Tras 10 años de investigación, sólo hay un detenido por el crimen de Paulina

“¿Saben qué cosa ocupa el lugar del hijo asesinado en un crimen impune? El expediente”. Alberto Lebbos utilizó esta frase para ilustrar los sentimientos de aquellos padres que, como él, perdieron a sus hijos y recorren Tribunales para exigir justicia. El padre de Paulina, la joven brutalmente asesinada hace una década, estuvo siete años sin poder acceder a su causa.

Cuatro fiscales asumieron la investigación del homicidio que permanece impune: Alejandro Noguera, Carlos Albaca, Daniel Marranzino y Diego López Ávila. ¿El resultado? Dos causas aguardan el trámite para ser elevadas a juicio. La tercera llegó a debate oral en 2013, pero la sentencia aún no está firme. Sólo un acusado, Roberto Gómez, está detenido.

Según Emilio Mrad, abogado de Lebbos, hubo dos claves en todo el proceso: la investigación López Ávila y el informe elaborado por Bernardo Lobo Bugeau sobre el trabajo de Albaca. “Hubo un fiscal y una Policía dedicados a degradar muestras genéticas y a desviar la investigación”, aseguró Mrad.

El expediente principal consta de 3.000 fojas y de más de 120 cuerpos. Ese volumen de papeles obliga al abogado a almacenar una parte del caso en su estudio y, otra, en su casa.

Acusación y causas

Paulina desapareció durante la madrugada del 26 de febrero de 2006. Su padre denunció la situación en la sede de la Regional Capital, casi a la medianoche. Luego de seis días de búsqueda, contrató a un abogado.

“No se me cruzaba por la cabeza hacer eso, confiaba en la Policía y en la Justicia; como todos hasta que nos golpeamos de nariz con la realidad”, comentó Lebbos a LA GACETA. Dos baquianos encontraron los restos de Paulina el 11 de marzo a la vera de la ruta 341 (Tapia). Luego del hallazgo, Pablo Baillo, ministro de Seguridad, renunció. En su lugar asumió Mario López Herrera.

El fiscal Noguera encabezó la investigación hasta el 20 de abril de ese año. Su ex jefe, Luis De Mitri, le quitó el caso luego de ser fotografiado por este diario saliendo de la casa del ex gobernador José Alperovich (algunos años después, ese mandatario ascendió a Noguera a fiscal de la Cámara de Apelaciones). Hasta ese momento, la pesquisa había estado orientada a seguir la línea del relato de Virginia Mercado, amiga de Paulina. De Mitri dispuso entonces que la causa pasase a Albaca y que este actuase con la supervisión de Marranzino, fiscal de Cámara (fuentes judiciales indicaron que Marranzino terminó apartándose del caso por diferencias con Albaca). El ex fiscal N°2 dictó el secreto de sumario con el argumento de que la divulgación de información iba a entorpecer la investigación. Siete años después y por las constantes denuncias de Lebbos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación designó a Lobo Bugeau para que revisara el desempeño de Albaca. Un informe lapidario obligó a la Corte a derivar el expediente a López Ávila.

“Hasta ese momento no se habían realizado tareas de investigación. El ex fiscal Albaca no nos dejó ver el expediente; desvió la investigación y degradó todo el material genético (muestras de sangre y cabellos) recolectado. Desde el mismo momento en que encontraron a Paulina se dedicaron a inutilizar toda la prueba. Se movió el cuerpo antes de comenzar con las operaciones periciales y se macheteó toda la zona. La investigación fue ensuciada desde el comienzo”, resumió Mrad.

La primera causa

El abogado de Lebbos repitió la palabra “encubrimiento” a lo largo de la entrevista con este diario en su despacho. Acusó de ello a ex funcionarios de gabinete de Alperovich y a policías. No hay otra razón, comentó, para que se obligara a declarar falsamente a los hermanos Marcelo y Sergio Goitea, que en un primer momento dijeron que la Policía había hallado el cuerpo. Tampoco puede haber otro motivo, continuó para que, en un allanamiento de la Unidad Regional Norte, se encontraran fotografías del lugar donde dejaron el cadáver 12 meses después de que Gendarmería practicara las peritaciones.

En un principio, las pistas estuvieron orientadas a analizar una supuesta fiesta, de la que habrían participado “hijos del poder”. Realizaron allanamientos en un camping de El Cadillal y se investigó la supuesta relación con barrabravas de Atlético. La autopsia realizada por Gendarmería y la peritación del celular de Paulina resultaron fundamentales. En diciembre de 2013, un informe solicitado por López Ávila arrojó que el celular de la joven había sido utilizado para una consulta de saldo a las 10.20 del domingo 26 de febrero, cuando ya estaba desaparecida. Alrededor de las 11 se realizó un llamado desde el mismo aparato, pero alguien había puesto otro chip en el equipo. Siete años después del crimen, Roberto Gómez fue detenido por haber tenido, presuntamente, el celular de Paulina Lebbos.

La investigación principal, por encubrimiento agravado y otros delitos, acusa al ex jefe de Policía Hugo Raúl Sánchez; al ex subjefe de Policía, Luis Nicolás Barrera; al ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; al ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella; al policía retirado Hugo Waldino Rodríguez y a Roberto Gómez. El requerimiento de elevación a juicio debe ser analizado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción y, si queda firme, se podrá sustanciar el debate oral.

El fiscal López Ávila incriminó a los policías por haber perfeccionado supuestas tareas de encubrimiento. En otros dictámenes, aquel funcionario solicitó los sobreseimientos del sospechoso Antonio Gallardo; de Luis Daniel Olivera (encargado del camping de El Cadillal); de Gabriel Alperovich (hijo del ex gobernador) y de Sergio Kaleñuk (hijo del fallecido secretario privado del mandatario, Alberto Kaleñuk).

La segunda causa

En virtud del informe de Lobo Bugeau; de un sumario administrativo abierto por la Corte y de presentaciones de Lebbos, la Justicia inició un proceso por el desempeño del ex fiscal Albaca. La fiscala Juana Prieto le endilgó la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes del funcionario público y de encubrimiento agravado. El requerimiento de elevación a juicio aguarda la definición de la Justicia. Pese a los pedidos de destitución incoados en su contra, Albaca logró acceder a una jubilación con el beneficio del 82% móvil. Salpicado por el caso “Lebbos”, De Mitri también consiguió la misma salida.

La tercera causa

De la causa principal se desprendió una pesquisa por el encubrimiento del hallazgo del cuerpo de la víctima. En 2014, la Sala Penal III condenó al ex comisario de Raco, Enrique García, y al policía Manuel Yapura por falsificación de declaraciones testimoniales y de instrumento público. La sentencia aún no está firme, por lo que ambos permanecen en libertad.

Voz oficial

A lo largo de la gestión de Alperovich, el crimen de Paulina estremeció los pasillos de Casa de Gobierno. El padre de Paulina dio cuenta de los múltiples agravios y hasta amenazas de muerte que recibió desde que comenzó a denunciar maniobras de encubrimiento. “Han sido diferentes tipos de ataques, hubo un sistema difamatorio permanente. El legislador (Marcelo) Caponio llegó a decirme que la causa de Paulina era menor. He recibido ataques del ex fiscal Albaca, que goza de una jubilación de privilegio al igual que el ex ministro De Mitri”, enumeró. Destacó, sin embargo, el apoyo de agrupaciones y sectores políticos opositores; de organizaciones sociales y de quienes asisten a las marchas de los martes.

La semana pasada, el vicegobernador Osvaldo Jaldo dijo que la prolongada investigación del crimen es una de las deudas de la gestión de Alperovich. “Nosotros entendemos que esta es una cuestión que se tuvo que haber resuelto. Las anotamos dentro de los temas pendientes en el Gobierno de la provincia. Nosotros... acompañamos y (nos) solidarizamos con el padre de Paulina Lebbos”, dijo escuetamente el ex ministro alperovichista.