Una condenada por el crimen de “Betty” pidió cambiar de sexo

Una condenada por el crimen de “Betty” pidió cambiar de sexo

Si se acepta el planteo, la hermana de la maestra asesinada solicitará a la Justicia que la presa sea trasladada al penal de Villa Urquiza.

TRAS LAS REJAS. Nélida Fernández (adelante), una de las condenadas por el homicidio de la docente Beatriz “Betty” Argañaraz. ARCHIVO LA GACETA / JUAN PABLO SANCHEZ NOLI TRAS LAS REJAS. Nélida Fernández (adelante), una de las condenadas por el homicidio de la docente Beatriz “Betty” Argañaraz. ARCHIVO LA GACETA / JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
13 Noviembre 2015
Es la primera vez que se presenta un caso como este en el Poder Judicial de Tucumán. Nélida Fernández, una de las condenadas por el homicidio de la docente Beatriz “Betty” Argañaraz pidió cambiar de sexo y la hermana de la víctima, Liliana Argañaráz, pedirá que la trasladen a una cárcel para hombres.

Fernández se presentó ayer ante las autoridades para realizar el trámite. La hermana de “Betty” anunció que su abogado presentará hoy un escrito en tribunales. “Vamos a pedir que, si ella ya está con el cambio de identidad, lo que corresponde es que no esté en medio de las mujeres”, planteó Liliana.

“Si no la pueden llevar al penal de Villa Urquiza por una cuestión de seguridad, que vean dónde la van a alojar hasta que se haga el cambio quirúrgico de sexo”, agregó la hermana de “Betty”.

Fernández se casó en 2013 dentro del penal con Susana Acosta, la otra condenada por el crimen de la maestra. Liliana tiene la esperanza de que, si dejan de estar juntas, alguna de las dos podría confesar qué hicieron con “Betty”. “Tal vez si las separan quiebran el pacto de silencio y dicen donde está mi hermana”, dijo la mujer.

Las ex novicias Fernández y Acosta fueron condenadas a 20 años de prisión, en diciembre de 2009. La sala V de la Cámara Penal las encontró culpables del homicidio de “Betty”, quien desapareció el 31 de julio de 2006 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado.

El caso genera debate. Soledad Deza, abogada y especialista en cuestiones de género, explica que el derecho de la familia, una vez que se dictó sentencia, se termina. “Por lo tanto la decisión de trasladar o no a la condenada va correr por cuenta de la Sala que tenga a su cargo la ejecución de la sentencia”, explicó.

A su vez el abogado y docente de la UNT, Augusto Moeykens, señaló que antes de tomar una decisión se debe tener en cuenta la discriminación a la que están sometidas las personas que son transgénero. “Hay que analizar sí, desde un enfoque que se ajusta a una política de derechos humanos, trasladar a esta persona a una cárcel de hombres no generará un problema mayor. Porque la discriminación que ocurre en la sociedad se reproduce dentro de las penitenciarias”, analizó.

Comentarios