Por Gustavo Cobos
20 Octubre 2015
En Tucumán hay dos tipos de ladrones: los organizados y los oportunistas. En la primera categoría puede enunciarse la criminalidad económica (lavado de dinero, corrupción), el delito organizado propiamente dicho (narcotráfico, trata de personas, contrabando) y las bandas delictivas que planean cada golpe (los piratas del asfalto o los asaltantes “de oficio”, como los que mataron a “Tío Ale”, el comerciante de La Ramada). La segunda categoría, la de los “oportunistas”, engloba al delito urbano. En la lista se incluyen los arrebatadores, los carteristas, los ladrones que deambulan en motocicletas a la caza de una víctima y los vendedores al menudeo de droga. Son los que generan la “inseguridad” que está a la cabeza de la preocupación de los argentinos en la última década, según diversas encuestas.
A este último grupo lo integran los que forman parte de la matriz cultural del delito en Argentina, según lo definió el especialista Leandro Halperín. Son jóvenes de no más de 35 años, con baja escolaridad, sin trabajo genuino al alcance de sus manos. Gran parte de la población carcelaria de Tucumán, de acuerdo al informe publicado por este diario. Los economistas Ana María Cerro y Osvaldo Meloni los definen en su libro “Análisis económico de las políticas de prevención y represión del delito en la Argentina” como aquellos “que no tienen proyectos o planes a largo plazo o no se preocupan por el futuro”, y que se encuentran más propensos a cometer un delito.
La mayoría de este sector de excluidos suele ser reincidente. Son los que el sistema penal ha seleccionado para perseguirlos, ya sea por elección de la Policía, de los fiscales, o de la sociedad. Son “los sospechosos de siempre”. “¿Alguien aquí cree que a las personas que salen de las cárceles y vuelven a sus poblaciones, a sus barrios, les están esperando en sus casas con un trabajo, con las manos abiertas, para que se reinserten en una vida normal? Evidentemente que no”, plantea el criminólogo Mariano Ciafardini. Desde hace tres meses, la Policía organiza recorridos denominados “preventivos” por distintas zonas de las principales ciudades de la provincia. Varias dependencias afectan sus autos y motos para el operativo “ciudad segura”, que suele terminar con vehículos secuestrados y una veintena de personas detenidas por contravenciones. Coincidentemente, son jóvenes que ya estuvieron presos en las comisarías por robos. Este método de prevención policial tal vez justifique la vigencia de la inconstitucional ley de contravenciones, utilizada como una herramienta para evitar que se cometan delitos más que como una norma que establece los códigos de convivencia urbana. No son pocos los que denuncian que la Policía los ve en la calle y los detiene. “A veces tengo miedo de salir porque no sé en qué me van a involucrar”, reconoció “El Pelao” Rivadeneira, quien tiene varias causas en su haber por asaltos. Su pasado lo condena, repiten sus abogados.
El factor económico de pobreza y exclusión de que están bajo la lupa policial ha sido descripto por Ciafardini. “En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial nuestras ciudades se caracterizaban por sus atractivos culturales, sociales, étnicos, turísticos, pero además por uno muy particular: el de la seguridad. Hacia los años 1960 y hasta entrados los 1970 la inseguridad no era un problema crucial de las grandes ciudades latinoamericanas. Incluso aquellas que tenían más de ocho millones de habitantes como Buenos Aires, Río de Janeiro y otras grandes capitales eran famosas por la seguridad: era posible transitar por cualquier calle a cualquier hora del día o de la noche. En aquellos tiempos las ciudades inseguras eran las de Estados Unidos”, relata el director Nacional de Política Criminal.
En los últimos 20 años, la situación se ha revertido. “Se ha producido un proceso de concentración de la riqueza en los centros más ricos y de agudización de la pobreza y la marginalidad en los países más pobres del tercer mundo, y más concretamente en las zonas más pobres de esos países más pobres”, analiza Ciafardini. Sin embargo, las políticas de seguridad que se anuncian en los últimos tiempos tienden más a atacar la represión del delito que la prevención. En la última década, en Tucumán ha crecido la cantidad de policías. Desde 2010 anuncian la inversión en equipamiento tecnológico, móviles, y la remodelación en infraestructura (escasa en los hechos, por cierto). Los grandes planes de seguridad mencionan el combate del narcotráfico, penas más severas o bajar la edad de imputabilidad. Pero en comisarías del interior, como La Ramada, ni siquiera tenían teléfono para que llamaran los vecinos. Ningún funcionario reconoce oficialmente la incidencia de la exclusión y la pobreza en el delito, porque sería admitir el fracaso de las políticas sociales implementadas en los últimos 12 años. “Los sospechosos de siempre”, si bien son los hijos de la década neoliberal del 90, tampoco han encontrado contención social en el modelo K, asevera el profesor de Criminología de la UNT Guillermo Puig.
Cierto sector del progresismo se resiste a analizar la problemática de la seguridad desde este ángulo, por temor a la estigmatización. Ciafardini deja en claro el debate: “todos estamos de acuerdo en que pobre y delincuente no son sinónimos, como lo estamos en que la mayoría de los pobres no son delincuentes. Pero que esto no nos lleve al engaño de creer que la miseria y la marginalidad no están vinculadas con la violencia y con el delito. Debemos tener esto muy en claro no para reprimir a los pobres ni para excluirlos, sino para hacernos cargo del problema de la pobreza cuando tratamos el tema de la seguridad. Si no, estamos hablando en abstracto, discutiendo de fórmulas, de pareceres, de ideas, pero no del problema concreto”.
Partiendo de esta conclusión, es necesario destacar que Tucumán no cuenta con ningún organismo dedicado a analizar la política criminal. No hay estudios públicos sobre las características de las personas que son detenidas en Tucumán, de dónde vienen, qué tipo de delitos cometen. El fantasma de la estigmatización termina siendo un escudo para implementar políticas preventivas de fondo, mientras la respuesta a la inseguridad sólo pasa por más policías, más móviles, más tecnología. Y los que siguen siendo detenidos, una y otra vez, son “los sospechosos de siempre”.
A este último grupo lo integran los que forman parte de la matriz cultural del delito en Argentina, según lo definió el especialista Leandro Halperín. Son jóvenes de no más de 35 años, con baja escolaridad, sin trabajo genuino al alcance de sus manos. Gran parte de la población carcelaria de Tucumán, de acuerdo al informe publicado por este diario. Los economistas Ana María Cerro y Osvaldo Meloni los definen en su libro “Análisis económico de las políticas de prevención y represión del delito en la Argentina” como aquellos “que no tienen proyectos o planes a largo plazo o no se preocupan por el futuro”, y que se encuentran más propensos a cometer un delito.
La mayoría de este sector de excluidos suele ser reincidente. Son los que el sistema penal ha seleccionado para perseguirlos, ya sea por elección de la Policía, de los fiscales, o de la sociedad. Son “los sospechosos de siempre”. “¿Alguien aquí cree que a las personas que salen de las cárceles y vuelven a sus poblaciones, a sus barrios, les están esperando en sus casas con un trabajo, con las manos abiertas, para que se reinserten en una vida normal? Evidentemente que no”, plantea el criminólogo Mariano Ciafardini. Desde hace tres meses, la Policía organiza recorridos denominados “preventivos” por distintas zonas de las principales ciudades de la provincia. Varias dependencias afectan sus autos y motos para el operativo “ciudad segura”, que suele terminar con vehículos secuestrados y una veintena de personas detenidas por contravenciones. Coincidentemente, son jóvenes que ya estuvieron presos en las comisarías por robos. Este método de prevención policial tal vez justifique la vigencia de la inconstitucional ley de contravenciones, utilizada como una herramienta para evitar que se cometan delitos más que como una norma que establece los códigos de convivencia urbana. No son pocos los que denuncian que la Policía los ve en la calle y los detiene. “A veces tengo miedo de salir porque no sé en qué me van a involucrar”, reconoció “El Pelao” Rivadeneira, quien tiene varias causas en su haber por asaltos. Su pasado lo condena, repiten sus abogados.
El factor económico de pobreza y exclusión de que están bajo la lupa policial ha sido descripto por Ciafardini. “En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial nuestras ciudades se caracterizaban por sus atractivos culturales, sociales, étnicos, turísticos, pero además por uno muy particular: el de la seguridad. Hacia los años 1960 y hasta entrados los 1970 la inseguridad no era un problema crucial de las grandes ciudades latinoamericanas. Incluso aquellas que tenían más de ocho millones de habitantes como Buenos Aires, Río de Janeiro y otras grandes capitales eran famosas por la seguridad: era posible transitar por cualquier calle a cualquier hora del día o de la noche. En aquellos tiempos las ciudades inseguras eran las de Estados Unidos”, relata el director Nacional de Política Criminal.
En los últimos 20 años, la situación se ha revertido. “Se ha producido un proceso de concentración de la riqueza en los centros más ricos y de agudización de la pobreza y la marginalidad en los países más pobres del tercer mundo, y más concretamente en las zonas más pobres de esos países más pobres”, analiza Ciafardini. Sin embargo, las políticas de seguridad que se anuncian en los últimos tiempos tienden más a atacar la represión del delito que la prevención. En la última década, en Tucumán ha crecido la cantidad de policías. Desde 2010 anuncian la inversión en equipamiento tecnológico, móviles, y la remodelación en infraestructura (escasa en los hechos, por cierto). Los grandes planes de seguridad mencionan el combate del narcotráfico, penas más severas o bajar la edad de imputabilidad. Pero en comisarías del interior, como La Ramada, ni siquiera tenían teléfono para que llamaran los vecinos. Ningún funcionario reconoce oficialmente la incidencia de la exclusión y la pobreza en el delito, porque sería admitir el fracaso de las políticas sociales implementadas en los últimos 12 años. “Los sospechosos de siempre”, si bien son los hijos de la década neoliberal del 90, tampoco han encontrado contención social en el modelo K, asevera el profesor de Criminología de la UNT Guillermo Puig.
Cierto sector del progresismo se resiste a analizar la problemática de la seguridad desde este ángulo, por temor a la estigmatización. Ciafardini deja en claro el debate: “todos estamos de acuerdo en que pobre y delincuente no son sinónimos, como lo estamos en que la mayoría de los pobres no son delincuentes. Pero que esto no nos lleve al engaño de creer que la miseria y la marginalidad no están vinculadas con la violencia y con el delito. Debemos tener esto muy en claro no para reprimir a los pobres ni para excluirlos, sino para hacernos cargo del problema de la pobreza cuando tratamos el tema de la seguridad. Si no, estamos hablando en abstracto, discutiendo de fórmulas, de pareceres, de ideas, pero no del problema concreto”.
Partiendo de esta conclusión, es necesario destacar que Tucumán no cuenta con ningún organismo dedicado a analizar la política criminal. No hay estudios públicos sobre las características de las personas que son detenidas en Tucumán, de dónde vienen, qué tipo de delitos cometen. El fantasma de la estigmatización termina siendo un escudo para implementar políticas preventivas de fondo, mientras la respuesta a la inseguridad sólo pasa por más policías, más móviles, más tecnología. Y los que siguen siendo detenidos, una y otra vez, son “los sospechosos de siempre”.
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