“Nunca sabremos si Supernor vendía droga”

“Cuando comenzó el juicio, teníamos la expectativa de corroborar si en Supernor se vendía droga. La misma expectativa que seguramente tenía la persona que hizo la denuncia anónima. Vino el personal policial a declarar y encontramos variadas irregularidades en las tareas de vigilancia y en el allanamiento. Cada uno de los policías nos dio una versión distinta de los hechos”, comenzó su alegato el fiscal federal Diego Velazco. Y sus palabras fueron la antesala de una sentencia que podría tener consecuencias en el accionar de la Policía tucumana.

Ayer a las 14.30, los miembros del Tribunal Oral Federal Gabriel Casas, Alicia Noli y Adolfo Raúl Guzmán (actuó en reemplazo de Carlos Jiménez Montilla) absolvieron a Rodolfo Humberto Murúa, Juan Manuel Gómez y Ramón Gabriel Juárez. Los dos primeros estaban acusados por la supuesta venta de droga en Supernor, el negocio que funcionaba en avenida Roca y Entre Ríos. Juárez, en tanto, era amigo de Gómez e ingresó al local cuando el allanamiento ya había comenzado, el 25 de febrero de 2011.

La sentencia absolutoria también dispuso (con la disidencia de Casas) exhortar al secretario de Derechos Humanos de la provincia para que confeccione un “protocolo de buenas prácticas para la realización de requisas personales por la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía (Digedrop)”.

Además, los jueces resolvieron “remitir al fiscal provincial que por turno corresponda las actas y videos del presente juicio para la investigación de la posible comisión de ilícitos en la investigación policial”.

La causa se había iniciado con una denuncia anónima realizada en la sede de la Digedrop el 31 de enero de 2010. El entonces juez federal N° 2 Mario Racedo dispuso en octubre de 2010 que se realice una investigación en el lugar para corroborar la veracidad de la denuncia anónima.

Irregularidades

Velazco enumeró las distintas irregularidades que tuvo la actuación policial, lo que lo llevó a sostener que “nunca sabremos si Supernor vendía droga”. “Los policías nos dijeron cosas distintas de hechos específicos durante la investigación. Uno decía que nunca entraron al local, y otro aseguraba lo contrario”, describió el fiscal.

En esas tareas de vigilancia previa que hicieron para constatar la veracidad de la denuncia anónima, la Digedrop sólo determinó que había rumores de que en Supernor se vendía droga. “Comprobaron que todas las madrugadas había personal policial en el lugar por la cantidad de gente que se reunía allí. Nunca se pidió un informe a la comisaría jurisdiccional para saber qué actividades se realizaban allí. Tampoco se solicitó la intervención de alguna línea telefónica”, cuestionó Velazco.

El fiscal federal lanzó una hipótesis sobre por qué no se realizaron esas medidas: “el hecho de haber policías todas las noches nos da a entender de que tal vez no se quería llegar más allá en la investigación”.

Los cuestionamientos también alcanzaron al allanamiento, en el que encontraron 3,94 gramos de cocaína. “No hay elementos para saber de quién era esa droga. La Justicia no va a poder dar una respuesta a la sociedad de si en Supernor se vendían estupefacientes”, argumentó el fiscal al pedir la absolución de los acusados.

El presidente del tribunal que juzgó a los dueños de Supernor por la supuesta venta de drogas, no coincidió con la decisión final que tomaron sus pares Alicia Noli y Adolfo Raúl Guzmán. Aunque el juez Gabriel Casas también votó por la absolución de los tres acusados, consideró que en el caso de Rodolfo Humberto Murúa, debía ser beneficiado por la duda.

Es decir que para el magistrado, no había elementos que aseguraran que la droga hallada en el allanamiento al local haya sido del acusado, pero tampoco podía descartarlo.

El segundo punto en el que el camarista disintió con sus colegas, fue en la exhortación que se realizará al secretario de Derechos Humanos de la provincia para que se dicte un protocolo de buenas prácticas para la realización de las requisas.

El tribunal, de acuerdo con la síntesis del voto de Casas que se consignó en la resolución leída ayer, no tiene funciones sociopedagógicas, por lo que no le correspondía oficiar el dictado del protocolo de actuación policial.

Finalmente, el presidente del tribunal no consideró que hayan existido ilícitos en el procedimiento que realizó la Policía, por lo que tampoco compartió la remisión de las actas y de los videos del debate oral a la justicia provincial, para investigar la actuación de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

El martes 9 de junio se darán a conocer los fundamentos de los tres jueces, y si no existe oposición el fallo quedará firme.