Directivos piden que Almaraz se acerque a dialogar

El Centro de Funcionarios Judiciales (CFJ) no parece estar dispuesto a dejar ir sin más a Darío Almaraz, secretario de la Junta Electoral Provincial (JEP). La nota de dimisión que este asociado había presentado, donde habló de falta de solidaridad de parte de la entidad, recibió como respuesta una convocatoria a conversar, según el comunicado de prensa que el CFJ divulgó ayer.

El texto oficial indica que Almaraz fue invitado a dialogar con la Comisión Directiva “cuando estime conveniente”. Por medio de Cristian Schurig (presidente), José Fabricio Argiró (vicepresidente) y Álvaro Marcelo Cáceres (tesorero), la entidad precisó que no es un gremio: “los funcionarios judiciales que la integran, dada su condición, se encuentran imposibilitados de realizar actividades gremiales y políticas”.

Los directivos añadieron que querían aprovechar la oportunidad para informar que la nueva cúpula había asumido el 1 de septiembre pasado (una semana después de las elecciones del 23 de agosto). “La Comisión Directiva está encaminada a redefinir el rumbo del CFJ, para lo cual se ha puesto como meta que las acciones por seguir sean el resultado del aporte de todos los funcionarios que integran el Poder Judicial (asociados o no). Por ello, esta conducción está convencida de que el diálogo, y el intercambio o discrepancia de opiniones constituyen la fuente necesaria para otorgar una nueva impronta a nuestra entidad”, afirmaron Schurig, Argiró y Cáceres.

Almaraz dio un paso al costado del Centro que había dirigido (fue miembro de la conducción anterior) en señal de protesta por el silencio de la institución ante los ataques que padeció como consecuencia de los comicios. “En la doctrina social de la Iglesia católica, se entiende por principio de solidaridad la consideración del conjunto de aspectos que relacionan o unen a las personas, la colaboración y la ayuda mutua que ese conjunto de relaciones promueve y alienta. Estimo que este es el marco en el que deben promoverse y ‘actuarse’ las relaciones sociales previstas en el artículo 3 del estatuto del CFJ”, escribió el secretario de la JEP en la nota de renuncia que envió a Argiró. En las jornadas posteriores a la elección y mientras recrudecían las acusaciones de fraude sostenidas por la oposición, Almaraz fue escrachado con afiches colocados en la vía pública y denunciado en sede penal. Mientras esto sucedía, el CFJ permaneció al margen o por lo menos no trascendió que haya promovido ningún tipo de acto de desagravio.

La reacción conciliadora de la entidad a posteriori de la dimisión del secretario establece una diferencia respecto de la posición que adoptó la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT), que este año perdió a al menos 42 asociados (el 20% del padrón). La primera ola de renuncias tuvo lugar cuando la AMT que preside el defensor oficial Roberto Paz denunció en sede penal a los funcionarios judiciales que auditaron a Guillermo Herrera, el fiscal N°10 que el mes pasado presentó la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación. Luego, la AMT “sufrió” las repercusiones electorales: la semana pasada, el juez Salvador Ruiz, coautor de la sentencia que invalidó las elecciones (fue revertida por la Corte), dio el portazo disconforme con el silencio de la entidad ante los escraches y presiones que recibió la judicatura.