01 Junio 2015
El ciudadano Carlos Duguech ratificó en la Justicia la denuncia que había realizado en sede policial para que se determine quiénes son los funcionarios de la Legislatura responsables de no enviar al Tribunal de Cuentas (TC) la rendición documentada del dinero que se entrega al mes a los 49 legisladores.
La presentación original, realizada en la Seccional Iª de Policía, había sido motivada por la respuesta que el presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, había dado a un pedido de informes elevado por Duguech a ese organismo. “(...) Tampoco es posible determinar el monto total de los gastos sociales porque la rendición de cuentas de (estos) se realiza dentro de una partida que incluye otro tipo de gastos, por lo que discriminar lo que corresponde a este concepto (...) es imposible sin contar con la documentación respaldatoria del gasto”, había dicho Terraf. Con aquella respuesta, el ciudadano se dirigió a la Policía y, luego, a la Fiscalía en los Penal de Instrucción.
En aquella ocasión, Duguech había justificado su demanda sobre la base de disposiciones de la Constitución provincial -fija que el TC es el órgano de control y fiscalización del empleo de los recursos estatales y especifica que los legisladores sólo percibirán una dieta como retribución a sus funciones- y la Ley N° 6.970 (de Administración Financiera) -exige que la rendición documentada de todo gasto del Estado sea remitida al TC para su examen-. Había considerado que las autoridades y los legisladores estarían cometiendo un delito contra la administración pública.
Período en ejercicio
En la ratificación ante la Justicia, Duguech subrayó la necesidad de que la pesquisa avance con celeridad, debido al pronto fin del mandato de las actuales autoridades y legisladores. “Pido que se investiguen todos los funcionarios que hubieren cometido los hechos denunciados, y sería mucho mejor que fuera durante este período en ejercicio, en el cual sean citados a declarar como imputados, determinándose previamente quiénes fueron los ejecutores de los delitos en cuestión, que surge claramente de la información suministrada por (Terraf)”, dijo Duguech, en referencia a la respuesta que le había dado el presidente del TC.
De acuerdo con datos extraoficiales a los que pudo acceder LA GACETA a principios de este año, el presupuesto de la Cámara para el actual período alcanza los $ 970 millones. El 78% de ese dinero estaría destinado para salarios y el 22% restante, para gastos corrientes (funcionamiento del edificio, viáticos y eventos) y para los llamados “gastos sociales”. Cada legislador cobraría por este último ítem discrecional, como mínimo, unos $ 65.000 mensuales.
La presentación original, realizada en la Seccional Iª de Policía, había sido motivada por la respuesta que el presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, había dado a un pedido de informes elevado por Duguech a ese organismo. “(...) Tampoco es posible determinar el monto total de los gastos sociales porque la rendición de cuentas de (estos) se realiza dentro de una partida que incluye otro tipo de gastos, por lo que discriminar lo que corresponde a este concepto (...) es imposible sin contar con la documentación respaldatoria del gasto”, había dicho Terraf. Con aquella respuesta, el ciudadano se dirigió a la Policía y, luego, a la Fiscalía en los Penal de Instrucción.
En aquella ocasión, Duguech había justificado su demanda sobre la base de disposiciones de la Constitución provincial -fija que el TC es el órgano de control y fiscalización del empleo de los recursos estatales y especifica que los legisladores sólo percibirán una dieta como retribución a sus funciones- y la Ley N° 6.970 (de Administración Financiera) -exige que la rendición documentada de todo gasto del Estado sea remitida al TC para su examen-. Había considerado que las autoridades y los legisladores estarían cometiendo un delito contra la administración pública.
Período en ejercicio
En la ratificación ante la Justicia, Duguech subrayó la necesidad de que la pesquisa avance con celeridad, debido al pronto fin del mandato de las actuales autoridades y legisladores. “Pido que se investiguen todos los funcionarios que hubieren cometido los hechos denunciados, y sería mucho mejor que fuera durante este período en ejercicio, en el cual sean citados a declarar como imputados, determinándose previamente quiénes fueron los ejecutores de los delitos en cuestión, que surge claramente de la información suministrada por (Terraf)”, dijo Duguech, en referencia a la respuesta que le había dado el presidente del TC.
De acuerdo con datos extraoficiales a los que pudo acceder LA GACETA a principios de este año, el presupuesto de la Cámara para el actual período alcanza los $ 970 millones. El 78% de ese dinero estaría destinado para salarios y el 22% restante, para gastos corrientes (funcionamiento del edificio, viáticos y eventos) y para los llamados “gastos sociales”. Cada legislador cobraría por este último ítem discrecional, como mínimo, unos $ 65.000 mensuales.
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