30 Mayo 2015
Tras tres meses de trámite, el fiscal empezará a investigar
El fiscal N°4 logró la autorización para desacumular las denuncias contra cuatro magistrados y practicar una investigación. En paralelo, el abogado Terán Molina volvió a cuestionar a uno de los denunciantes López Ávila recibió la causa penal este jueves
Diego López Ávila, fiscal N°4, consiguió el visto bueno para investigar -en forma acotada- las denuncias articuladas contra los fiscales Guillermo Herrera (X Nominación), Alejandro Noguera (Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción) y Arnoldo Suasnábar (III Nominación), y contra el juez Juan Francisco Pisa (III). La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción además lo autorizó a desacumular las denuncias y a formar distintas causas.
La decisión de los camaristas Eudoro Albo y Liliana Vitar pone fin a un período de tres meses de actividad judicial limitada a recibir las presentaciones y escritos de los denunciantes, y sus respectivas ratificaciones. Aunque el tribunal se pronunció el 19 de mayo, la causa recién volvió a la Fiscalía N°4 antes de ayer, es decir, casi un mes después de que salió con un requerimiento de instrucción preliminar y desacumulación dirigido al juez Víctor Manuel Pérez.
Pero Pérez se apartó del caso invocando una amistad íntima con Noguera y el hecho de que había intervenido en “Jorrat”, pesquisa conectada a algunas de las denuncias. Entonces, el expediente pasó a la jueza Lenis de Vera, que rechazó la causal de amistad argüida por Pérez y expresó que ella tampoco podía hacerse caso porque había intervenido en “Rigourd”, otra pesquisa conectada a una de las denuncias. Por este conflicto de competencia, el caso “subió” a la Cámara, que optó por no definir a qué juez le corresponde actuar en esta causa y, eventualmente, dirigir la investigación jurisdiccional (proceso especial previsto en la ley para cuando existen obstáculos fundados en privilegios constitucionales, como es el caso de los magistrados denunciados).
Según Albo y Vitar, el fiscal primero debe dividir la causa “madre”. “Corresponde que proceda a la desacumulación de las denuncias y a la realización de las medidas previas que considere pertinentes, y, oportunamente, formule los requerimientos (de investigación jurisdiccional o de archivo) y los remita a los jueces según el turno”, expresaron. Además, postergaron la discusión sobre las probables inhibiciones para el momento en el que López Ávila concluya su investigación preliminar y remita, en función del turno, las causas a los magistrados. En esa circunstancia, si los jueces vuelven a apartarse y se suscita un nuevo conflicto de competencia, el tribunal zanjará la discusión.
Inventario incompleto
En virtud de las consideraciones de Albo y de Vitar, y de la maraña de denuncias que acumula la causa “madre”, fuentes judiciales anticiparon que el siguiente paso consiste en armar los “subprocesos”. Hasta el 24 de abril, el macroexpediente a cargo de López Ávila -por decisión de su jefe, el ministro público Edmundo Jiménez- incluía las presentaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del abogado Alfredo Falú contra Noguera; del abogado Ricardo Falú (padre del primero) contra Noguera, Suasnábar y Pisa; del Colegio de Abogados de la Capital contra Noguera y Herrera; del letrado Carlos Garmendia contra Noguera, Herrera y Pisa, y del letrado Julio Gerardo Valdez contra Herrera.
En el último mes se sumaron nuevas denuncias, entre ellas las de Gustavo Cueto y Ángel Victoriano Pérez contra Herrera, y la de Juan Domingo Correa contra Pisa. En paralelo, Walter Fabián Delgado y Jesús Alberto Cazuccelli iniciaron actuaciones en la Secretaría de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Además, Valdez pidió intervenir en la causa penal con el carácter de querellante. Es posible que este inventario de escritos esté incompleto debido a la enorme repercusión y a las derivaciones de la denuncia original de la UIF remitida por Fernando Luis Poviña, juez federal N°2, el 24 de febrero.
La resolución de Poviña describe el hallazgo de una carta elogiosa dirigida a Rubén “La Chancha” Ale, ex imputado en “Jorrat”. Según Poviña, la misiva había sido hallada durante un allanamiento del domicilio de Ale en el ámbito de la investigación por supuesto lavado de activos iniciada a instancias de Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles Verón. El juez federal adjuntó la denuncia que la UIF había formulado respecto de la carta y las conclusiones de la investigación practicada por el fiscal federal Carlos Brito. La resolución de Poviña atribuyó la nota escrita en computadora y sin firma a Noguera, y dijo que este, que es el único fiscal ante la Cámara de Apelaciones, pudo haberla redactado en conexión con su actuación en “Jorrat”. Luego, el funcionario denunciado rechazó la versión y negó una connivencia con los Ale.
La causa “Jorrat” trata sobre una supuesta usurpación agravada imputada a Ale y a Daniel Felipe Jorrat, entre otros. En esa pesquisa iniciada en 2011, Noguera se pronunció dos veces en favor de los acusados: su segundo dictamen terminó por cerrar el caso, pese a que había más de 100 pruebas en contra de “La Chancha”. Previamente, Herrera había solicitado y obtenido la prisión preventiva de los imputados, pero su ímpetu investigativo se esfumó cuando las partes en conflicto convinieron la restitución del fundo con indemnización de $ 300.000 incluida. Ale firmó este acuerdo en prisión y, al poco tiempo, recobró la libertad.
La decisión de los camaristas Eudoro Albo y Liliana Vitar pone fin a un período de tres meses de actividad judicial limitada a recibir las presentaciones y escritos de los denunciantes, y sus respectivas ratificaciones. Aunque el tribunal se pronunció el 19 de mayo, la causa recién volvió a la Fiscalía N°4 antes de ayer, es decir, casi un mes después de que salió con un requerimiento de instrucción preliminar y desacumulación dirigido al juez Víctor Manuel Pérez.
Pero Pérez se apartó del caso invocando una amistad íntima con Noguera y el hecho de que había intervenido en “Jorrat”, pesquisa conectada a algunas de las denuncias. Entonces, el expediente pasó a la jueza Lenis de Vera, que rechazó la causal de amistad argüida por Pérez y expresó que ella tampoco podía hacerse caso porque había intervenido en “Rigourd”, otra pesquisa conectada a una de las denuncias. Por este conflicto de competencia, el caso “subió” a la Cámara, que optó por no definir a qué juez le corresponde actuar en esta causa y, eventualmente, dirigir la investigación jurisdiccional (proceso especial previsto en la ley para cuando existen obstáculos fundados en privilegios constitucionales, como es el caso de los magistrados denunciados).
Según Albo y Vitar, el fiscal primero debe dividir la causa “madre”. “Corresponde que proceda a la desacumulación de las denuncias y a la realización de las medidas previas que considere pertinentes, y, oportunamente, formule los requerimientos (de investigación jurisdiccional o de archivo) y los remita a los jueces según el turno”, expresaron. Además, postergaron la discusión sobre las probables inhibiciones para el momento en el que López Ávila concluya su investigación preliminar y remita, en función del turno, las causas a los magistrados. En esa circunstancia, si los jueces vuelven a apartarse y se suscita un nuevo conflicto de competencia, el tribunal zanjará la discusión.
Inventario incompleto
En virtud de las consideraciones de Albo y de Vitar, y de la maraña de denuncias que acumula la causa “madre”, fuentes judiciales anticiparon que el siguiente paso consiste en armar los “subprocesos”. Hasta el 24 de abril, el macroexpediente a cargo de López Ávila -por decisión de su jefe, el ministro público Edmundo Jiménez- incluía las presentaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del abogado Alfredo Falú contra Noguera; del abogado Ricardo Falú (padre del primero) contra Noguera, Suasnábar y Pisa; del Colegio de Abogados de la Capital contra Noguera y Herrera; del letrado Carlos Garmendia contra Noguera, Herrera y Pisa, y del letrado Julio Gerardo Valdez contra Herrera.
En el último mes se sumaron nuevas denuncias, entre ellas las de Gustavo Cueto y Ángel Victoriano Pérez contra Herrera, y la de Juan Domingo Correa contra Pisa. En paralelo, Walter Fabián Delgado y Jesús Alberto Cazuccelli iniciaron actuaciones en la Secretaría de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Además, Valdez pidió intervenir en la causa penal con el carácter de querellante. Es posible que este inventario de escritos esté incompleto debido a la enorme repercusión y a las derivaciones de la denuncia original de la UIF remitida por Fernando Luis Poviña, juez federal N°2, el 24 de febrero.
La resolución de Poviña describe el hallazgo de una carta elogiosa dirigida a Rubén “La Chancha” Ale, ex imputado en “Jorrat”. Según Poviña, la misiva había sido hallada durante un allanamiento del domicilio de Ale en el ámbito de la investigación por supuesto lavado de activos iniciada a instancias de Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles Verón. El juez federal adjuntó la denuncia que la UIF había formulado respecto de la carta y las conclusiones de la investigación practicada por el fiscal federal Carlos Brito. La resolución de Poviña atribuyó la nota escrita en computadora y sin firma a Noguera, y dijo que este, que es el único fiscal ante la Cámara de Apelaciones, pudo haberla redactado en conexión con su actuación en “Jorrat”. Luego, el funcionario denunciado rechazó la versión y negó una connivencia con los Ale.
La causa “Jorrat” trata sobre una supuesta usurpación agravada imputada a Ale y a Daniel Felipe Jorrat, entre otros. En esa pesquisa iniciada en 2011, Noguera se pronunció dos veces en favor de los acusados: su segundo dictamen terminó por cerrar el caso, pese a que había más de 100 pruebas en contra de “La Chancha”. Previamente, Herrera había solicitado y obtenido la prisión preventiva de los imputados, pero su ímpetu investigativo se esfumó cuando las partes en conflicto convinieron la restitución del fundo con indemnización de $ 300.000 incluida. Ale firmó este acuerdo en prisión y, al poco tiempo, recobró la libertad.
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