Los productores y el Gobierno avanzan en las negociaciones

El Gobierno quiere cambiar la imagen de la provincia, marcada por las protestas, entre ellas, la del campo. Mientras que los productores autoconvocados mantienen el “tractorazo” en la plaza Independencia, a la espera de que entren en vigencia las medidas consensuadas con el Gobierno provincial y algunas del ámbito nacional. Aunque no se descarta que los ruralistas evalúen la próxima semana el levantamiento del campamento frente a los avances de las negociaciones entre las partes.

La decisión de ponerle fin a la protesta que lleva 24 días estará condicionada a que se “concreten algunas disposiciones a nivel local y nacional”, según dijeron en la carpa de los agricultores.

“Los productores estamos contentos con el avance logrado, esperando que se concreten dos o tres cosas a nivel provincial y nacional. Pero la decisión es mantener el reclamo como lo venimos haciendo hasta que se concreten esas cosas”, dijo Gonzalo Blasco, referente de los autoconvocados, quien agregó: “se evaluará la semana que viene si levanta o no (’el tractorazo’); la asamblea decidirá”. Sin embargo, el agricultor consideró que esas medidas “son paliativos” para encarar las próxima campaña de granos. “No define si sembraremos o no en la campaña que viene, ya que los problemas grandes corresponden al orden nacional”, aclaró.

Ayer, se llevaron adelante dos reuniones para delinear instrumentos tributarios y de financiamiento dirigidos a los ruralistas. Un grupo de representantes del campo, entre granarios y cañeros, participó ayer en una serie de reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo local (PE). En primer lugar, en un encuentro con el ministro de Economía, Jorge Jiménez, se informó que la Dirección General de Rentas (DGR) “pasó una lista a los bancos de productores que no estarán afectados por la retención del impuesto sobre los Ingresos Brutos, respecto de las operaciones financieras”.

Según comentó Blasco, los referentes del sector entregaron una lista con nombres de contribuyentes que tienen “saldo a favor” (montos a favor del tributario) para establecer las devoluciones en el mismo régimen impositivo tucumano. La cifra total en ese concepto ascendería a $ 20 millones en la provincia, trascendió desde el Gobierno.

Luego, el mismo grupo consensuó con el director de Agricultura, Gustavo Páez, la conformación de un registro de productores de granos provincial. Esa nómina sería la base para encaminar la aplicación de una exención impositiva.

Mientras se desarrollaban las negociaciones en el ámbito gubernamental, otra comisión de ruralistas participó en una mesa de diálogo con el gerente regional del Banco Nación (BN), Ezequiel Ball.

“Se trató el acceso a los créditos y se habló sobre la situación productiva. Le dijimos que el Banco Nación fue nuestro salvavidas en tiempos de crisis, pero que hoy no sentíamos ese respaldo”, comentó Augusto Battig, quien participó en esa charla. “Hoy, son pocos los productores que tienen una carpeta (de solicitud de crédito) que responda a las condiciones del banco”, comentó.

El BN había fijado que podían acceder a las líneas de financiación -límites a sola firma, incluyendo tarjetas Agronación, descuento de cheques de pago diferido y descubierto en Cuentas Corrientes- aquellos que demostraran no contar con existencia de la oleaginosa.

Una fuente del Nación explicó ayer que la entidad financiera había dispuesto a fines de 2013 “limites en algunas líneas de crédito para productores de soja, ya que con el capital que estaba destinado a la producción solventaba la especulación de grandes productores”, en referencia a que en la actividad se había optado por no liquidar sus stock, lo que impedía el ingreso de dólares al Gobierno. Pero aclaró que “no hay restricciones” para el segmento de agricultores sojeros de hasta 500 hectáreas y que tengan una provisión no mayor de 125 toneladas. La misma fuente afirmó que el diálogo con los autoconvocados avanzará entorno de las posibilidades de la oferta del banco.