García Posse advierte que Vitar debe apartarse del caso de Herrera

La decisión de Mirta Lenis de Vera, jueza de Instrucción N°5 pronta a jubilarse, que benefició a Guillermo Herrera, ex fiscal N°10 imputado, revela que la Justicia penal prepara su impunidad. Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, advirtió sobre ese riesgo en una conversación con este diario. El letrado dijo que la resolución de Lenis ha de ser revisada por una Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que garantice la imparcialidad. “La vocal Liliana Vitar debe apartarse del tribunal”, aseguró el titular de la entidad que denunció a Herrera.

García Posse expresó que Vitar estaba obligada a excusarse por dos razones: “primero, porque uno de los puntos en discusión es si la causa debe proseguir en la Fiscalía de su marido, Washington Navarro Dávila. Al respecto, recuerdo que durante tres años Vitar se empecinó en intervenir en los casos de su cónyuge; que recientemente un tribunal la separó y que, como consecuencia de ello, dijo que iba a abstenerse de seguir fallando en los procesos donde Navarro Dávila tuviese intereses. Además, debe irse porque firmó una denuncia penal contra los auditores de Herrera”.

El dirigente profesional afirmó que, al acusar a quienes habían fiscalizado al ex funcionario cuestionado, Vitar y Roberto Paz, presidente de la Asociación de Magistrados de Tucumán, contretaron la amenaza que había proferido el ministro público Edmundo Jiménez. “Consta en un acta que Jiménez dijo a los auditores (Luis Lezana Flores, Mariana Tasquer y Agustín Ladetto) que tendrían problemas si leían los expedientes de Herrera objetados por el Colegio”, expresó.

Una de esas causas, “Teves-Albarracín”, involucra a dos de los hijos del jefe de los fiscales y de los defensores oficiales: los letrados Ana Lucía Jiménez y Edmundo Javier Jiménez. Dos meses atrás, el fiscal Diego López Ávila dictaminó que correspondía que los hermanos sean investigados junto al abogado Alfredo Falú y otros actores del expediente “Teves-Albarracín”, y giró el asunto a la fiscala Adriana Giannoni. En paralelo, López Ávila solicitó la apertura de al menos cuatro investigaciones jurisdiccionales contra Herrera por su actuación en las causas “Jorrat”, “Rigourd”, “Teves-Albarracín” y “Pérez”. Días después, el funcionario imputado presentó la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación con el beneficio del 82% móvil. El 26 de octubre, la jueza Lenis de Vera dijo que el planteo de López Ávila había devenido abstracto, pero, en vez de devolverle el caso “Jorrat” para que Herrera sea investigado como un ciudadano común, apartó a ese fiscal, y anuló el pedido de investigación con el argumento de que su autor se había extralimitado. Además, anuló de oficio distintas medidas investigativas, como las citaciones de los imputados Roxana Teves y Jorge Rigourd. López Ávila apeló la resolución por considerarla arbitraria y contradictoria. La Cámara que debe revisarla está integrada por Eudoro Albo, Vitar y Enrique Pedicone.