23 Junio 2015
El año pasado, cuando decidió que quería continuar en la Legislatura pese a haber sido electo en 2007 y 2011, José “Gallito” Gutiérrez argumentó que la Constitución provincial lo discriminaba al impedirle su postulación, ya que los senadores y diputados nacionales gozan (gracias a la Carta Magna Argentina) de reelecciones indefinidas.
La Justicia provincial echó por tierra con las pretensiones del vicepresidente del bloque oficial de la Legislatura, y no necesitó adentrarse en esas objeciones constitucionales. La sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por Ebe López Piossek y Sergio Gandur, resolvió en un fallo “declarar inadmisible” la demanda de Gutiérrez, haciendo lugar al “planteo de caducidad de la acción” promovido por la Provincia, a través del fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa. “No corresponde analizar las otras cuestiones propuestas en la litis”, señalaron los camaristas en la sentencia, firmada el 19 de junio.
Si bien “Gallito” no conocía el fallo, anticipó que apelará ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y que llegará hasta el alto tribunal de la Nación si es necesario.
Los camaristas le dieron la razón al PE, cuando planteó que la demanda de “Gallito”, realizada el 23 de octubre de 2014, había llegado varios años tarde, ya que el Código Procesal Constitucional de Tucumán, en su artículo 90, inciso 1, señala que el plazo para la queja es “de 60 días corridos a contar desde la publicación oficial de la norma cuestionada”. Los jueces contemplaron que, si bien la reforma constitucional fue en 2006, “Gallito” se podría haber interesado en su “re-re” tras ser reelecto, en 2011. “A la referida fecha de interposición había operado ya la caducidad de la acción aquí intentada”, indicaron.
La Justicia provincial echó por tierra con las pretensiones del vicepresidente del bloque oficial de la Legislatura, y no necesitó adentrarse en esas objeciones constitucionales. La sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por Ebe López Piossek y Sergio Gandur, resolvió en un fallo “declarar inadmisible” la demanda de Gutiérrez, haciendo lugar al “planteo de caducidad de la acción” promovido por la Provincia, a través del fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa. “No corresponde analizar las otras cuestiones propuestas en la litis”, señalaron los camaristas en la sentencia, firmada el 19 de junio.
Si bien “Gallito” no conocía el fallo, anticipó que apelará ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y que llegará hasta el alto tribunal de la Nación si es necesario.
Los camaristas le dieron la razón al PE, cuando planteó que la demanda de “Gallito”, realizada el 23 de octubre de 2014, había llegado varios años tarde, ya que el Código Procesal Constitucional de Tucumán, en su artículo 90, inciso 1, señala que el plazo para la queja es “de 60 días corridos a contar desde la publicación oficial de la norma cuestionada”. Los jueces contemplaron que, si bien la reforma constitucional fue en 2006, “Gallito” se podría haber interesado en su “re-re” tras ser reelecto, en 2011. “A la referida fecha de interposición había operado ya la caducidad de la acción aquí intentada”, indicaron.
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José "Gallito" Gutiérrez
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