24 Noviembre 2015
Camaristas denuncian un nuevo ataque a la vivienda de la jueza López Piossek
Todo el fuero contencioso administrativo emitió un acuerdo para denunciar la inacción de las instituciones frente a las agresiones sufridas. El domingo del balotaje, desconocidos pintaron la casa de la magistrada. Antes había habido piedras, patoterismo y escraches .
La casa de Ebe López Piossek, vocal de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, fue atacada otra vez el domingo, horas antes de que comenzara el balotaje. En esta ocasión, un grupo de desconocidos pintó el frente del domicilio: las manchas verdosas cubrieron las ventanas, el portón, el balcón y la fachada de piedra. Llamativamente, las casas aledañas se salvaron de la pintura. Esta nueva agresión puso en guardia a los integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ayer repudiaron los hechos mediante un acuerdo firmado por los seis jueces del fuero: Salvador Ruiz, Horacio Castellanos, Rodolfo Novillo, Carlos Giovanniello, Sergio Gandur y la propia López Piossek.
“Acordamos en forma unánime denunciar y hacer saber a las autoridades públicas que, en la madrugada del 22 de noviembre, López Piossek sufrió un tercer ataque en el frente de su casa particular”, dijeron. Los magistrados advirtieron que estos sucesos había tenido lugar desde que la jueza -única mujer del tribunal- tomara intervención en una serie de causas electorales que repercutieron en la opinión pública provincial y nacional.
“Ya nos causaba preocupación que, estando identificadas al menos dos chapas patentes de vehículos implicados (en el ataque al policía que custodiaba la vivienda), hasta la fecha no se conocieran avances concretos sobre los autores individuales. Pero se torna ahora indudable que la agresividad no sólo no ha cesado, sino recrudecido en forma inequívoca y particularizada contra esta digna magistrada que honra al Poder Judicial de Tucumán”, expresaron. Y manifestaron que estos actos de vandalismo merecían el más enérgico repudio de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Además, advirtieron que, lejos de sentir temor, reforzaban su firme determinación de no cejar en el cumplimiento de la función judicial. “Hágase conocer a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia (a cargo de Antonio Gandur), al Ministerio Público (que encabeza Edmundo Jiménez) y al gobernador Juan Manzur”, remataron Ruiz, Castellanos, Novillo, Giovanniello, López Piossek y Gandur (es hijo del presidente del alto tribunal provincial).
Consigna levantada
Antes de las pintadas del domingo, la vivienda de López Piossek había sido apedreada. Además, el policía que la custodiaba fue patoteado por agresores que circulaban en auto. Dos meses atrás, la ciudad amaneció empapelada con afiches que escrachaban a López Piossek y a Ruiz. En cada caso, la jueza hizo la denuncia correspondiente, pero nunca hubo novedades acerca de los posibles autores y de sus probables móviles. Algunas semanas atrás, la Policía removió la consigna que mantenía en su domicilio.
La secuencia correlativa de agresiones se desencadenó el miércoles 16 de septiembre: ese día, López Piossek y Ruiz rubricaron la decisión inédita que invalidó los comicios provinciales del 23 de agosto. Con una integración ad hoc, la Corte revocó dicha sentencia el 20 de septiembre. El fallo -que ordenó el levantamiento de la cautelar que impedía proclamar ganadores de la elección, pese a que la decisión no estaba firme- fue adoptado en un clima político, social e institucional delicado, que se exteriorizó en el establecimiento de un campamento de militantes oficialistas en la plaza Yrigoyen, el ataque al Palacio de Justicia y la amenaza de intervención federal del Poder Judicial provincial esgrimida por voceros kirchneristas como el diputado nacional Carlos Kunkel.
En el ínterin, los dirigentes alperovichistas Javier Noguera y Darío Monteros denunciaron penalmente a los dos jueces que anularon las elecciones, y a los promotores del litigio y líderes del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), el diputado nacional José Cano y el ex intendente capitalino Domingo Amaya. A todos ellos los acusaron de sedición (alzamiento colectivo y violento contra la autoridad o el orden público) y de prevaricato (dictar a sabiendas una resolución injusta).
Pero si bien la invalidación de las elecciones fue la decisión más “pesada” que adoptó López Piossek, aquel no fue el único pleito con connotaciones electorales, políticas e institucionales que juzgó. En el último tiempo la camarista declaró con Gandur la inconstitucionalidad del llamado “voto joven” en la esfera local (la Corte luego dio vuelta esa sentencia); ambos frustraron también la re-reelección legislativa de los oficialistas José Gutiérrez, Roberto Palina y Marta Zurita. Con Ruiz asimismo apartó al ministro público Jiménez y a la entonces legisladora oficialista Beatriz Bordinaro de Peluffo de la Junta Electoral Provincial por considerar que ninguno de los dos ofrecía garantías de imparcialidad.
Casi en simultáneo -y en la víspera misma de las elecciones de agosto-, López Piossek firmó con Novillo la inconstitucionalidad de la tercera candidatura consecutiva del senador ultraalperovichista saliente Sergio Mansilla. Como consecuencia de esta sentencia, Mansilla no pudo aún asumir la banca que ganó: su destino, en el presente, depende de los miembros de la Corte Suprema.
“Acordamos en forma unánime denunciar y hacer saber a las autoridades públicas que, en la madrugada del 22 de noviembre, López Piossek sufrió un tercer ataque en el frente de su casa particular”, dijeron. Los magistrados advirtieron que estos sucesos había tenido lugar desde que la jueza -única mujer del tribunal- tomara intervención en una serie de causas electorales que repercutieron en la opinión pública provincial y nacional.
“Ya nos causaba preocupación que, estando identificadas al menos dos chapas patentes de vehículos implicados (en el ataque al policía que custodiaba la vivienda), hasta la fecha no se conocieran avances concretos sobre los autores individuales. Pero se torna ahora indudable que la agresividad no sólo no ha cesado, sino recrudecido en forma inequívoca y particularizada contra esta digna magistrada que honra al Poder Judicial de Tucumán”, expresaron. Y manifestaron que estos actos de vandalismo merecían el más enérgico repudio de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Además, advirtieron que, lejos de sentir temor, reforzaban su firme determinación de no cejar en el cumplimiento de la función judicial. “Hágase conocer a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia (a cargo de Antonio Gandur), al Ministerio Público (que encabeza Edmundo Jiménez) y al gobernador Juan Manzur”, remataron Ruiz, Castellanos, Novillo, Giovanniello, López Piossek y Gandur (es hijo del presidente del alto tribunal provincial).
Consigna levantada
Antes de las pintadas del domingo, la vivienda de López Piossek había sido apedreada. Además, el policía que la custodiaba fue patoteado por agresores que circulaban en auto. Dos meses atrás, la ciudad amaneció empapelada con afiches que escrachaban a López Piossek y a Ruiz. En cada caso, la jueza hizo la denuncia correspondiente, pero nunca hubo novedades acerca de los posibles autores y de sus probables móviles. Algunas semanas atrás, la Policía removió la consigna que mantenía en su domicilio.
La secuencia correlativa de agresiones se desencadenó el miércoles 16 de septiembre: ese día, López Piossek y Ruiz rubricaron la decisión inédita que invalidó los comicios provinciales del 23 de agosto. Con una integración ad hoc, la Corte revocó dicha sentencia el 20 de septiembre. El fallo -que ordenó el levantamiento de la cautelar que impedía proclamar ganadores de la elección, pese a que la decisión no estaba firme- fue adoptado en un clima político, social e institucional delicado, que se exteriorizó en el establecimiento de un campamento de militantes oficialistas en la plaza Yrigoyen, el ataque al Palacio de Justicia y la amenaza de intervención federal del Poder Judicial provincial esgrimida por voceros kirchneristas como el diputado nacional Carlos Kunkel.
En el ínterin, los dirigentes alperovichistas Javier Noguera y Darío Monteros denunciaron penalmente a los dos jueces que anularon las elecciones, y a los promotores del litigio y líderes del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), el diputado nacional José Cano y el ex intendente capitalino Domingo Amaya. A todos ellos los acusaron de sedición (alzamiento colectivo y violento contra la autoridad o el orden público) y de prevaricato (dictar a sabiendas una resolución injusta).
Pero si bien la invalidación de las elecciones fue la decisión más “pesada” que adoptó López Piossek, aquel no fue el único pleito con connotaciones electorales, políticas e institucionales que juzgó. En el último tiempo la camarista declaró con Gandur la inconstitucionalidad del llamado “voto joven” en la esfera local (la Corte luego dio vuelta esa sentencia); ambos frustraron también la re-reelección legislativa de los oficialistas José Gutiérrez, Roberto Palina y Marta Zurita. Con Ruiz asimismo apartó al ministro público Jiménez y a la entonces legisladora oficialista Beatriz Bordinaro de Peluffo de la Junta Electoral Provincial por considerar que ninguno de los dos ofrecía garantías de imparcialidad.
Casi en simultáneo -y en la víspera misma de las elecciones de agosto-, López Piossek firmó con Novillo la inconstitucionalidad de la tercera candidatura consecutiva del senador ultraalperovichista saliente Sergio Mansilla. Como consecuencia de esta sentencia, Mansilla no pudo aún asumir la banca que ganó: su destino, en el presente, depende de los miembros de la Corte Suprema.
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