31 Agosto 2015
LOS DENUNCIANTES. Giannoni y López Ávila, al salir de la audiencia de la Corte Suprema por la crisis carcelaria. la gaceta / foto de Antonio Ferroni (archivo)
¿Cuántos calabozos tiene la Policía de la provincia y cuántas personas están detenidas allí? ¿En qué condiciones de higiene y salubridad están las celdas? ¿Quiénes son los miembros del servicio penitenciario que irán a las comisarías a custodiar a los presos, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de Justicia? Todas esas preguntas deberá responder el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Jorge Gassenbauer, según lo requirieron los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni.
El reporte que el funcionario deberá enviar quincenalmente no debería limitarse a un papel. Los fiscales pidieron un informe que incluya fotografías de cada uno de los lugares de alojamiento para detenidos que existan en dependencias policiales.
López Ávila y Giannoni tienen a su cargo la elaboración de los informes relativos al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, en el que se hizo lugar a un hábeas corpus que habían presentado por la crisis carcelaria, luego de la muerte de dos detenidos que se encontraban alojados en la Brigada de Investigaciones Norte, en Yerba Buena.
La Corte Suprema resolvió que la provincia debe trasladar los detenidos a dependencias del servicio penitenciario, de acuerdo al plan de obras de ampliación de la cárcel de Villa Urquiza que presentó el Gobierno. Además, entre otros puntos decidió que deben ser guardiarcárceles los que estén a cargo de la custodia de los presos en las comisarías, hasta que culmine el proceso en mayo del año que viene.
Las obras
De acuerdo al fallo de la Corte Suprema, el Gobierno debería haber finalizado este fin de semana las refacciones de los baños, la red cloacal, la iluminación y el servicio de agua potable de las unidades 1 y 2 del penal de Villa Urquiza.
Por ello, el pedido de los fiscales también se hizo extensivo al ministro de Economía Jorge Gustavo Jiménez, ya que esas obras estaban a cargo de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Jiménez tendrá que especificar quién es el arquitecto o ingeniero responsable de la refacción.
También se solicitó que informen cuál es la fecha estimada para la conclusión de la alcaidía que será edificada por la empresa “Tensolite” en el complejo penitenciario de Villa Urquiza, y que tendrá una capacidad para alojar a 400 detenidos.
Los traslados
Hasta el sábado, el Gobierno debería haber sacado a 200 presos de las comisarías y haberlos alojado en el penal de Villa Urquiza. Fuentes gubernamentales aseguraron que este punto ha sido cumplido antes del plazo fijado por Antonio Gandur, Daniel Posse, Antonio Estofán y René Goane. La vocal Claudia Sbdar, por su parte, había establecido un sólo plazo de 270 días corridos para trasladar a los detenidos, aunque también votó a favor del hábeas corpus de los fiscales.
De todas maneras, López Ávila y Giannoni pidieron que se elabore un documento en el que se precisen los nombres de los presos que han sido trasladados a Villa Urquiza, por qué causa están detenidos, en qué comisaría estuvieron alojados y cuál es su lugar de destino. Ese informe tendrá que ser actualizado cada 15 días, de acuerdo al pedido que los fiscales remitieron al Poder Ejecutivo.
Las comisarías
Esta semana, el Gobierno debería enviar el registro fotográfico de los lugares de alojamiento que tiene la Policía. Los fiscales habían establecido un plazo de cinco días para que se realice el relevamiento, con el que procuran establecer si se cumple con la mejora de las condiciones de salubridad, alimentación e higiene de los calabozos, según lo había determinado la Corte Suprema.
El relevamiento también deberá especificar quiénes son las personas que se encuentran allí detenidas y desde cuándo, a disposición de qué autoridad y los procesos judiciales a los que están sometidos. Estos datos también tendrán que ser actualizados quincenalmente, hasta que no haya más detenidos alojados en las comisarías.
Por otro lado, se solicitó el listado de los guardiacárceles destinados a las custodias de los presos en las comisarías, como así también de los que están afectados al traslado de los presos a tribunales cada vez que los requieran, tarea que la Corte eximió de realizar a la Policía.
La comida
Finalmente, también se pidió al director de Institutos Penales, Guillermo Snaider, que explique cómo se realiza el racionamiento de las personas detenidas en establecimientos carcelarios y policiales. Sucede que a los que se encuentran alojados en las comisarías no se les provee alimentación (comen lo que les acercan sus familiares), a diferencia de los que están en la cárcel, donde les dan la comida. En el informe, López Ávila y Giannoni pidieron a Snaider que detalle cómo se realiza el cálculo mensual del aprovisionamiento de la comida.
El reporte que el funcionario deberá enviar quincenalmente no debería limitarse a un papel. Los fiscales pidieron un informe que incluya fotografías de cada uno de los lugares de alojamiento para detenidos que existan en dependencias policiales.
López Ávila y Giannoni tienen a su cargo la elaboración de los informes relativos al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, en el que se hizo lugar a un hábeas corpus que habían presentado por la crisis carcelaria, luego de la muerte de dos detenidos que se encontraban alojados en la Brigada de Investigaciones Norte, en Yerba Buena.
La Corte Suprema resolvió que la provincia debe trasladar los detenidos a dependencias del servicio penitenciario, de acuerdo al plan de obras de ampliación de la cárcel de Villa Urquiza que presentó el Gobierno. Además, entre otros puntos decidió que deben ser guardiarcárceles los que estén a cargo de la custodia de los presos en las comisarías, hasta que culmine el proceso en mayo del año que viene.
Las obras
De acuerdo al fallo de la Corte Suprema, el Gobierno debería haber finalizado este fin de semana las refacciones de los baños, la red cloacal, la iluminación y el servicio de agua potable de las unidades 1 y 2 del penal de Villa Urquiza.
Por ello, el pedido de los fiscales también se hizo extensivo al ministro de Economía Jorge Gustavo Jiménez, ya que esas obras estaban a cargo de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Jiménez tendrá que especificar quién es el arquitecto o ingeniero responsable de la refacción.
También se solicitó que informen cuál es la fecha estimada para la conclusión de la alcaidía que será edificada por la empresa “Tensolite” en el complejo penitenciario de Villa Urquiza, y que tendrá una capacidad para alojar a 400 detenidos.
Los traslados
Hasta el sábado, el Gobierno debería haber sacado a 200 presos de las comisarías y haberlos alojado en el penal de Villa Urquiza. Fuentes gubernamentales aseguraron que este punto ha sido cumplido antes del plazo fijado por Antonio Gandur, Daniel Posse, Antonio Estofán y René Goane. La vocal Claudia Sbdar, por su parte, había establecido un sólo plazo de 270 días corridos para trasladar a los detenidos, aunque también votó a favor del hábeas corpus de los fiscales.
De todas maneras, López Ávila y Giannoni pidieron que se elabore un documento en el que se precisen los nombres de los presos que han sido trasladados a Villa Urquiza, por qué causa están detenidos, en qué comisaría estuvieron alojados y cuál es su lugar de destino. Ese informe tendrá que ser actualizado cada 15 días, de acuerdo al pedido que los fiscales remitieron al Poder Ejecutivo.
Las comisarías
Esta semana, el Gobierno debería enviar el registro fotográfico de los lugares de alojamiento que tiene la Policía. Los fiscales habían establecido un plazo de cinco días para que se realice el relevamiento, con el que procuran establecer si se cumple con la mejora de las condiciones de salubridad, alimentación e higiene de los calabozos, según lo había determinado la Corte Suprema.
El relevamiento también deberá especificar quiénes son las personas que se encuentran allí detenidas y desde cuándo, a disposición de qué autoridad y los procesos judiciales a los que están sometidos. Estos datos también tendrán que ser actualizados quincenalmente, hasta que no haya más detenidos alojados en las comisarías.
Por otro lado, se solicitó el listado de los guardiacárceles destinados a las custodias de los presos en las comisarías, como así también de los que están afectados al traslado de los presos a tribunales cada vez que los requieran, tarea que la Corte eximió de realizar a la Policía.
La comida
Finalmente, también se pidió al director de Institutos Penales, Guillermo Snaider, que explique cómo se realiza el racionamiento de las personas detenidas en establecimientos carcelarios y policiales. Sucede que a los que se encuentran alojados en las comisarías no se les provee alimentación (comen lo que les acercan sus familiares), a diferencia de los que están en la cárcel, donde les dan la comida. En el informe, López Ávila y Giannoni pidieron a Snaider que detalle cómo se realiza el cálculo mensual del aprovisionamiento de la comida.
Lo más popular
