La Corte Suprema amplió el sumario del fiscal Herrera

La pesquisa también abarcará el caso “Pérez”.

11 Jun 2015
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ARCHIVO LA GACETA

La fiscala e instructora Juana Prieto investigará también el desempeño de Guillermo Herrera, fiscal N°10, respecto del caso “Pérez”, expediente añadido al universo original de actuaciones alcanzadas por el sumario: “Teves-Albarracín”, “Rigourd”, “Valdez” y “Jorrat”. La ampliación fue dispuesta por Antonio Gandur, titular de la Corte Suprema, luego de que el Cuerpo de Auditores elevara otro informe crítico respecto del trámite que la Fiscalía de Herrera había impreso a la causa en cuestión, que empezó en 2014 por la denuncia de Pablo Ezequiel Pérez.

La nueva auditoría obedeció a la presentación que Ángel Victoriano Pérez, imputado y tío del denunciante, interpuso en la Secretaría de Superintendencia de la Corte y en la Fiscalía de Diego López Ávila. La denuncia ingresó a posteriori de que el Colegio de Abogados de la Capital promoviese la acusación que derivó en la apertura del sumario, previa fiscalización de las actuaciones “Teves-Albarracín”, “Rigourd”, “Jorrat” y “Valdez”.

Respecto de “Pérez”, Luis Lezana Flores, jefe de los auditores penales, concluyó que el fiscal N°10 entregó al denunciante los $ 758.700 secuestrados en las oficinas del denunciado sin que el dinero fuese solicitado por el primero. “El fiscal dispuso lisa y llanamente (el traspaso) sin haber tomado ningún tipo de resguardo o de garantía”, agregó Lezana Flores. Además, el auditor observó que Herrera dispuso sobre la marcha el secuestro de los $ 758.700 pese a no había sido autorizado específicamente para ello por parte de Mirta Lenis de Vera, jueza de Instrucción interviniente.

Lezana Flores acotó asimismo que el denunciante Pablo Ezequiel Pérez “direccionó” de manera casi exclusiva la investigación penal prepatoria desde el ingreso de la causa en la Fiscalía N°10. La auditoría precisa que, en paralelo, estaba en trámite en los Tribunales civiles de Concepción el juicio sucesorio de Miguel Antonio Pérez, donde el denunciante y su madre habían sido designados administradores y representantes de la sucesión en las empresas (Cofin SRL y Romag SRL) que gerenciaba el imputado-denunciante Ángel Victoriano Pérez. “Cabe señalar que el fiscal entregó el dinero a Pablo Ezequiel Pérez no en calidad de administrador del sucesorio en trámite sino como depositario judicial y dos horas después de haber finalizado la medida de allanamiento y secuestro”, dijo el auditor.

Esta segunda auditoría adversa para Herrera no sería la última. Fuentes judiciales indicaron que el fiscal N°10 también está bajo análisis en otras dos fiscalizaciones encargadas por Gandur en las causas “Delgado” y “Carvajal”. Tras la divulgación del primer informe, el funcionario constitucional fue categórico: “es mentira todo lo que dicen los auditores”.

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