Los desconocidos de siempre
Defina al motoarrebatador: individuo que circula en moto por las calles en busca de víctimas a quienes quitarles sus pertenencias (carteras, bolsos, celulares, por lo general). Suele estar acompañado de otro individuo que maneja la moto, en la que se sube a la carrera para escapar, cuando ya tiene su botín. También puede estar armado con cuchillos o revólveres.

El arrebatador es la plaga de las calles latinoamericanas, que en la última década han visto crecer la inundación de motocicletas baratas para todos y el auge del consumo. Su presencia es uno de los factores que más ha contribuido a la sensación de inseguridad. Así da cuenta el Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH) 2013-2014, “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El principal miedo es el delito callejero, dice ese estudio, que además coloca a la Argentina en una paradoja: al tiempo que es uno de los países con más baja tasa de homicidios (5,5 cada 100.000 habitantes, contra Honduras, que tiene 90,4), tiene una alta tasa de asaltos: 973 cada 100.000 habitantes. En México es de 680.

“Pescado” pero no detenido

También es la plaga en Tucumán. Sobre este individuo se aprobó una polémica ley en noviembre, la 8.747, que propone que, cuando uno de estos tipos sea “pescado” in fraganti, sea detenido en el acto y el fiscal de turno le pida de inmediato la prisión preventiva. Que vaya preso y no salga. El gobernador José Alperovich la defendió entonces (“al que se lo pille tiene que ir preso, porque si no sale al otro día, y es lo mismo”). Este lunes volvió a pedir que se aplique la norma y, de paso, le tiró a la Justicia el fardo de la inseguridad en las calles, al señalar que los sueltan a los dos días. Al día siguiente el ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, ordenó a los fiscales que apliquen la ley. Pero nadie la había aplicado porque se la considera inconstitucional. El presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, la congeló, porque contradice el Código Penal, ya que hurto (art 162, que tiene pena de un mes a dos años) y lesiones (art. 89, un mes a un año) no autorizan a enviar preso al infractor. Por eso no aplica la detención, a menos que se trate de robo (art. 164, de un mes a seis años, cuando se ejerce violencia física) o robo agravado, (cinco a 15 años, cuando se causan lesiones graves o se usa armas o es en banda).

Veamos algunos ejemplos: el sábado pasado a las 15, un joven le sacó la cartera a una mujer en Buenos Aires al 2.600, pero no pudo subir a la moto y fue capturado por los vecinos. El jueves 29 de enero, al anochecer, en barrio El Parque (Lola Mora y Amadeo Jacques), Leticia Díaz, de 57 años sufrió raspones en las rodillas al ser tirada y arrastrada por un arrebatador que no pudo quitarle la cartera. El 11 de septiembre a las 14, en la vereda de un bar en Marcos Paz y Azcuénaga, un arrebatador de 17 años le sacó el celular a una bebita en un coche. La nena estaba jugando con el aparato de su abuela, que tomaba una gaseosa. Enterado el abuelo, salió en su camioneta, persiguió al ladrón y varias cuadras después lo atrapó junto con un grupo de vecinos. Otro caso: el del tipo que rompió la ventanilla del auto de Julio Rodolfo Espeche, que estaba esperando el semáforo de Ayacucho y San Lorenzo el 27 de mayo. El arrebatador huyó sin botín.

Como se ve, la variedad de situaciones de arrebato es amplia y por eso genera tanto miedo ciudadano. Pero como se trata de tentativas de robo y de hurto, son excarcelables, pese a que no le guste a nadie. Ni a la gente ni a Alperovich. El ministro Jiménez, al insistir el martes con la ley, dijo que “en los códigos de procedimiento se establecen excepciones a la norma general, cuando pueden causar zozobra general. Porque implican peligro psicofísico para las víctimas, o porque tienen mayor vulnerabilidad, por ser niños, mujeres o ancianos”. También relató que la idea de esta norma surgió de encuentros con los fiscales, que advertían que había crecido el arrebato violento. ¿Advertían? -se le preguntó- ¿Hay estadísticas sobre el aumento de arrebatos violentos? “No -dijo el ministro Fiscal-. Es la percepción de los fiscales sobre este tipo de delitos”. Y agregó: “son delincuentes difíciles de atrapar. Por eso creemos que el efecto de la norma va a ser principalmente el disuasivo”.

El problema no radica en estas contradicciones que hacen débil a la norma, sino que se repite la idea de “meter presos, como sea” a los responsables de algo que no se sabe cómo dominar. Ya se lo intentó hace nueve años con la ley de flagrancia para delincuentes atrapados in situ, que cayó por estos mismos motivos.

Y no se sabe cómo dominar el problema porque no se conoce al tipo criminal. “Esto es nuevo, lleva 10 años, que son los de la explosión de las motos en las calles”, dice un policía de Guardia Urbana, que asegura que no se puede prevenir el motoarrebato, salvo con los operativos de control esporádicos.

Pésima toma de datos

Pero no siquiera esos operativos tienen un protocolo: la Brigada de Monteros informó hace dos semanas que había motos secuestradas cuyos conductores dieron datos y direcciones falsos en los operativos. Los controles y algunas persecuciones han ayudado a que se secuestren unas 4.000 motos en lo que va del año en la Capital, de las cuales unas 200 estaban vinculados a delitos (ya sea porque son de motoarrebatadores o porque son motos robadas y recuperadas). Pero no se sabe si esto reduce la inseguridad. Una alta fuente policial dice que desde que se hacen operativos en barrio Sur bajaron un 45% las denuncias del primero al segundo bimestre. “Pero la colcha es corta, y al poner agentes en el sur, crecen los robos en el norte y en otras zonas. De cada 10 hechos, ocho se cometen en lugares donde no hay puestos”, explicó. Además, un agente dijo que gran parte de los ataques ocurren en paradas de colectivos entre las 7.30 y las 8.30, que es cuando no hay policías en las calles porque en esa hora están cambiando las guardias de las comisarías.

Como no se puede poner un policía encada esquina, hay que preguntar qué estrategia abordar. ¿Hay un perfil del motoarrebatador? No, porque es un tipo difícil de atrapar. De las 3.500 denuncias por turno de fiscalía, 1.500 son de autores desconocidos. ¿Cuántos son arrebatadores? No se sabe. La Oficina judicial de Autores Desconocidos fue intervenida por el ministro Fiscal el mes pasado, porque estaba saturada con 50.000 causas sin investigar. El que dio una estimación, en agosto, fue el comisario Luis Bacas, del 911. El 30% de los detenidos son arrebatadores, precisó.

También se desconoce si el atacante que provoca lesiones sale “en dos días”, como dice Alperovich. Se ignora en qué sectores se concentra este delito, o dónde se hacen más denuncias (en las comisarías del centro, con probabilidad). Tampoco se sabe si se van a hacer encuestas de victimización para tener una idea de lo que no se denuncia. No conocemos la tasa de esclarecimiento, ni la relación entre motos secuestradas con papeles irregulares y arrebatos.

Si la policía reconoce que el delito muta a donde no hay agentes (en barrio Sur se denunciaron ataques casi en la cara de los vigilantes) y si la misma Justicia admite que se ha hecho una ley no con estadísticas serias sino con impresiones de los fiscales; si no se sabe de dónde vienen ni qué impulsa a los motochorros, si sólo aspiramos a una ley que acaso vaya a “disuadirlos”, ¿cómo será posible acercarse a una probable solución? “El problema no es el tamaño, sino la capacidad institucional para incorporar a los sectores en condiciones de marginalidad”, dice el informe del PNUD, para explicar el crecimiento del delito callejero. Este, presumimos, va creciendo y con violencia. Y sigue en manos de los desconocidos de siempre.

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