24 Noviembre 2015
BAJO LA LUPA. La Justicia Federal investiga una causa por presunto lavado de activos en la Legislatura FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO / LA GACETA
La Legislatura desembolsó al menos $ 490 millones en "ayudas sociales a personas" entre enero y septiembre. El manejo de este dinero, que era trasladado en valijas de un banco a la Cámara, generó que el fiscal federal general Antonio Gómez abriera una causa de oficio para determinar si se perpetró algún delito vinculado con el lavado de activos.
Pero un oficialista puso en marcha una estrategia para tratar de que la Justicia federal declare la nulidad de las actuaciones por presunto lavado de activos con dinero de la Legislatura.
El ex legislador Manuel Fernández, quien fue vicepresidente segundo durante la anterior conformación de la Cámara, se presentó de manera espontánea la semana pasada ante el juez federal Daniel Bejas. El dirigente peronista elevó un escrito mediante su abogado, Luis Alberto Gamboa, para plantear su objeción hacia las primeras medidas dispuestas de oficio por el fiscal federal general.
“Por recortes periodísticos, principalmente del diario LA GACETA, he tomado conocimiento de que el citado funcionario (por Gómez) está llevando a cabo investigaciones en ocasión de la noticia de los fondos de la Honorable Legislatura (…). Toda la actividad desplegada por el señor fiscal general es a todas luces ilegal”, expresó el peronista Fernández.
Según su postura, el representante del Ministerio Público Fiscal debió haber redirigido la causa a alguno de los fiscales federales bajo su órbita, para que estos notificaran a su vez al Juzgado Federal correspondiente. "El señor fiscal general omitió la normativa vigente aplicable al caso", advirtió Fernández.
Según fuentes judiciales, tras recibir el escrito del ex legislador, Bejas le ordenó a Gómez la entrega del expediente. El representante del Ministerio Público acató la disposición, aunque expresó sus críticas por la medida a través de un oficio. "La Cámara de Casación Penal de la Nación me ha autorizado expresamente a realizar las tareas que el ex legislador Manuel Fernández hoy pretende malograr. El alto tribunal me faculta en los casos en que 'la pesquisa cuya finalidad no sea otra que verificar conductas criminales, que de existir le permitirían formular la pertinente e imperativa denuncia judicial, cuya suerte qeudaría a cargo del órgano jursdiccional correspondiente", señaló Gómez en su escrito.
Ayer, el juez federal le remitió la causa al fiscal federal Pablo Camuña. El fiscal general había abierto la pesquisa de oficio en la primera semana de noviembre, tras una serie de notas de LA GACETA que revelaban la ruta de las valijas con efectivo de la Legislatura.
La Cámara no difunde su presupuesto de gastos e ingresos, ni los detalles sobre la ejecución de esos fondos. El cuerpo colegiado cuenta con recursos por $ 1.529 millones para este año (el monto original era de $ 959 millones, pero fue ampliado por impulso del oficialismo en la sesión del 9 de septiembre). Ese dinero está destinado a cubrir el funcionamiento y los haberes de los trabajadores del edificio legislativo. Además, incluye una partida por $ 505,6 millones denominada “ayudas sociales a personas”. Este tipo de gasto está previsto en el manual de clasificadores presupuestarios de la Provincia. El ítem lleva la nomenclatura 514, y alude a “auxilios o ayudas especiales, revistan éstas carácter de permanente o no acordados a personas”. El texto agrega que están incluidos “premios otorgados por actividades culturales, artísticas, deportivas, etcétera, cualquiera sea su forma”.
Este es el único tipo de pago en mano que se realiza en la Legislatura. ¿De dónde salen los billetes? Según reconstruyó LA GACETA mediante fotos, registros bancarios, testimonios y otros documentos, en junio fueron extraídos $ 47 millones de la cuenta N° 200 98043/8. En julio, $ 53 millones. En agosto, mes de las PASO y de las elecciones provinciales, fueron retirados $ 91,7 millones. Esos fondos eran trasladados por empleados de Tesorería al edificio del cuerpo colegiado en una Toyota Hilux gris, dominio LWT-252, registrada a nombre de la Legislatura.
Según fuentes con conocimiento de este sistema, en cada valija de las usadas para el transporte de efectivo entraban $ 6 millones en billetes de $ 100. Siguiendo esa línea, en lo que va del año hubo decenas de viajes del banco a la Tesorería.
El ex legislador Manuel Fernández, quien fue vicepresidente segundo durante la anterior conformación de la Cámara, se presentó de manera espontánea la semana pasada ante el juez federal Daniel Bejas. El dirigente peronista elevó un escrito mediante su abogado, Luis Alberto Gamboa, para plantear su objeción hacia las primeras medidas dispuestas de oficio por el fiscal federal general.
“Por recortes periodísticos, principalmente del diario LA GACETA, he tomado conocimiento de que el citado funcionario (por Gómez) está llevando a cabo investigaciones en ocasión de la noticia de los fondos de la Honorable Legislatura (…). Toda la actividad desplegada por el señor fiscal general es a todas luces ilegal”, expresó el peronista Fernández.
Según su postura, el representante del Ministerio Público Fiscal debió haber redirigido la causa a alguno de los fiscales federales bajo su órbita, para que estos notificaran a su vez al Juzgado Federal correspondiente. "El señor fiscal general omitió la normativa vigente aplicable al caso", advirtió Fernández.
Según fuentes judiciales, tras recibir el escrito del ex legislador, Bejas le ordenó a Gómez la entrega del expediente. El representante del Ministerio Público acató la disposición, aunque expresó sus críticas por la medida a través de un oficio. "La Cámara de Casación Penal de la Nación me ha autorizado expresamente a realizar las tareas que el ex legislador Manuel Fernández hoy pretende malograr. El alto tribunal me faculta en los casos en que 'la pesquisa cuya finalidad no sea otra que verificar conductas criminales, que de existir le permitirían formular la pertinente e imperativa denuncia judicial, cuya suerte qeudaría a cargo del órgano jursdiccional correspondiente", señaló Gómez en su escrito.
Ayer, el juez federal le remitió la causa al fiscal federal Pablo Camuña. El fiscal general había abierto la pesquisa de oficio en la primera semana de noviembre, tras una serie de notas de LA GACETA que revelaban la ruta de las valijas con efectivo de la Legislatura.
La Cámara no difunde su presupuesto de gastos e ingresos, ni los detalles sobre la ejecución de esos fondos. El cuerpo colegiado cuenta con recursos por $ 1.529 millones para este año (el monto original era de $ 959 millones, pero fue ampliado por impulso del oficialismo en la sesión del 9 de septiembre). Ese dinero está destinado a cubrir el funcionamiento y los haberes de los trabajadores del edificio legislativo. Además, incluye una partida por $ 505,6 millones denominada “ayudas sociales a personas”. Este tipo de gasto está previsto en el manual de clasificadores presupuestarios de la Provincia. El ítem lleva la nomenclatura 514, y alude a “auxilios o ayudas especiales, revistan éstas carácter de permanente o no acordados a personas”. El texto agrega que están incluidos “premios otorgados por actividades culturales, artísticas, deportivas, etcétera, cualquiera sea su forma”.
Este es el único tipo de pago en mano que se realiza en la Legislatura. ¿De dónde salen los billetes? Según reconstruyó LA GACETA mediante fotos, registros bancarios, testimonios y otros documentos, en junio fueron extraídos $ 47 millones de la cuenta N° 200 98043/8. En julio, $ 53 millones. En agosto, mes de las PASO y de las elecciones provinciales, fueron retirados $ 91,7 millones. Esos fondos eran trasladados por empleados de Tesorería al edificio del cuerpo colegiado en una Toyota Hilux gris, dominio LWT-252, registrada a nombre de la Legislatura.
Según fuentes con conocimiento de este sistema, en cada valija de las usadas para el transporte de efectivo entraban $ 6 millones en billetes de $ 100. Siguiendo esa línea, en lo que va del año hubo decenas de viajes del banco a la Tesorería.
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