Ruiz se niega a paralizar al Tribunal Fiscal en forma cautelar

El presidente de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo desestimó un pedido del Colegio de Abogados de la Capital

01 Nov 2015
El Tribunal Fiscal de Apelaciones constituido por el ex gobernador José Alperovich a días de dejar el poder salió airoso de un primer round en el Poder Judicial. Ocurre que Salvador Ruiz, presidente de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, se negó a paralizar su actuación en forma cautelar, como le había pedido el Colegio de Abogados de la Capital.

En una resolución del 26 de octubre, Ruiz manifestó que la entidad afincaba su petición precautoria fundamentalmente en la inexistencia de imparcialidad e independencia del Tribunal Fiscal en atención a quienes son sus primeros miembros: Jorge Posse Ponessa, ex fiscal de Estado; José León, ex legislador oficialista y primo del ex mandatorio, y Jorge Jiménez, ex ministro de Economía histórico del alperovichismo. Ruiz dijo que el Colegio presidido por Francisco García Posse había esgrimido también la ausencia de un procedimiento de selección que garantizara la idoneidad y la capacidad de los vocales seleccionados.

“Ahora bien, el examen acerca de tales circunstancias merece la indagación de elementos de hecho y de derecho que, debido a su profundidad y minuciosidad, excede el análisis acotado y estrecho que permite el estadio cautelar. En otros términos, la posibilidad de hacer lugar a la petición precautoria de la entidad actora requiere de la consideración de elementos de juicio a los que sólo podrá accederse luego de que el presente proceso judicial transite por sus diferentes etapas de debate y de prueba, circunstancia esta que deriva en el rechazo de la medida requerida”, resolvió Ruiz, juez célebre por haber dictado la medida cautelar que impidió proclamar a los ganadores de los comicios de agosto y por haber anulado la elección junto a la camarista Ebe López Piossek -cuatro días después, la Corte Suprema local revirtió esa decisión-.

García Posse anticipó que recurrirá la decisión de Ruiz respecto del polémico Tribunal Fiscal, órgano encargado de resolver planteos de los contribuyentes contra actos de la Dirección General de Rentas. El Tribunal Fiscal es un cuerpo previsto en el Código Tributario sancionado en 1979, pero nunca había funcionado. El mes pasado, durante la última sesión de Legislatura anterior, el alperovichismo hizo valer su número, y logró el acuerdo para las designaciones discrecionales de Jiménez, de Posse Ponessa y de León (están equiparados a jueces).

El malestar de la oposición y de las entidades intermedias para con esta iniciativa oficialista ha dado lugar a al menos tres pleitos distintos. Además del litigio de los abogados ya mencionado está el juicio que promueve el legislador reelecto Alberto Colombres Garmendia (PRO), que ingresó en la Sala II de la Cámara Contenciosa y que aguarda una definición del presidente Carlos Giovanniello respecto de la medida cautelar solicitada (Rodolfo Novillo completa este tribunal). La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput), la Federación Económica de Tucumán (FET) y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas presentaron asimismo un amparo colectivo en la Sala III de la Cámara Contenciosa que integran López Piossek y Sergio Gandur.

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