El juez consideró que no se profundizó la investigación contra el novio de Paulina

Hubo una supuesta situación de violencia de género que sufrió Paulina Lebbos que, según consideró el juez de Instrucción Víctor Manuel Pérez, no fue lo suficientemente investigada. El magistrado, en la resolución en la que firmó la elevación a juicio por el crimen de Paulina, destacó la denuncia que había realizado la madre de la víctima, Rosa del Carmen Racedo, acusando a César Soto por maltratos, y dirigiendo hacia él sus sospechas.

Pérez coincidió con el fiscal de Instrucción Diego López Ávila en que el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Sánchez, el ex subjefe de Policía Nicolás Barrera, el ex jefe de la Regional Norte Héctor Rubén Brito y el policía retirado Hugo Rodríguez, deben ser juzgados por el encubrimiento del crimen de Paulina y otros delitos, ya que habrían realizado maniobras para alterar el lugar en el que fue encontrado el cuerpo el 11 de marzo de 2006, y las actas que documentaban esa situación.

El magistrado también estuvo de acuerdo en que Luis Roberto Gómez, que presuntamente tuvo el teléfono de Paulina a las pocas horas de su desaparición, tiene que enfrentar un debate oral por su probable participación en la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de la víctima. En lo que disintió fue en algunos aspectos de la investigación, y en los pedidos de sobreseimiento.

Luego de rendir

La madre de Paulina, quien ya falleció, había declarado que el 25 de febrero de 2006 a la mañana su hija había rendido una materia de la Licenciatura en Comunicación Social, y que como su hija se demoraba en llegar a casa, llamó al departamento de Virginia Mercado, con quien había estudiado. “Virginia me contesta que al salir de la facultad estaba esperándola César Soto para invitarla a almorzar en la casa de los Jiménez”, había relatado Racedo. Se refería a Jorge Jiménez, amigo de Soto, que estuvo sospechado en la causa al igual que su padre y su hermano.

Paulina, de acuerdo a ese testimonio, llegó a su domicilio pasadas las 16, y se recostó a dormir. “La noto muy inquieta y preocupada, se sienta a los pies de mi cama, pensativa como si quisiera decirme algo, y yo le pido que no pierda más el tiempo y lo aproveche para el reposo”, había detallado la madre de la víctima.

Paulina salió esa noche a bailar con Mercado y otras amigas. Su compañera de estudio declaró que al salir del boliche tomaron un remise y que ella se bajó en La Rioja al 400. Lebbos siguió viaje, supuestamente a la casa de Soto, pero nunca más se supo de ella hasta que encontraron su cuerpo dos semanas después.

Racedo había asegurado en su declaración que tanto Soto como los Jiménez acosaban sexualmente a Paulina. “Quiero decir que Soto no fue ni novio ni pareja de mi hija”, había expresado la mujer. Otros testigos, en cambio, expresaron que la víctima sí tenía una relación con Soto, pero que el muchacho no se llevaba bien con los padres de ella.

El fallo “Marita”

El juez citó el fallo que la Corte Suprema de Justicia de la provincia dictó en la causa por la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón, ya que Racedo había dicho que Soto mandaba a los Jiménez a acosar a Paulina para prostituirla.

Concretamente, Pérez hizo referencia a que la bioquímica forense Lilia Moyano de Colombres había detectado dos pelos en la mano y en la remera de Paulina que tenían características similares con los de Jorge Jiménez. Además, el magistrado mencionó que en el caso de Soto le habían secuestrado un toallón blanco con dos manchas en las que había vestigios de sangre lavada.

El juez hizo mención a que dichas pruebas no habían sido analizadas. La Fiscalía de Instrucción de la IV° Nominación, en tanto, informó que el cotejo genético sí se había realizado, y que el resultado había sido negativo. Son las pruebas de ADN que se realizaron en Buenos Aires el año pasado, y para las que se extrajeron muestras a todas las personas mencionadas en las distintas hipótesis.

Los abogados defensores y los querellantes se notificaron el lunes de la resolución. Los acusados aún tienen la posibilidad de pedir a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que revise la decisión de Pérez, y que rechace la elevación a juicio oral. Ese sería el próximo paso procesal de la causa.