01 Octubre 2015
Este año se ha vuelto una moneda corriente que los jueces den la espalda a su entidad gremial, la Asociación de Magistrados de Tucumán. En una profundización de ese gesto de protesta, Darío Almaraz, secretario de la Junta Electoral Provincial, hizo lo propio respecto del Centro de Funcionarios Judiciales (CFJ).
Aunque la dimisión no especifica los motivos del alejamiento, Almaraz dio a entender que estaba insatisfecho con el concepto de solidaridad que maneja su ahora ex gremio. “En la doctrina social de la Iglesia católica, se entiende por principio de solidaridad la consideración del conjunto de aspectos que relacionan o unen a las personas, la colaboración y la ayuda mutua que ese conjunto de relaciones promueve y alienta. Estimo que este es el marco en el que deben promoverse y ‘actuarse’ las relaciones sociales previstas en el artículo 3 del estatuto del CFJ”, escribió Almaraz en la nota de renuncia que dirigió al vicepresidente José Fabricio Argiró.
El funcionario fue objeto de innumerables cuestionamientos a posteriori de los comicios del 23 de agosto. Las acusaciones incluyeron desde escraches en la vía pública con afiches hasta denuncias penales. Mientras esto sucedía, el CFJ permaneció en silencio o por lo menos no trascendió que haya promovido ningún tipo de acto de desagravio.
La nueva Comisión Directiva del gremio que preside Cristian Schurig, relator de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, fue electa cinco días antes de las controvertidas elecciones provinciales y asumió este mes. La conducción del CFJ prefirió no hacer comentarios sobre la decisión de Almaraz hasta consensuar una posición institucional, según dijeron los interlocutores consultados.
La renuncia de Almaraz se suma a la seguidilla de dimisiones de afiliados a los gremios vinculados al Poder Judicial. La semana pasada, el juez Salvador Ruiz, coautor de la sentencia que invalidó las elecciones (luego fue revertida), dio el portazo a la Asociación de Magistrados de Tucumán, que asimismo asistió en silencio a los escraches y presiones que recibió la judicatura en las últimas semanas. En sintonía con Ruiz, Carlos Arraya, juez en lo Civil y Comercial Común, también pegó el portazo al gremio que preside el defensor oficial Roberto Paz. Este año, otros 40 magistrados (casi el 20% del padrón) abandonó la AMT por la posición beligerante que esa entidad había adoptado respecto de los funcionarios judiciales que auditaron la Fiscalía de Guillermo Herrera, quien este mes dimitió como fiscal para acceder a la jubilación.
Aunque la dimisión no especifica los motivos del alejamiento, Almaraz dio a entender que estaba insatisfecho con el concepto de solidaridad que maneja su ahora ex gremio. “En la doctrina social de la Iglesia católica, se entiende por principio de solidaridad la consideración del conjunto de aspectos que relacionan o unen a las personas, la colaboración y la ayuda mutua que ese conjunto de relaciones promueve y alienta. Estimo que este es el marco en el que deben promoverse y ‘actuarse’ las relaciones sociales previstas en el artículo 3 del estatuto del CFJ”, escribió Almaraz en la nota de renuncia que dirigió al vicepresidente José Fabricio Argiró.
El funcionario fue objeto de innumerables cuestionamientos a posteriori de los comicios del 23 de agosto. Las acusaciones incluyeron desde escraches en la vía pública con afiches hasta denuncias penales. Mientras esto sucedía, el CFJ permaneció en silencio o por lo menos no trascendió que haya promovido ningún tipo de acto de desagravio.
La nueva Comisión Directiva del gremio que preside Cristian Schurig, relator de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, fue electa cinco días antes de las controvertidas elecciones provinciales y asumió este mes. La conducción del CFJ prefirió no hacer comentarios sobre la decisión de Almaraz hasta consensuar una posición institucional, según dijeron los interlocutores consultados.
La renuncia de Almaraz se suma a la seguidilla de dimisiones de afiliados a los gremios vinculados al Poder Judicial. La semana pasada, el juez Salvador Ruiz, coautor de la sentencia que invalidó las elecciones (luego fue revertida), dio el portazo a la Asociación de Magistrados de Tucumán, que asimismo asistió en silencio a los escraches y presiones que recibió la judicatura en las últimas semanas. En sintonía con Ruiz, Carlos Arraya, juez en lo Civil y Comercial Común, también pegó el portazo al gremio que preside el defensor oficial Roberto Paz. Este año, otros 40 magistrados (casi el 20% del padrón) abandonó la AMT por la posición beligerante que esa entidad había adoptado respecto de los funcionarios judiciales que auditaron la Fiscalía de Guillermo Herrera, quien este mes dimitió como fiscal para acceder a la jubilación.
Lo más popular
