ver quién elige y quién manda se está viviendo en estos momentos en dos planos: Provincia-Nación y Provincia-Municipalidades. Es la eterna discusión por los fondos de la Coparticipación Federal que se mantienen en un esquema discutible. La Nación se lleva la mayor porción, las provincias se quedan con una fracción más pequeña y la menor cantidad va para las municipalidades. Y sin embargo, son estas las que más cerca están de la gente.
Son los gobiernos municipales los que atienden los servicios básicos, y los que tienen el contacto directo con los ciudadanos. En muchos casos, incluso, deben salir a dar respuesta a temas como la salud, la educación y la seguridad aunque estas cuestiones son responsabilidad de la Provincia o de la Nación. Y mientras este esquema ha sido mantenido por todos los gobiernos, con algunos mínimos cambios, el que sale perdiendo es el pueblo. Una ciudad postergada no es un grupo de autoridades que la pasan mal; son cientos o miles de personas que ven frustrados sus sueños y su bienestar.
Una muestra de esta puja que se da entre los gobiernos es lo que está ocurriendo con el aumento salarial de los docentes. La Nación, es decir el presidente Mauricio Macri, les aseguró los fondos a la provincia de Buenos Aires y a la Capital Federal -que están bajo gobiernos de su propio partido, el PRO- para que les den un incremento del 35% a maestros y profesores. Pero se muestra reticente hacia las provincias. Esa imposibilidad de disponer de los dineros que necesitan es lo que hizo que, al menos en Tucumán, se mantenga en vilo a la población respecto del inicio de las clases. Ese retaceo de recursos es el modo de “disciplinar” a los gobernadores, y lo han ejercido todos los gobiernos.
Hacia abajo
A su vez, el gobernador Juan Manzur -como antes lo había hecho José Alperovich, y antes, otros- traslada ese tironeo al que él es sometido por el poder central a su relación con las municipalidades. Nada más que en Tucumán, el mandatario heredó el pacto social, un instrumento nacido durante la gestión de Julio Miranda.
Si bien este acuerdo -por el cual el gobierno provincial les garantizaba a las municipalidades el pago de los sueldos y estas le cedían los dineros de la coparticipación- permitió apaciguar los conflictos sociales en la provincia en los primeros años de la década pasada, hoy se ha convertido en un cepo del que, hasta ahora, solo pudo salir la Municipalidad de la capital. Esto se debe -según fuentes del área financiera de la comuna- a que el gasto en personal ronda el 42% de los ingresos totales del municipio. Un entendido en la materia afirma que cuando el pago de salarios insume más del 50% del ingreso más temprano que tarde surgirán los inconvenientes.
Desbalance
Por esto es que el pacto social hubiera funcionado muy bien si no se hubiera abultado la planilla de personal. Pero ningún intendente cumplió con este requisito. Claro que algunas se excedieron. Un caso dramático es el de Bella Vista donde los ingresos anuales por recursos propios ascienden a $ 3 millones anuales mientras que la planilla salarial alcanza los $ 6 millones por año. Es decir, sin la asistencia de la Provincia, sería una municipalidad quebrada.
Bajo la gestión de Alperovich se creó un fideicomiso para financiar obras públicas, instrumento que contribuyó a que las municipalidades se endeuden más, con los que el control del mandatario sobre los intendentes era todavía mayor.
Y así se llega al momento actual en que por más que hagan números, la realidad les dice a los intendentes que sus municipalidades son inviables sin el apoyo del gobierno, de manera que por más vueltas que le den están obligados a firmar el pacto social. Y eso implica quedar en las manos de Manzur. Porque la Provincia solo garantiza el pago de salarios, pero para hacer obras o cubrir los servicios indispensables que deben brindar a los vecinos los intendentes tienen que pedir fondos extras. Y la cantidad que les den dependerá de la buena voluntad del gobernador y del “buen comportamiento” político del intendente en cuestión. El pacto no obliga al gobierno provincial a entregar una cuota o un porcentaje de coparticipación. Solo el pago de salarios. Lo otro deben negociarlo.
Esto lo ha sufrido en carne propia el intendente de Concepción, Roberto Sánchez (Cambiemos). Allegados a su administración revelaron que fue a negociar con Manzur para firmar el pacto social. Y la respuesta fue, en una traducción libre, más o menos así: “Firmá. Vos entregás toda la coparticipación. Nosotros te vamos a prestar plata. Pero no sabemos cuánto”. El jefe comunal no se decidió. El intendente capitalino, Germán Alfaro (Acuerdo por el Bicentenario), en tanto, puede hacer equilibrio todavía pero no tiene mucho margen, ya que el 42% de ingresos que le insume la planilla salarial seguramente aumentará cuando se abran las discusiones por un incremento de haberes. No obstante sabe que tiene la ley de su lado y puede exigir lo que le corresponde por coparticipación sin ser extorsionado.
Tal vez por eso él, Sánchez y el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero (Cambiemos) miran a la Nación para que los ayude a enfrentar la tiranía de esa billetera que se cree con derecho a decidir, y a elegir a quiénes da y a quiénes quita.
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