06 Junio 2015
TITULAR DEL EJÉRCITO. César Milani en el acto del Día del Ejército, que fue celebrado el 29 de mayo pasado en el Colegio Militar de El Palomar. dyn
Jorge Rubén Páez, testigo ofrecido por la defensa de César Milani, jefe del Ejército, ha de ser investigado por el posible falso testimonio cometido durante la investigación de la desaparición del soldado Alberto Ledo ocurrida en la última dictadura. Así lo decidió la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán el 2 de junio pasado, en la sentencia que volteó el archivo de la denuncia contra Páez dispuesto por Fernando Luis Poviña, juez federal Nº2. Votaron a favor de esta solución los vocales Marina Cossio (presidenta), Ernesto Wayar, Graciela Fernández Vecino y Raúl Mender. Ricardo Sanjuán, el quinto miembro del tribunal, no intervino porque se excusa sistemáticamente en las causas de lesa humanidad.
Páez había sido denunciado el año pasado por María Elisa Reinoso y Adriana Mercado Luna, abogadas de Marcela y Graciela Ledo, respectivas madre y hermana de la víctima. La querella había advertido contradicciones en la deposición del testigo durante las audiencias del 13 de agosto y del 16 de octubre de 2014, en las que participó Carlos Brito, fiscal federal Nº1. La acusación ingresó en la órbita del juez federal Nº1, Daniel Bejas, pero este se apartó (controla la investigación principal) y la denuncia contra Páez quedó radicada en el juzgado de Poviña. En paralelo, el fiscal general Gustavo Gómez formuló el requerimiento de investigación por la Fiscalía Federal Nº2 (estaba acéfala en ese momento; desde diciembre su titular es Pablo Camuña).
El testigo cuestionado habría mentido en dos oportunidades, según Gómez. “El fiscal explica que la primera mentira se refiere a que, en la declaración del 13 de agosto, Páez dio detalles de qué es lo que hacía Ledo y dónde lo hacía, afirmando que él estaba incorporado a la Compañía B y Ledo, a la A, mientras que en la declaración del 16 de octubre de ese año, Páez expresó que no había conocido a Ledo”, relata el fallo de la Cámara. “La segunda mentira ocurrió cuando Páez ubicó a Milani como jefe suyo. El denunciado expresó en la declaración de agosto que el (entonces joven) oficial Milani pertenecía a la Compañía B, pero, de acuerdo con los registros existentes en el expediente principal, queda claro que, en 1976, Milani integraba la Compañía A en la que revistaba Ledo y no en la B, donde revistaba Páez. En realidad, quien estaba a cargo de la Compañía B era el subteniente Molina”, añade el documento.
“Decisión prematura”
El tribunal dio la razón a Gómez en cuanto a que el desajuste apuntado no era precisamente un detalle. “Cabe tener presente que el testimonio controvertido podría tener vital importancia para la resolución del caso principal, en tanto que Páez ubica a Milani como jefe suyo y no como jefe de Ledo”, razonaron los camaristas. El fiscal había dicho que la posición de Poviña “echaría por tierra” todo el instituto del falso testimonio.
El conscripto Ledo, que era oriundo de La Rioja, fue visto con vida por última vez el 17 de junio de 1976, donde cumplía el servicio militar. Según Brito, Milani habría encubierto los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra el soldado y falsificado el sumario de deserción. En marzo, el juez Bejas rechazó el pedido que había formulado el fiscal para que Milani sea indagado (la resolución está pendiente de revisión en la Cámara de Apelaciones). En esta misma causa está imputado el ex capitán Esteban Sanguinetti, quien tiene un procesamiento confirmado y aguarda el desenlace del proceso en prisión preventiva domiciliaria.
La sentencia precisa que Poviña archivó la denuncia de Páez sin ordenar la prueba requerida por Gómez. Cossio, Wayar, Fernández Vecino y Mender ordenaron al juez que dé trámite a la causa y, en particular, que solicite a Brito una copia autenticada del legajo de servicios de Milani, documento agregado al expediente de Ledo. “Entendemos que la decisión adoptada por Poviña es prematura y que este restó importancia a la medida que había solicitado el fiscal, omisión que resulta central puesto que, a partir de la realización de esa prueba, será posible dilucidar si existen las contradicciones invocadas”, opinaron los magistrados de segunda instancia. Ello quiere decir que estos no sólo voltearon el archivo sino que también precisaron que la pesquisa debe proseguir mediante la comparación entre el legajo de Milani y el testimonio de Páez, “para saber si este se ajustaba o no a la verdad”.
La Cámara asimismo recordó que una denuncia sólo puede ser desestimada sin dar inicio a la investigación cuando del relato de los hechos se desprende que estos no se adecuan a las conductas ilícitas tipificadas en el Código Penal, situación en la que no entraría la acusación de supuesto falso testimonio.
Esta decisión de la alzada, que aún puede ser recurrida, alivia en parte la queja que el mes pasado había formulado Graciela Ledo luego de entrevistarse con las camaristas Fernández Vecino y Cossio (Wayar y Mender no estaban disponibles). La mujer había pedido celeridad al tribunal, que, además de revisar la denegación del requerimiento de indagatoria a Milani, tiene pendiente definir si aparta o no del expediente principal a los fiscales Brito y Gómez (fueron recusados en primera instancia con resultado dispar). “La investigación de los crímenes perpetrados contra mi hermano no tiene director como consecuencia de la demora de la Cámara y pese a que el trámite de las causas con delitos de lesa humanidad no puede ser paralizado. Vemos que Milani goza de la protección del Poder Judicial: con menos pruebas incriminantes que las que existen contra él ya hay acusados procesados, juzgados y condenados por hechos cometidos durante la dictadura”, reclamó.
Páez había sido denunciado el año pasado por María Elisa Reinoso y Adriana Mercado Luna, abogadas de Marcela y Graciela Ledo, respectivas madre y hermana de la víctima. La querella había advertido contradicciones en la deposición del testigo durante las audiencias del 13 de agosto y del 16 de octubre de 2014, en las que participó Carlos Brito, fiscal federal Nº1. La acusación ingresó en la órbita del juez federal Nº1, Daniel Bejas, pero este se apartó (controla la investigación principal) y la denuncia contra Páez quedó radicada en el juzgado de Poviña. En paralelo, el fiscal general Gustavo Gómez formuló el requerimiento de investigación por la Fiscalía Federal Nº2 (estaba acéfala en ese momento; desde diciembre su titular es Pablo Camuña).
El testigo cuestionado habría mentido en dos oportunidades, según Gómez. “El fiscal explica que la primera mentira se refiere a que, en la declaración del 13 de agosto, Páez dio detalles de qué es lo que hacía Ledo y dónde lo hacía, afirmando que él estaba incorporado a la Compañía B y Ledo, a la A, mientras que en la declaración del 16 de octubre de ese año, Páez expresó que no había conocido a Ledo”, relata el fallo de la Cámara. “La segunda mentira ocurrió cuando Páez ubicó a Milani como jefe suyo. El denunciado expresó en la declaración de agosto que el (entonces joven) oficial Milani pertenecía a la Compañía B, pero, de acuerdo con los registros existentes en el expediente principal, queda claro que, en 1976, Milani integraba la Compañía A en la que revistaba Ledo y no en la B, donde revistaba Páez. En realidad, quien estaba a cargo de la Compañía B era el subteniente Molina”, añade el documento.
“Decisión prematura”
El tribunal dio la razón a Gómez en cuanto a que el desajuste apuntado no era precisamente un detalle. “Cabe tener presente que el testimonio controvertido podría tener vital importancia para la resolución del caso principal, en tanto que Páez ubica a Milani como jefe suyo y no como jefe de Ledo”, razonaron los camaristas. El fiscal había dicho que la posición de Poviña “echaría por tierra” todo el instituto del falso testimonio.
El conscripto Ledo, que era oriundo de La Rioja, fue visto con vida por última vez el 17 de junio de 1976, donde cumplía el servicio militar. Según Brito, Milani habría encubierto los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra el soldado y falsificado el sumario de deserción. En marzo, el juez Bejas rechazó el pedido que había formulado el fiscal para que Milani sea indagado (la resolución está pendiente de revisión en la Cámara de Apelaciones). En esta misma causa está imputado el ex capitán Esteban Sanguinetti, quien tiene un procesamiento confirmado y aguarda el desenlace del proceso en prisión preventiva domiciliaria.
La sentencia precisa que Poviña archivó la denuncia de Páez sin ordenar la prueba requerida por Gómez. Cossio, Wayar, Fernández Vecino y Mender ordenaron al juez que dé trámite a la causa y, en particular, que solicite a Brito una copia autenticada del legajo de servicios de Milani, documento agregado al expediente de Ledo. “Entendemos que la decisión adoptada por Poviña es prematura y que este restó importancia a la medida que había solicitado el fiscal, omisión que resulta central puesto que, a partir de la realización de esa prueba, será posible dilucidar si existen las contradicciones invocadas”, opinaron los magistrados de segunda instancia. Ello quiere decir que estos no sólo voltearon el archivo sino que también precisaron que la pesquisa debe proseguir mediante la comparación entre el legajo de Milani y el testimonio de Páez, “para saber si este se ajustaba o no a la verdad”.
La Cámara asimismo recordó que una denuncia sólo puede ser desestimada sin dar inicio a la investigación cuando del relato de los hechos se desprende que estos no se adecuan a las conductas ilícitas tipificadas en el Código Penal, situación en la que no entraría la acusación de supuesto falso testimonio.
Esta decisión de la alzada, que aún puede ser recurrida, alivia en parte la queja que el mes pasado había formulado Graciela Ledo luego de entrevistarse con las camaristas Fernández Vecino y Cossio (Wayar y Mender no estaban disponibles). La mujer había pedido celeridad al tribunal, que, además de revisar la denegación del requerimiento de indagatoria a Milani, tiene pendiente definir si aparta o no del expediente principal a los fiscales Brito y Gómez (fueron recusados en primera instancia con resultado dispar). “La investigación de los crímenes perpetrados contra mi hermano no tiene director como consecuencia de la demora de la Cámara y pese a que el trámite de las causas con delitos de lesa humanidad no puede ser paralizado. Vemos que Milani goza de la protección del Poder Judicial: con menos pruebas incriminantes que las que existen contra él ya hay acusados procesados, juzgados y condenados por hechos cometidos durante la dictadura”, reclamó.
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